La visita del relator especial de la ONU Francisco Cali, es un hito importante, toda vez que las recomendaciones que pueda realizar dicho relator al Gobierno Nacional, así como las diferentes entidades del estado, permite que haya mayor incidencia para que se pueda avanzar una materialización oportuna sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y de este modo se logren concretar mayores acciones para garantizar la vida digna y en armonía de los Pueblos y comunidades Indígenas.
El mandato que tiene el relator especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es poder promover prácticas y acuerdos oportunos entre los Pueblos Indígenas y los Estados donde se apliquen los criterios internacionales relacionados a los derechos de los Pueblos Indígenas. Formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas a apropiadas de prevenir y reparar las violaciones o vulneraciones de los derechos de los Pueblos Indígenas. Presentar informes sobre la situación de Derechos Humanos y abordar casos específicos de los Pueblos Indígenas del Mundo entero.
La Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) espera poder participar de dicho encuentro con el Relator Especial de la ONU y de este modo poder exponer toda la situación actual en materia de seguridad jurídica y derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
En el marco de dicha visita los voceros de los Pueblos Indígenas de Colombia, esperan reunirse con el Relator Especial de la ONU y presentarle un informe sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, allí se destaca la crítica situación que enfrentan los Pueblos Indígenas en Colombia. A lo largo de décadas, los pueblos originarios han sufrido un proceso de genocidio y enfrentan un riesgo inminente de extinción física y cultural. La militarización de sus territorios, la presencia de actores armados legales e ilegales, economías ilegales y megaproyectos extractivos han exacerbado esta situación.
La Constitución Política de Colombia, reconoce esta realidad y la gravedad del impacto desproporcionado del conflicto armado interno en los Pueblos Indígenas, de acuerdo con lo que ha señalado la Corte Constitucional. Después de 20 años sin una visita oficial del Relator Especial de la ONU, se destaca la urgencia de abordar esta situación, especialmente por el recrudecimiento de los actos violentos contra los Pueblos Indígenas en el país.
El informe recopila información de diversas Organizaciones Indígenas y entidades estatales, resaltando las violaciones de derechos humanos que sufren diariamente. Se alerta sobre la marginalización de sus sistemas de conocimientos y gobiernos propios, la criminalización de sus protestas y la alteración a su Buen Vivir. Se presenta un panorama general sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en Colombia, recopilando datos de diversas fuentes.
Por otro lado, el informe destaca la situación actual de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia, realizado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) donde se abordan tres aspectos fundamentales: la brecha en el reconocimiento, la garantía y la protección de estos derechos; la brecha en el ejercicio de la autonomía y el control territorial; y las apuestas actuales de los Pueblos Indígenas por la defensa, la seguridad jurídica y por la recuperación de sus territorios.
En cuanto a la brecha en el reconocimiento de los derechos territoriales, se evidencia una considerable demora en la formalización y protección de los territorios indígenas. A pesar de las solicitudes presentadas desde hace décadas, el proceso de delimitación y titulación de resguardos avanza lentamente, evidenciando que existen numerosos casos aún sin resolver. Se señalan diversos obstáculos como la interpretación excesiva de requisitos por parte de las autoridades, la gestión documental deficiente y la expedición de licencias de explotación en territorios indígenas. A pesar de los esfuerzos legales, como el Decreto 2333 de 2014, se observa una falta de protección efectiva de los derechos territoriales por parte del Estado.
En cuanto a la brecha en el ejercicio de la autonomía y el control territorial, se destaca la necesidad de reconocer la autoridad pública y ambiental de los Pueblos Indígenas, así como su papel como guardianes de la naturaleza. A pesar de los avances constitucionales, persisten obstáculos para ejercer plenamente la autonomía en la gestión de los recursos naturales en sus territorios. La consulta previa como derecho fundamental de los pueblos ancestrales no se cumple adecuadamente y se observa una falta de coordinación entre la institucionalidad estatal y los gobiernos indígenas.
Por último, se presentan las apuestas actuales de los Pueblos Indígenas en defensa y recuperación de sus territorios. Se destaca la necesidad de implementar un sistema propio para hacer seguimiento en tiempo real al avance de los procesos de formalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Posteriormente, se insiste en la simplificación de los procesos administrativos y en el reconocimiento de los derechos territoriales de acuerdo con los sistemas de vida y conocimiento propios de los Pueblos Indígenas. Se menciona también el acuerdo logrados en los espacios de diálogo y concertación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para formular una política pública integral del territorio, que requiere superar las nociones fragmentadas sobre el territorio y garantizar la participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas en su diseño e implementación.
Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
“Defendemos los territorios, tejemos la vida”
La Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) se reunió con la Viceministra (E) de Desarrollo Rural, Lilia María Rodríguez, del Ministerio de Agricultura el pasado 27 de febrero con el propósito de articular iniciativas y abordar temas estratégicos en la defensa de los territorios indígenas en Colombia. Durante el encuentro, se destacó el avance en la gestión, articulación y contribución de acciones por parte de la Agencia Nacional de Tierras en la Dirección de Asuntos Étnicos.
El Secretario Técnico Indígena, Camilo Niño, enfatizó la importancia de establecer canales de comunicación efectivos, con información veraz y estrategias conjuntas, considerando los cambios en funcionarios y el contexto político actual. En este sentido, se plantearon varios puntos clave:
Agilización de la expedición del Decreto 2333 de 2014: El MADR se comprometió a dar celeridad a la modificación y expedición del Decreto, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, para garantizar una protección expedita de los territorios indígenas.
Reforma Agraria: Se resaltó la importancia de conocer los avances, mecanismos e instrumentos de la Reforma Agraria, con el fin de colaborar en su implementación.
Socialización de normatividades: El MADR se comprometió a realizar mesas técnicas de trabajo para contextualizar las normativas pertinentes.
Avance integral sobre los acuerdos suscritos con el Pueblo Arhuaco: Se destacó la importancia de este compromiso en los procesos de seguridad jurídica de su territorio ancestral.
Lineamientos de la política pública de territorio, territorialidades y ancestralidad: Avance de la CNTI frente a estos lineamientos para la implementación de consultas y políticas públicas.
Fortalecer el dialogo y la socialización sobre las iniciativas normativas impulsadas por parte de Minagricultura para la materialización de la Reforma Agraria, con el fin de evitar o exacerbar conflictos territoriales intra e interétnicos en el momento de su implementación.
El Ministerio de Agricultura expresó su disposición para articular procesos claves para impulsar, agilizar y tener la información confiable para la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
El compromiso pactado en territorio y firmado en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI marca un hito para el pueblo Arhuaco. El propósito de dicho acuerdo, es crear una ruta integral de protección de los territorios Indígenas del pueblo Arhuaco que comprenden los procesos de Ampliación, Saneamiento, Adquisición y Restitución de los derechos territoriales de los Resguardos Arhuaco de la Sierra, Kogui Malayo Arhuaco y Businchama.
En encuentros previos, se consolidó y contrastó información para la identificación de los predios viables con los que cuentan las comunidades indígenas del proceso de ampliación de los tres resguardos: Arhuaco de la Sierra con 228 predios, Kogui Malayo Arhuaco 171 (carente de los datos necesarios para su especialización en área y hectáreas) y Businchama con 28.
El día 23 de febrero de 2024 en las instalaciones de la Unidad de Restitución de Tierras – URT, se dieron cita las personas voceras y representantes de las comunidades indígenas del Pueblo Arhuaco, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y funcionarios de las diferentes entidades del Gobierno Nacional vinculantes en el proceso con el objetivo de aterrizar la ruta de los predios viables en tanto costos y equipo.
Se expuso por parte de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, la proyección del estimado inicial de 5.142,5 millones y un equipo de 87 profesionales para iniciar la ruta de los predios viables. Cada proceso con cada resguardo, tiene un estimado de tiempo de 1 año y medio. Este costeo no incluye los equipos comunitarios en territorio, ni los enlaces permanentes por cuenca, así como tampoco incluye los costos administrativos que cubren alrededor del 12% del presupuesto.
Por ende, en la ruta se empiezan a identificar unos desafíos que requieren aunar esfuerzos, con aliados, entre las instituciones, para agilizar los procesos en términos de tiempo y buscar los mecanismos pertinentes que efectúen los recursos presupuestales en favor de los pueblos indígenas para la formalización. A partir de allí, se debe dar las garantías a los equipos comunitarios que efectúen el acompañamiento del trabajo en territorio para el levantamiento de la información.
Finalmente se establecieron acuerdos entre las instituciones, para avanzar de manera integral en paralelo al costeo, el procedimiento y el equipo. Estos acuerdos fueron tales como;
Por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) se van a identificar los traslapes de la restitución individual con las pretensiones aquí requeridas y de este modo en la próxima jornada de trabajo puedan presentar dicha información y la ruta necesaria para que se lleven a cabo los trámites necesarios.
Así mismo deberá revisarse el avance y propuestas de PNN, ACT, la invitación permanente del IGAC y otros actores que se consideren estratégicos.
La CNTI seguirá impulsando y realizando seguimiento a este acuerdo histórico en el avance de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
El pasado 26 de enero de 2024, se llevó a cabo un espacio de diálogo con la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y autoridades del Resguardo indígena de Guachavés, cuyo territorio se encuentra en el municipio de Santacruz, en el departamento de Nariño. En este espacio de diálogo, las autoridades de la comunidad indígena solicitaron información relacionada con el estado actual del proceso de clarificación de la vigencia legal de su título colonial, proceso que se viene adelantando desde el 2012.
