Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) expresamos nuestra profunda preocupación y respaldo a la decisión de las autoridades tradicionales y la Asociación Indígena Unuma – ASOUNUMA, que agrupa a los pueblos Sikuani, Sáliba, Piapoco y Cubeo de Puerto Gaitán, Meta, quienes se han declarado en asamblea permanente y en armonización en la ciudad de Bogotá ante la grave vulneración de sus derechos territoriales y de la vida.
Las comunidades y Pueblos Indígenas denuncian el incumplimiento reiterado de los acuerdos suscritos por el Estado colombiano, así como la persistente omisión en la formalización, constitución, ampliación y saneamiento de resguardos. A ello se suman la titulación irregular de tierras a terceros, la invasión de territorios ancestrales por empresas de hidrocarburos y proyectos agroindustriales, y el preocupante fenómeno de extranjerización de la tierra, en particular por parte de la comunidad menonita y otros actores privados. Estas prácticas han limitado el acceso a fuentes de agua, espacios sagrados y espacios vitales para la caza, la pesca y la recolección, afectando directamente la soberanía alimentaria, la medicina tradicional y la pervivencia cultural y espiritual de los Pueblos Indígenas.
Las comunidades exigen al Gobierno Nacional atención inmediata a través de un diálogo directo con el Presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial, con garantías de cumplimiento verificable y acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Entre los puntos centrales de sus exigencias están la suspensión de títulos irregulares, la restitución de predios ancestrales adjudicados de manera indebida, la priorización de baldíos a favor de los resguardos y la instalación de mesas de trabajo de gobierno a gobierno en materia de consulta previa, conservación y reconocimiento de autoridades indígenas.
Desde este escenario reafirmamos que la situación de Puerto Gaitán refleja los riesgos estructurales que enfrentan los Pueblos Indígenas en la Orinoquía y en todo el país, producto del despojo, la extranjerización y la falta de garantías jurídicas. Defender los territorios no es solo un derecho constitucional: es condición para la vida, la autonomía y la pervivencia material y espiritual de los pueblos.
Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional a actuar con voluntad política, coherencia y celeridad, y a cumplir lo pactado con los Pueblos Indígenas. Asimismo, hacemos un llamado a los sectores sociales, organizaciones indígenas, colectivos ambientales, defensores de derechos humanos y a la ciudadanía en general a unirse y respaldar este proceso, visibilizando la grave situación territorial que enfrentan los pueblos indígenas en la Orinoquía. La solidaridad y el acompañamiento son esenciales para exigir que el Estado cumpla con su deber constitucional y garantice la vida, el territorio y la cultura de nuestros pueblos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
