- Nuestros datos deben incidir en las decisiones sobre biodiversidad y derechos territoriales
- En la COP17 mostramos con datos lo que nuestro gobierno propio aporta a la biodiversidad y exigimos reconocer y proteger nuestros territorios
- Aguas y territorios indígenas: aportes a la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad
- Los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas son una responsabilidad del Estado Colombiano
- En la COP17 exigimos proteger a quienes defienden los territorios y sostienen la biodiversidad
implementación del decreto 2333 durante los últimos tres años de vigencia
aporta elementos para evidenciar la negligencia estatal . Estos análisis revelan al
menos, seis hallazgos principales sobre los cuales es urgente que la
institucionalidad revise su accionar, de manera que se logre resolver el rezago y
paralelamente se dé celeridad a las nuevas solicitudes de protección de territorios
ancestrales.
De esta manera, los principales cuellos de botella en la implementación del
decreto identificados tienen que ver con: i) El incumplimiento sistemático de
acuerdos por parte del gobierno nacional, ii) Dificultades en la implementación
de los planes de acción y atención, iii) Dificultades en el procedimiento de
notificación personal, iv) Superposición de rutas de protección, v) Limitaciones
en el acceso a la información institucional e, vi) Intereses económicos de terceros
alrededor del proceso de protección de territorios ancestrales.






