La Secretaría Técnica Indígena y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en unidad y armonía con las organizaciones indígenas de Colombia y las autoridades tradicionales que integran los espacios de negociación y concertación legítimos, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los territorios, la vida, la autonomía y los derechos colectivos en el marco de la Gran Minga Indígena Nacional.
En cumplimiento de este mandato colectivo, reafirmamos la necesidad urgente de garantizar el respeto y la implementación efectiva de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, reconociendo nuestro papel histórico en la defensa de la vida y los territorios. No podemos seguir siendo excluidos de las decisiones que impactan directamente nuestras comunidades y nuestra pervivencia como pueblos. La Minga Nacional es una expresión de unidad, resistencia y dignidad, construida colectivamente desde los 115 pueblos indígenas en Colombia.
Los Pueblos Indígenas de Colombia nos hemos declarado en Minga Permanente, exigiendo el cumplimiento efectivo de los acuerdos ya suscritos en escenarios políticos y técnicos, el reconocimiento de nuestros territorios, el respeto al gobierno propio, y la implementación integral de nuestros derechos territoriales. La Minga Nacional es un mandato de unidad, resistencia y dignidad, que surge desde el corazón de nuestras comunidades para exigir garantías reales que aseguren nuestra pervivencia.
Programa Político de la Minga Indígena Nacional:
Desde el movimiento indígena, hemos presentado al Gobierno Nacional un programa político claro y estructurado, que debe ser atendido de manera diligente y efectiva. Entre nuestras principales exigencias se destacan:
Territorios indígenas: Expedición inmediata del instrumento normativo que permita el funcionamiento de los territorios indígenas como entidades territoriales con financiación directa y autonomía. Garantías reales para procesos de saneamiento, ampliación, clarificación y protección de resguardos y territorialidades indígenas, en el marco de una verdadera Reforma Agraria Integral.
Reconocimiento territorial: Expedición de actos administrativos para el reconocimiento de territorios Wayuu y de las áreas no municipalizadas de Amazonas, Vaupés y Guainía.
Financiación de los gobiernos indígenas: Establecimiento de mecanismos de financiación directa y permanente para el ejercicio efectivo de nuestras competencias y la implementación de los Sistemas Propios de salud, educación, justicia y autoridad ambiental.
Sistemas propios: Expedición inmediata de los decretos que reconozcan al Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) como política pública de Estado, y el reconocimiento del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) como un modelo autónomo, intercultural y financiado directamente.
Paz territorial: Construcción de procesos de paz territorial basados en el respeto por la autonomía, los territorios y las acciones colectivas de protección, ante la grave crisis humanitaria que enfrentan nuestros pueblos.
Rueda de prensa – 28 de abril de 2025:
En el marco de la Minga Nacional, se realizó una rueda de prensa en la ciudad de Bogotá, donde ratificamos ante los medios de comunicación nuestra disposición al diálogo político y técnico con el Gobierno Nacional, exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el movimiento indígena colombiano.
Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a los trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Colombia por su hospitalidad, solidaridad y respaldo a la Gran Minga Indígena Nacional. La Minga no sólo es una movilización, es también una expresión de la diversidad cultural, de nuestros sistemas de conocimiento, y un acto pacífico de resistencia por la vida, la paz, el territorio y el derecho a nuestro propio gobierno.
¡Defender los territorios es defender la vida!
¡La Minga Nacional es un mandato de resistencia, unidad y dignidad!
La Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), participó en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, realizada en Cartagena. Este evento reunió a actores internacionales, organizaciones sociales y gobiernos de diferentes países, con el propósito de fomentar el diálogo y la cooperación internacional frente a los desafíos que enfrentan las comunidades rurales en la seguridad de la tenencia de la tierra.
Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena, presentó y posicionó el análisis construido colectivamente por las organizaciones indígenas de Colombia y las autoridades tradicionales que integran la CNTI. En cumplimiento de este mandato colectivo, expresó la necesidad urgente de revisar las políticas agrarias y de tierras, enfatizando que los Pueblos Indígenas, como actores históricos en la defensa de los derechos territoriales, no podemos seguir siendo excluidos de las decisiones que afectan nuestros territorios y la pervivencia de nuestros pueblos.
