Este informe surge con el propósito de generar análisis y reflexiones frente a los desafíos y brechas que persisten en la garantía, protección y goce efectivo de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, a través de un balance de los Acuerdos suscritos en la vigencia 2024 en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (en adelante CNTI). Asimismo, este documento contiene un balance sobre los avances producidos a corte de mayo y junio del año 2025, considerando escenarios de exigibilidad de cumplimiento como la minga indígena y de seguimiento en mesas técnicas.

Este documento expone el estado actual de cumplimiento a los deberes del Estado colombiano frente a los derechos de los pueblos indígenas en clave del ejercicio efectivo de nuestra autonomía, autodeterminación, sistemas propios de conocimiento, jurídicos, de gobierno, ordenamiento y uso que son propios a nuestras relaciones materiales e inmateriales con los territorios.

Reflexiones finales

Conforme a los mandatos de los Pueblos y las Organizaciones Indígenas de la CNTI, en este informe se expusieron las líneas temáticas estratégicas con enfoque en derechos – la indivisibilidad e interdependencia de los mismos-, de los acuerdos suscritos en este espacio de diálogo y concertación de alto gobierno. Señala la identificación de dificultades y brechas, pero también propuestas de impulso, logros y retos pendientes para vigencias futuras.

Desde 2009, se evidencia un número considerable de Acuerdos sin avances e incumplidos en materia de derechos fundamentales y territoriales indígenas. A la fecha, existe un registro de 150 acuerdos incumplidos y 44 acuerdos sin avances.
Estos incumplimientos, que son de especial interés para el análisis, se expusieron de manera detallada en cada línea temática aquí abordada, y nos permitimos resaltar algunos reiterativos:

1. 1. Incumplimiento sistémico e ineficacia Institucional: Persiste un incumplimiento sistemático y estructural de los acuerdos por parte de entidades clave como el Ministerio del Interior, afectando las garantías del derecho al auto- reconocimiento.
   2. Las dilaciones excesivas y falta de operatividad para la protección de los territorios indígenas: las demoras excesivas en trámites de compra de tierras, constitución y ampliación de resguardos, superan los plazos razonables y vulneran derechos. Esto se ve reflejado en la baja ejecución de la ANT, creando un ciclo de postergación que perpetúa la deuda histórica.
   3. Falta de Articulación Interinstitucional: la desarticulación entre entidades (como la ANT, URT, UARIV, Ministerio de Ambiente) ralentiza y entorpece procesos críticos como la restitución de tierras y la reparación integral, lo que se traduce en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y en el desacato sistemático de las órdenes judiciales que los amparan.
   4. Institucionalidad raquítica y falta de capacidad humana: las entidades responsables carecen de la capacidad técnica, operativa y humana necesaria. Tanto la ANT, la URT, como el Ministerio del Interior, tienen una planta de personal insuficiente y con alta rotación, lo que impide atender la demanda y genera una alta acumulación técnica y administrativa.