Luego de tres días de sesión autónoma y mixta, los delegados, el equipo técnico de la CNTI y el gobierno nacional, dieron apertura a la mesa de concertación, para acordar metas y avances para las garantías de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.

Esta sesión mixta inició con la intervención de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien entregó un balance de las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos indígenas durante y el estado presupuestal ejecutado durante el año 2022. A partir de este análisis y de las problemáticas identificadas, la institución presentó unas propuestas, además de una proyección presupuestal para el cumplimiento de las garantías jurídicas y territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia para el 2023.

Por ello, la CNTI le exigió a la ANT acordar metas que se adelanten de manera anual para los procesos de formalización (constitución, ampliación y saneamiento) Protección de territorios ancestrales e implementación del decreto 1824 de 2020, adquisición de predios y mejoras. Y en caso de que se presente la conversión de reservas a resguardos indígenas.

Otras de las discusiones que se dio en el marco del espacio con la ANT, fue el protocolo, mecanismo y las rutas para la efectiva inscripción de los actos administrativos que formalizan los territorios indígenas. Metas con las que se espera trabajar, concertar y tener en cuenta para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.

Por su parte, el Instituto Agustín Codazzi (IGAC), también presentó una propuesta y análisis para el año 2023, frente al balance del año 2022. Allí, se retomó el acuerdo de la creación de la dependencia de asuntos étnicos en dicha institución, con la iniciativa que hace referencia al acuerdo N.º 3 de la sesión III del 2022 y el acuerdo 9 de la sesión III del 2021.

Por otro lado, en la mesa indígena se acordó que el IGAC y el Ministerio del Interior deben coordinar una reunión con el DIMAR y los cuatro pueblos indígenas de la sierra nevada de Santa Marta para dar continuidad al decreto 1500.

Así mismo, le solicitó a la institución comprometerse de manera permanente a fortalecer el Sistema de Información Geográfica de los pueblos indígenas, construido con un cronograma de trabajo. Además, de agilizar la entrega de los estudios de los avalúos de los 24 predios, cuyas solicitudes serán remitidos por la ANT el 15 de noviembre por el 2022.

En cuanto a la intervención con La Unidad de Restitución de Tierras (URT) se debatió sobre el documento prórroga del decreto ley 4633 del 2011, del cual hizo parte la Comisión Nacional de Territorios Indígenas en su construcción, que busca ser un principio de coordinación interinstitucional para hacer efectiva la restitución de derechos territoriales, que plantea un conjunto de medidas específicas para que ambas sean institucionales y se dé avances en la seguridad jurídica y el goce efectivo de los territorios indígenas.

Otra de las recomendaciones que hace el movimiento indígena a la unidad, es que así no sea la competencia exclusiva de la DAE-URT, esta también puede promover el impulso procesal en los casos de solicitudes de restitución en etapa judicial y mediante convenios de cooperación con el Consejo Superior de la Judicatura y defensoría del pueblo, generar acciones para superar los cuellos de botella que dilatan los procesos.

Con ello, el movimiento indígena llego a los acuerdos con La URT, de presentar el análisis de la viabilidad de construir un proyecto de inversión específico para la garantía y materialización de la restitución de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Finalmente, también se acordó con la ANT, analizar una ruta que impulse la ampliación del Resguardo Indígena Arhuaco con respecto a los 10 predios sobre los cuales se adelantaron procesos catastrales con efectos registrales. Lo anterior será presentado en la segunda sesión mixta de la CNTI del 2022 para su respectivo seguimiento.

Otro del compromiso, que deberá asumir la ANT deberá realizar una mesa técnica en el departamento de Arauca, para el 6 de diciembre del 2022 con las autoridades de los pueblos Sikuani, Macaguán, Hitnú, Inga y Betoy, para revisar los casos de ampliación y constitución.

Con la finalidad de hacer muchos más eficiente y agilizar sesión mixta que se llevará a cabo los días 30, 1 y 2 de diciembre, se acordó realizar una mesa de trabajo con las siguientes entidades; el 23 de diciembre con la URT con el fin de acordar un cronograma de trabajo donde se materialice el desarrollo de los puntos acordados de documento de la prórroga de los 10 años del Decreto ley 4633 del 2011.

Para el 24 de noviembre, se acordó avanza con la ANT, articulación y adecuación institucional, presupuesto, metas de formalización en el cuatrienio. Por último, el 25 de noviembre en horas de la mañana se trabajará con el IGAC en un cronograma donde se abordará los puntos como son: el fortalecimiento del SIG indígena, la adecuación institucional, entre otros. Además de mirar estrategias para que los nombres propio, indígena o toponimias sean integrados en la cartografía oficial de Colombia.

Finalmente, con el ministerio del interior se acordó abordar el cumplimiento del fallo de tutela sobre racismo estructural, mecanismo para avanzar en los conceptos previo para la ampliación de resguardos, así como, la inscripción de autoridades indígenas y el avance de implementación del Decreto Ley 1500 del 2018.

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