Durante su intervención, Camilo Niño recordó que las comunidades y Pueblos Indígenas hemos sido históricamente despojadas, desplazadas y violentadas en nuestros territorios, y que la participación en espacios internacionales como este tiene como propósito seguir luchando por la justicia territorial, la dignidad y el respeto a los derechos ancestrales.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue el llamado a reescribir el Pacto Contrarreformista de Chicoral —símbolo de exclusión agraria en Colombia— y a retomar el espíritu constituyente de 1991, para exigir, de manera colectiva, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto por la diversidad étnica y cultural que enriquece al país.
La Secretaría Técnica Indígena de la CNTI destacó que este evento representa una oportunidad para impulsar una transformación real de las políticas agrarias, en la que la unidad de los Pueblos Indígenas sea el eje fundamental. Subrayó que las luchas de los pueblos indígenas no son homogéneas, pues cada pueblo mantiene una relación particular, material y espiritual con su territorio; sin embargo, todos comparten una historia común de despojo, resistencia y afirmación cultural.
En este marco, la STI de la CNTI posicionó tres principios esenciales para construir una verdadera reforma agraria que respete y garantice los derechos territoriales de los Pueblos indígenas:
Reconocer, respetar y proteger la diversidad de las relaciones tradicionales con el territorio y la naturaleza, entendiendo que estas son la base de sus sistemas sociales, económicos y culturales.
Comprender que la posesión tradicional o ancestral indígena no puede reducirse a un concepto de propiedad civil, sino que abarca una red compleja de relaciones materiales y espirituales que deben ser salvaguardadas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Garantizar la identificación propia, el respeto y la protección de los territorios y espacios sagrados, reconociendo su carácter esencial para la autonomía y la pervivencia de los pueblos indígenas.
El llamado de la STI de la CNTI en esta Conferencia no sólo resalta la importancia de la lucha indígena por sus territorios, sino también la necesidad urgente de una reforma agraria intercultural y diferenciada, que contemple las especificidades de los pueblos originarios y respete sus derechos históricos.
La unidad de los Pueblos Indígenas y la cooperación internacional son claves para garantizar que nuestros derechos sean plenamente reconocidos, respetados y protegidos en todos los niveles jurídicos y políticos.
Nueva York, 24 de abril de 2025 – En el marco de la 24ª Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, se llevó a cabo el evento paralelo titulado “Balance de la Implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz en Colombia: Avances y Retos”, convocado por Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) con la participación de líderes indígenas, diplomáticos y representantes del sistema de Naciones Unidas.
Durante el evento, Camilo Niño, Secretario Técnico de la CNTI, presentó datos contundentes sobre el rezago en el cumplimiento de compromisos relacionados con tierra, participación y reparación colectiva. “Existe una correlación directa entre la incertidumbre jurídica sobre los territorios indígenas y el aumento de violaciones a derechos humanos. Aún falta voluntad política y recursos específicos para cumplir con lo pactado”, señaló.
Por su parte, Leonor Zalabata, Embajadora de Colombia ante la ONU, reafirmó el compromiso del actual gobierno con el enfoque étnico, subrayando los esfuerzos realizados, pero también reconociendo los límites estructurales que han impedido mayores avances. “El Capítulo Étnico no es un anexo: es el corazón moral del Acuerdo de Paz. Su implementación no puede seguir relegada,” expresó.
La mirada internacional
Jared Kotler, representante del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, afirmó que la inclusión del enfoque étnico en el acuerdo colombiano ha sido un referente global. “Este capítulo es una conquista de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Colombia. Desde la ONU estamos comprometidos con acompañar su implementación. La verificación no debe ser pasiva; debe construir confianza, aportar soluciones y mantener viva la esperanza de paz.”
Kotler también destacó que, aunque se han registrado avances, el más reciente informe del Secretario General de la ONU indica una brecha preocupante en la implementación del Capítulo Étnico, especialmente frente al aumento de violencia en territorios étnicos y la falta de un presupuesto específico.
Moderación con visión estratégica
El evento fue moderado por Darío Mejía Montalvo, Secretario Técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y expresidente del Foro Permanente. Mejía enfatizó la necesidad de mantener estos espacios de diálogo multilateral como plataformas para fortalecer la incidencia internacional de los pueblos indígenas y presionar por resultados concretos en Colombia.
