El 5 de julio de 1996, las organizaciones indígenas de todo el país protagonizamos una toma pacífica de la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, en Bogotá. Esta acción histórica, encabezada por un multitudinario grupo de delegados y autoridades indígenas, fue una expresión contundente de dignidad, resistencia y exigencia frente a siglos de despojo, exclusión y vulneración de derechos.
Durante más de un mes, los Pueblos Indígenas permanecimos en el lugar, demandando al Gobierno nacional garantías reales para el goce efectivo de nuestros derechos individuales y colectivos, así como el reconocimiento pleno de nuestra autonomía y territorios ancestrales. Esta movilización marcó un antes y un después en la historia del movimiento indígena colombiano.
Después de 36 días de resistencia pacífica, diálogo persistente y firmeza colectiva, la toma concluyó con un acuerdo fundamental: la creación de una instancia permanente de interlocución entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas. El 9 de agosto de 1996 se expidieron dos decretos históricos: el Decreto 1396, que dio origen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CNDH), y el Decreto 1397, que creó la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación (MPC).
Cada una de estas instancias cuenta con funciones específicas y estructuras claramente establecidas, y se consolidan como espacios de participación efectiva para la garantía de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas en Colombia.
En este marco, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) surge como un espacio de interlocución y concertación entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional, con el propósito de abordar de manera integral los asuntos relacionados con la garantía y el goce efectivo de los derechos territoriales. La CNTI actúa como órgano asesor y orientador de la implementación de las políticas estatales que inciden sobre los territorios indígenas, fortaleciendo la autonomía, el gobierno propio y el reconocimiento pleno de nuestras formas de vida.
A 29 años del histórico acuerdo, la CNTI, la MPC y la CNDH siguen siendo espacios clave de interlocución, concertación e incidencia territorial para los Pueblos Indígenas de Colombia. Su existencia es fruto de la capacidad de movilización, resistencia y propuesta de nuestros pueblos, que convirtieron una toma pacífica en un logro institucional de largo aliento. Sin embargo, pese a su importancia, persisten enormes desafíos para que estas instancias cumplan plenamente su mandato.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas hacemos un llamado al Estado colombiano a honrar la palabra pactada, dotando de recursos adecuados, voluntad política real y coherencia en la implementación de los instrumentos normativos concertados. La defensa de los territorios exige que lo acordado se cumpla, y que se reconozca el valor de estos espacios como mecanismos legítimos de participación y diálogo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena. La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado. Es momento de reafirmar los compromisos asumidos y avanzar con responsabilidad, coherencia y voluntad política.
¡La palabra se honra, los territorios se respetan y la vida se defiende!
¡Defender los territorios es defender la vida!
