En el marco de la defensa de los derechos territoriales, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas estamos participando del 16 al 19 de febrero en la sexta reunión del Órgano Subsidiario sobre la Implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de cara a la COP17 en Armenia.
Nuestra presencia tiene como propósito exigir que la implementación avance con un enfoque real de derechos. Esta fase no puede limitarse a discusiones técnicas ni a reportes formales. Debe traducirse en garantías concretas para los Pueblos Indígenas.
Expresamos nuestra preocupación porque las metas 17, 22 y 23 —en especial la Meta 22, clave para los Pueblos Indígenas— carecen de medios de implementación suficientes. Observamos que los Estados no reportan de manera adecuada sobre derechos, participación y protección de defensores indígenas. Sin mecanismos verificables y obligaciones claras, los compromisos pierden efectividad. La implementación debe incorporar salvaguardas y criterios medibles que reflejen la realidad territorial.
Frente a la Meta 3, advertimos que los reportes se concentran en ampliar áreas protegidas sin reconocer plenamente nuestros territorios ni nuestra autonomía. Nuestros territorios son espacios históricos de cuidado, conservación y manejo sostenible. La expansión de figuras de protección no puede desconocer el gobierno propio ni imponer restricciones que afecten derechos colectivos. La conservación debe construirse con reconocimiento territorial y no al margen de él.
Exigimos que la implementación avance de manera efectiva y que visibilice las contribuciones de nuestros territorios al cuidado y defensa de la biodiversidad. La movilización de recursos, incluido el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), debe garantizar financiamiento directo y oportuno que fortalezca nuestros sistemas propios de gobierno. Sin recursos adecuados, los compromisos quedan en el plano declarativo. El financiamiento debe reconocer a los Pueblos Indígenas como protagonistas.
Reiteramos que la implementación del CDB no puede reducirse a reportes administrativos ni a la ampliación de áreas protegidas sin reconocimiento pleno de nuestra autonomía y derechos colectivos. Exigimos participación efectiva, protección integral para los defensores indígenas y mecanismos de financiamiento directo que fortalezcan nuestros sistemas propios de gobierno. Quienes defendemos la vida, la Madre Tierra y el territorio enfrentamos riesgos permanentes, amenazas y contextos de violencia que buscan silenciar nuestra labor. La política global de biodiversidad no puede avanzar mientras quienes sostienen la conservación en los territorios carecen de garantías reales. La protección no es un gesto simbólico, es una condición para la implementación efectiva. Sin seguridad, sin recursos y sin participación vinculante, los compromisos internacionales carecen de coherencia con los derechos colectivos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