Conclusiones y próximos pasos
Entre las recomendaciones principales surgidas del evento se destacan la necesidad de establecer un presupuesto específico y transparente para la implementación del Capítulo Étnico. Además de la creación de mecanismos permanentes de seguimiento y verificación con participación indígena. La urgencia de acelerar la formalización de territorios colectivos y garantizar seguridad jurídica y el fortalecimiento de la coordinación entre el Estado colombiano, las organizaciones étnicas y la comunidad internacional.
Este evento reafirma el papel protagónico de los pueblos indígenas en la construcción de una paz duradera y el compromiso de la CNTI con la defensa de los derechos colectivos y la garantía de una implementación integral del Acuerdo de Paz.
23 de abril del 2025. En la plenaria de la 24ª Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), realizada en la sede de la ONU en Nueva York. Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), realizó una intervención importante en la que presentó el espacio de diálogo y concertación creado en 1996, como resultado de las luchas que los pueblos indígenas en Colombia han librado para que sus derechos, especialmente los históricos relacionados con los territorios, sean reconocidos y respetados.
El espacio reunió a referentes indígenas, académicos y representantes de organismos internacionales. El diálogo se centró en los desafíos y compromisos necesarios para una transición energética justa, que respete los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
Camilo Niño destacó que desde la Secretaria Técnica Indígena de la CNTI trabajamos para la exigencia jurídica, el monitoreo e impulso a la concertación técnica y política entre los pueblos indígenas de Colombia y el Gobierno Nacional para una garantía y protección integral, interdependiente y progresiva de nuestros derechos territoriales y autonómicos.
También enfatizó que un tránsito energético que no garantice el respeto y la protección de los pueblos indígenas, sus territorios y su autonomía, no será justo. “No se transitará con justicia de una matriz energética a otra, ni será este un paso decidido en el sentido de los derechos humanos y la acción climática, si junto a este propósito no es una prioridad de los Estados que se identifiquen y protejan nuestros territorios, su integralidad espiritual y biológica, y que así mismo se garantice el ejercicio de nuestros sistemas de conocimiento, ordenamiento y gobierno”.
Advirtió que la extracción de minerales y el desarrollo de proyectos, (tengan un fin loable o no), seguirán siendo amenazas para los derechos de los pueblos indígenas si continúan realizándose sin respetar nuestros derechos de propiedad y posesión ancestral o tradicional, en un contexto de conflictos internos y ante el desconocimiento de nuestros derechos de autonomía y consentimiento.
Además, hizo un llamado a los Estados para que se comprometan a un tránsito energético que sea necesariamente progresivo en materia de derechos. Esto implica que los Estados tomen en serio la adopción de medidas que aseguren nuestra vida y la de nuestras autoridades, ya que la defensa de nuestros territorios ha sido y sigue siendo un esfuerzo costoso.
“Pensar en una transición justa implica que los Estados comprendan y reflejen en sus políticas el papel fundamental que desempeñamos los pueblos indígenas en la preservación y protección de la naturaleza” afirmó el Secretario Técnico Indígena.
Finalmente, manifestó que los Estados se comprometan a garantizar la identificación y seguridad jurídica de nuestros derechos de propiedad, posesión y ocupación tradicional o ancestral. También pidió respeto y protección a nuestras diversas relaciones espirituales, culturales y con la naturaleza, así como el ejercicio de nuestra autonomía territorial, fundamentada en nuestros propios sistemas de conocimiento y formas de gobierno.
Nueva York, EE.UU. 22 de abril de 2025 – En el marco del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), se llevó a cabo el evento paralelo “Los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de una economía de transición justa”, en la Sala de Conferencias 9 de la sede de la ONU.
El espacio reunió a representantes indígenas de diversas regiones del mundo, agencias de Naciones Unidas, delegaciones estatales y aliados de la sociedad civil para reflexionar sobre el papel protagónico de los pueblos indígenas en las agendas climáticas y de biodiversidad.
El evento fue co-moderado por Diego Tituaña, Kichwa-Otavalo del Ecuador, diplomático de carrera y primer indígena electo como miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas por el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, y Aleksei Tsykarev, miembro del pueblo Komi de Rusia, experto en derechos lingüísticos, expresidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (EMRIP) y el actual director del Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas y la Diplomacia Cívica “Joven Carelia”.