La STI advirtió, que el procedimiento administrativo se encuentra en rezago desde hace más de una década, inicialmente como consecuencia de los “vacíos normativos y procedimentales” que no permiten la clarificación del título, el cual data de 1902; pero también, por la no implementación del procedimiento establecido en el Decreto 1824 de 2020 posterior a su expedición y entrada en vigor, por parte de la Autoridad Nacional de Tierras.
Sumado a lo anterior, es necesario resaltar que esta entidad se encuentra ad portas de incurrir en un desacato a orden judicial, como quiera que no ha dado cumplimiento a la orden impartida por el Juez de Tutela en el fallo de las autoridades Pastos y Quillasingas, proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, el 14 de enero de 2020, que ordena a la ANT concluir los procesos de clarificación de la vigencia legal de los títulos coloniales y/o republicanos de estos pueblos
indígenas.
Así mismo, se evidenció que la entidad, ha omitido dar cumplimiento a las ordenes emitidas por la Unidad de Restitución de Tierras, en el marco del proceso de restitución consagrado en el decreto 4633 de 2011, en las que activó la ruta de protección étnica territorial y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras, entre otras cosas, la culminación del proceso de clarificación de la vigencia del título en favor del Resguardo de Guachavés.
Es importante señalar que la situación expuesta anteriormente, ha llevado a que la comunidad indígena de Guachavés no cuente con seguridad jurídica en su territorio; situación que se agrava dado el recrudecimiento del conflicto armado en el departamento del Nariño, y las afectaciones que sufren las comunidades indígenas por cuenta de la presencia de grupos al margen de la ley y de economías ilegales que afectan su vida.
Como producto de este espacio, se alcanzaron acuerdos tendientes a la definición de un cronograma y una ruta para el impulso del proceso de clarificación de la vigencia del título en favor de la comunidad de Guachavés.
Desde la STI-CTI, se hará constante seguimiento y se adelantarán las acciones de incidencia a las que haya lugar, en clave del impulso y culminación exitoso del procedimiento administrativo.
El Observatorio de los Derechos Territoriales de Pueblos Indígenas (ODTPI), el pasado 22 de enero del 2024, realizó el comité editorial, un espacio donde se trabajó la ruta para la adopción de una política editorial para los informes de investigación del ODTPI. En ese sentido, se avanzó en una de las líneas denominada ancestrales, en la cual se recopilará elementos que permitan evidenciar la integralidad de la ancestralidad en los territorios y territorialidades indígenas de la altillanura colombiana.
Además, se indagará sobre la importancia del reconocimiento y protección de los espacios, espacialidades sagradas y otros lugares de importancia cultural, biológica, espiritual y ambiental para los pueblos indígenas de la línea negra.
El objetivo, con estos informes de investigación es que la institucionalidad y sociedad en general comprendan el significado integral de la ancestralidad, puesto que existe un predominio de una concepción de ancestralidad carente de sentido de la territorialidad y en consecuencia fragmentada, la cual es vista desde de la lógica de ordenamiento territorial y de este modo la seguridad jurídica territorial presenta un rezago histórico.
Además, es necesario que a través de este ejercicio se logre consolidar una política pública que contribuya a la comprensión e integración de los principios orientados por el Derecho Mayor y la Ley de Origen como leyes consuetudinarias y por tanto vinculantes en los contextos de toma de decisión nacional, donde los territorios sean reconocidos de acuerdo a los sistemas de conocimiento de cada pueblo indígena.
Por otro lado, también se trabajó en la definición de los criterios de selección de los 31 territorios, respecto a los cuales el ODTIP realizará incidencia para la defensa de los derechos territoriales indígenas de los pueblos y comunidades ancestrales, específicamente en el departamento del Putumayo.
De acuerdo con lo anterior, los municipios donde se llevará a cabo esta incidencia serán los siguientes: Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Valle del Guamez. En los cuales se buscará identificar las problemáticas estructurales en los procesos de solicitudes de formalización, protección a la posesión de los territorios ancestrales y de la restitución de derechos ancestrales, para hacer incidencia ante la institucionalidad y así lograr el goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades indígenas en este departamento.
Finalmente, el Observatorio de los Derechos Territoriales de Pueblos Indígenas, continuará trabajando en los informes de investigación y en las rutas para la garantía y defensa de los derechos territoriales de las comunidades ancestrales.
El 12 de diciembre del 2023, el equipo técnico del Observatorio de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI junto con la OPIAC, acompañó a las autoridades indígenas de la Asociación del Concejo Regional Indígena del Guainía – ASOCRIGUA del departamento del Guainía en una mesa técnica con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Superintendencia de Notariado y Registro, para revisar las diferentes problemáticas territoriales que viven los pueblos indígenas de este departamento.
