El objetivo de este informe es analizar los homicidios, individuales y en contexto de masacres, ocurridos en contra de miembros de comunidades indígenas durante 2022, año marcado por el cambio de Gobierno nacional con la elección de Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina como presidente y vicepresidenta de Colombia, respectivamente, el pasado 19 de junio. Para ello se presentará información cuantitativa relacionada con los hechos puntuales registrados por este Observatorio, para identificar las generalidades de los escenarios de violencia en contra de pueblos indígenas, lo que se complementará con información cualitativa, particularmente contextual, que ayude a comprender los daños a las comunidades indígenas y sus miembros durante el periodo señalado.

Como se mostrará a lo largo del presente texto, en medio de un contexto de renovación del Gobierno nacional, el conflicto armado interno y las dinámicas que afectan particularmente a los pueblos indígenas también han sufrido variaciones respecto a lo observado desde la firma del Acuerdo Final de paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (AFP) entre el Gobierno nacional de Colombia y las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), particularmente en sintonía con la dispersión y profundización de los escenarios de violencia en un mayor número de focos de ocurrencia. En medio de la finalización de la fase de reconfiguración del conflicto armado nacional iniciada en 2017, como se expondrá, la violencia letal en contra de pueblos indígenas durante 2022 evidencia una pequeña disminución en el suroccidente colombiano y, por el contrario, aumentos importantes en regiones como Chocó y La Guajira.

Este informe forma parte del seguimiento riguroso que el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) viene haciendo a la situación de violencia política contra pueblos indígenas desde la firma del capítulo étnico del AFP. Así, esta corresponde a una nueva entrega de la colección de informes sobre el tema, iniciada en 2020, conformada hasta ahora por los documentos: Informe asesinatos contra pueblos indígenas: violencia en tiempo de paz 2016 – 2019 (Calderón Segura y Tribaldos Serrano, 2020), Etnocidio del liderazgo indígena en Colombia: efectos letales de la pandemia y el fracaso de la implementación del Acuerdo de Paz (Naranjo Aristizábal, 2021) y El eterno retorno de la violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia. Un balance del año 2021 (Gómez Angarita, 2022).

Además de esta producción analítica, en el marco del ejercicio del seguimiento descrito, desde el seno del ODTPI se construyó el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica de los Pueblos Indígenas (Sivospi) con el propósito de contar con una herramienta para sistematizar información y generar análisis sobre el fenómeno creciente de violencia en relación con el goce y disfrute de los pueblos indígenas de sus derechos territoriales. Este Sistema, que recoge los casos de violencia contra miembros de pueblos indígenas acontecidos después de la adopcióndel capítulo étnico del AFP el 25 de agosto de 2016, se nutre y actualiza periódicamente con la información allegada a la CNTI y la publicada en diversos medios digitales de información, comunicados, pronunciamientos de las organizaciones indígenas y otras organizaciones defensoras de derechos humanos y en prensa local o nacional.

En esta labor, el Sivospi lleva registro de los homicidios de miembros de comunidades indígenas y los entiende como la máxima manifestación de la violencia política que han experimentado los pueblos indígenas en el país, y que en años recientes se ha incrementado como consecuencia de la falta de implementación del AFP y la reconfiguración del conflicto armado interno (Gómez Angarita, 2022). Para este ejercicio, se ha adoptado la definición de “violencia política” como “un proceso, intencionalmente dirigido y guiado, en busca de un fin político-social más o menos inmediato” (Herranz Castillo, 1991, p. 434), y que en el caso de los pueblos indígenas se traduce en […] hechos violentos y sistemáticos a través de los cuales se busca debilitar el movimiento indígena y sus procesos organizativos autónomos en torno a la defensa de la vida y el territorio, por medio del exterminio a los liderazgos y el uso del miedo y el terror como dispositivos de poder para alcanzar unos intereses concretos y de control territorial. (Gómez Angarita, 2022, p. 11)

De acuerdo con el enfoque analítico mencionado, y en relación con lo registrado por el Sivospi, en el presente informe se expondrán los principales hallazgos respecto al comportamiento de la violencia homicida ejercida durante 2022 en contra de los pueblos originarios en Colombia; pues así como sucedió en los años anteriores de análisis -2017, 2018, 2019, 2020 y 2021-, con sus correspondientes particularidades, sigue configurándose como una problemática estructural que el Estado no resuelve, por lo que se establece que el legítimo ejercicio de la defensa de la vida y el territorio de los pueblos indígenas continúa siendo blanco de prácticas violentas con las cuales se busca su exterminio.