Entre los panelistas participaron Camilo Niño (Arhuaco, Colombia), Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), Qapaj Conde (Quechua, Perú), Oficial de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Fawn Sharp (Nación Quinault, EE.UU.), Presidenta del Congreso Nacional de los Indígenas Americanos (NCAI), Phoolman Chaudhary (Tharu, Nepal), Miembro Experto del Foro Permanente – Asia, Prabindra Shakya (Newar, Nepal), Coordinador de AIPNEE y colaborador de la Right Energy Partnership with Indigenous Peoples (REP), Hindou Oumarou Ibrahim (Mbororo, Chad), Presidenta del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) y lideresa de la Asociación de Mujeres y Pueblos Indígenas del Chad (AFPAT).
También estuvieron presentes, Igor Barinov, Jefe de la Agencia Federal para Asuntos Étnicos de la Federación Rusa, Antonina Gorbunova, Directora de la Unión de Pueblos Indígenas “SOYUZ”, Pavel Dyachkov, Representante de Taynir, una organización indígena rusa dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Rusia.
“No hay justicia climática sin justicia territorial”
Camilo Niño, Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de Colombia, abrió su intervención con un llamado claro: “Estamos viendo cómo, en nombre de la transición energética, se reproducen esquemas extractivistas que no reconocen nuestras prácticas ni garantizan nuestros derechos.”
Desde la experiencia de los pueblos indígenas en Colombia, Niño alertó sobre los impactos negativos de proyectos energéticos y de conservación que avanzan sin consulta ni consentimiento. Señaló casos como los parques eólicos en La Guajira y la minería de cobre en Putumayo, que vulneran derechos colectivos del pueblo Wayuu y de los Inga.
Reivindicó que los pueblos indígenas no son beneficiarios, sino sujetos de derecho y actores políticos, y propuso avanzar hacia una transición verdaderamente justa con base en cuatro pilares:
Demarcación y protección de los territorios indígenas como soluciones vivas ante el colapso ecológico.
Salvaguardas vinculantes que respeten los derechos colectivos en las acciones climáticas y de biodiversidad.
Sistemas de monitoreo indígena y comunitario como herramientas legítimas para el reporte internacional.
Articulación efectiva entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), respetando la visión integral del territorio.
Voz del Foro Permanente: participación, economía y financiamiento
Hindou Oumarou Ibrahim, Presidenta del Foro Permanente, resaltó la necesidad de construir relaciones a largo plazo entre los pueblos indígenas, los Estados y el sector privado, desde un enfoque de derechos.
“La participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones entre gobiernos y empresas no es opcional, es un derecho. El consentimiento libre, previo e informado es donde podemos decir sí o no. Y si decimos sí, también definimos cómo compartir los beneficios. Exigimos acceso directo a financiamiento para desarrollar nuestras propias economías y ejercer la autodeterminación.”
Hindou también destacó la urgencia de visibilizar el papel de las mujeres indígenas en las economías pastoriles, artesanales e informales, e hizo un llamado a preparar colectivamente el Año Internacional de los Pastizales y los Pueblos Pastores (2026) como una oportunidad estratégica para defender los modos de vida indígenas basados en la relación con los territorios.
Avances en gobernanza internacional de biodiversidad
Qapaj Conde, funcionario de la Secretaría del CDB, explicó que el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en la COP15, reconoce explícitamente el papel de los pueblos indígenas, incluyendo en su Sección C un enfoque basado en derechos humanos y sistemas de conocimiento tradicionales. El Objetivo 22 establece su participación plena y efectiva en la toma de decisiones relacionadas con la biodiversidad.
Conde también destacó la creación del nuevo órgano subsidiario del Artículo 8(j) aprobado en la COP16, que reemplaza el antiguo grupo de trabajo y cuyo primer encuentro tendrá lugar en Panamá, del 27 al 30 de octubre de 2025. Este órgano discutirá modelos operativos, acceso a fondos y mecanismos para garantizar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
“El Fondo Marco de Biodiversidad busca asignar el 20% de sus recursos a prioridades indígenas, y el Fondo Cali se compromete a destinar el 50%. Pero más allá de las cifras, se requiere garantizar el acceso directo y la gobernanza desde los territorios,” subrayó Conde.