Este encuentro se realizó en razón de los acuerdos de la VI sesión de la CNTI, que exige la creación de un espacio técnico para avanzar con los procesos de formalización y restitución, así como en el marco de los compromisos de la sesión 75 de la Mesa Regional Amazónica (MRA), donde se abordaron las actualizaciones cartográficas, la formalización de los resguardos indígenas en el Guainía y el registro de los territorios constituidos.
En el marco de los acuerdos la ANT reportó que en el departamento del Guainía hay 22 de resguardos indígenas formalizados, de los cuales 7 se debe realizar la rectificación catastral, de manera que en el 2024 se busca avanzar con estos territorios para que las comunidades tengan claridad sobre los límites de sus territorios.
Por su parte, las autoridades indígenas del departamento del Guainía manifestaron preocupación por la expansión del municipio de Inírida y Barranco Minas sobre los resguardos cercanos, generando vulneración a la seguridad jurídica de sus territorios.
Es por ello, que la Agencia Nacional del Tierras se compromete a informar a las alcandías de Inírida y Barranco Minas, que hay 7 resguardos en proceso de reconstrucción de póligonos, ello para garantizar la coherencia y la consistencia lógica y espacial de la información jurídica y la información geográfica.
Además, las autoridades solicitaron que se debe hacer un encuentro entre las entidades municipales y las autoridades de ASOCRIGUA para que se reconozca que hay presencia de comunidades indígenas y que se les debe tener en cuenta en los planes de ordenamiento territorial del departamento, para garantizar la armonía de sus territorios.
Adicional, solicitaron que los avances que se realicen a nivel territorial por parte de la ANT y la URT, debe ser informado a las autoridades de ASOCRIGUA para que haya una concertación y conocimiento de los pueblos indígenas en este territorio.
Por su parte, la URT socializó que en el departamento hay 12 casos de procesos de restitución de derechos territoriales, que encuentran en las etapas administrativa y judicial.
Las autoridades indígenas le solicitaron a la URT que también deben realizar un ejercicio de socialización a las autoridades indígenas con relación a los estudios preliminares y los informes de caracterización que se vienen adelantando, para hacer seguimiento a los procesos que los involucra. Además, la entidad debe comunicarles a las autoridades sobre las visitas que se vayan a realizar en los territorios para su coordinación y seguimiento.
Otro de los compromisos que debe cumplir la URT, es que compartirá a las autoridades de ASOCRIGUA los casos que se encuentran con ruta étnica de protección (artículo 150 del Decreto Ley 4633/2011) y su estado actual, para articular con la ANT el avance en los procesos de formalización inmersos en estas medidas.
Por su parte, el equipo de la CNTI remitirá los análisis de los diferentes actos administrativos de los territorios resguardados, de las solicitudes de formalización y los procesos de restitución de derechos territoriales. Además, desde este espacio se realizará el correspondiente seguimiento a los acuerdos suscritos por parte de las entidades y las autoridades indígenas para avanzar de forma efectiva en su seguridad jurídica para los pueblos indígenas en la tierra de muchas aguas.
Desde este espacio que vela por la garantía territorial de los pueblos indígenas de Colombia, seguiremos apoyando y acompañando los ejercicios de control y seguimientos que están abordando las autoridades de los pueblos indígenas del departamento de Guainía.
La STI advirtió, que el procedimiento administrativo se encuentra en rezago desde hace más de una década, inicialmente como consecuencia de los “vacíos normativos y procedimentales” que no permiten la clarificación del título, el cual data de 1902; pero también, por la no implementación del procedimiento establecido en el Decreto 1824 de 2020 posterior a su expedición y entrada en vigor, por parte de la Autoridad Nacional de Tierras. 
Así mismo, se evidenció que la entidad, ha omitido dar cumplimiento a las ordenes emitidas por la Unidad de Restitución de Tierras, en el marco del proceso de restitución consagrado en el decreto 4633 de 2011, en las que activó la ruta de protección étnica territorial y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras, entre otras cosas, la culminación del proceso de clarificación de la vigencia del título en favor del Resguardo de Guachavés. 
Este encuentro se realizó en razón de los acuerdos de la VI sesión de la CNTI, que exige la creación de un espacio técnico para avanzar con los procesos de formalización y restitución, así como en el marco de los compromisos de la sesión 75 de la Mesa Regional Amazónica (MRA), donde se abordaron las actualizaciones cartográficas, la formalización de los resguardos indígenas en el Guainía y el registro de los territorios constituidos.
Adicional, solicitaron que los avances que se realicen a nivel territorial por parte de la ANT y la URT, debe ser informado a las autoridades de ASOCRIGUA para que haya una concertación y conocimiento de los pueblos indígenas en este territorio.