Articulación global desde los pueblos
El evento contó con interpretación en español, inglés, ruso y francés, gracias al apoyo de DOCIP, y fue coorganizado por la Unión de los Pueblos Indígenas “SOYUZ” (Rusia), Red del Pacto Global Rusia, Centro Joven Carelia, Red Asiática Internacional Indígena y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de Colombia.
Nueva York, 21 de abril de 2025. En el marco de la 24ª Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), se celebró el evento paralelo titulado “Avanzando en el Derecho de los Pueblos Indígenas a la Libre Determinación: Desafíos y Buenas Prácticas”, en la sede de la ONU en Nueva York.
La actividad reunió a referentes indígenas, académicos y representantes de organismos internacionales para dialogar sobre los avances, obstáculos y experiencias concretas en torno al ejercicio del derecho a la libre determinación, uno de los pilares fundamentales del movimiento indígena global. Entre los panelistas se destacaron Albert Barume, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; José Francisco Calí Tzay, representante permanente de Guatemala ante la ONU en Ginebra; y Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia.
Durante su intervención, Albert Barume subrayó la centralidad de este derecho como base de todos los demás, afirmando que “el derecho a la libre determinación es comparable al derecho a la vida para los individuos. Un pueblo no puede existir como tal si no puede ejercer ese derecho. Si un Estado no lo garantiza, no puede realmente cumplir con otros derechos. Porque cuando los Estados siguen decidiendo por los pueblos indígenas, sobre sus tierras, su educación, su vivienda, están actuando como lo hacían los regímenes coloniales. Y si ni siquiera se reconoce a los titulares del derecho, es imposible implementar cualquier política que verdaderamente lo respete.”
Por su parte, Camilo Niño recordó que en Colombia habitan 115 pueblos indígenas, de los cuales más de 52 están en riesgo de desaparición física y cultural, como lo ha reconocido la Corte Constitucional. Esta situación es consecuencia de décadas de conflicto armado, políticas extractivas, evangelización y despojo territorial.
Desde el espacio político y técnico de los pueblos indígenas en Colombia, afirmó que el derecho a la libre determinación debe entenderse como una expresión integral de la diversidad cultural, los sistemas de conocimiento y las formas propias de gobierno y relación con el territorio. A pesar de que la Constitución de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural y otorga funciones jurisdiccionales propias a los pueblos indígenas, “tras más de 30 años esto sigue siendo una tarea estructural pendiente.”
Camilo Niño señaló dos desafíos urgentes: el reconocimiento y protección legal de los territorios de propiedad, posesión u ocupación tradicional o ancestral de los pueblos indígenas, incluidos los espacios agrarios y el respeto y protección de las relaciones espirituales, culturales y con la naturaleza para el ejercicio del sistema de conocimiento indígena como base de su autonomía.
“Si bien el Relator nos decía que la autodeterminación es el derecho de todos los derechos, para los pueblos indígenas en Colombia, el territorio es el derecho de todos los derechos.”
Mencionó como avance el reciente decreto 1275 de 2024, que otorga garantías para el ejercicio de competencias ambientales por parte de los pueblos indígenas, destacando que es un paso hacia la coordinación intercultural, aunque aún persisten grandes desafíos políticos y económicos.
La moderación estuvo a cargo de Elisa Marchi, especialista en ley y política indígena de la Universidad de Arizona. El panel incluyó también voces clave del Pacífico, Papúa, Asia, Ecuador y organizaciones internacionales, promoviendo una visión global y plural.
Con interpretación simultánea en inglés y español, el evento fue organizado por una coalición internacional de organizaciones aliadas como Land is Life, AIPP, IMPACT, CNTI, RMIB-LAC y centros académicos comprometidos con los derechos indígenas.
Este espacio reafirma la urgencia de seguir impulsando un diálogo intercultural y de alto nivel en el seno de las Naciones Unidas, reconociendo que el derecho a la libre determinación y en muchos contextos, el derecho al territorio— es esencial para garantizar la supervivencia, la dignidad y el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas en todo el mundo.
