Los problemas alrededor de la redistribución de la tierra han sido una constante histórica en Colombia debido al carácter agrario que el país ha tenido desde antes de su conformación. El Estado colombiano se ha caracterizado por una organización agraria latifundista y la acumulación de grandes extensiones de tierra en pocas familias, además de la escasa normatividad que facilitara el acceso a la tierra para la población rural, situación que no ha tenido mejora hasta la fecha.
En el año 2014 tuvo lugar el censo agropecuario, el cual arrojó importantes cifras sobre el panorama de la ruralidad en Colombia. Después de 45 años este censo ha permitido ratificar que Colombia es el país más desigual en el acceso a la tierra en América Latina (OXFAM; 2017). Los datos registrados en el informe publicado por OXFAM en 2017 “Radiografía de la desigualdad” exponen un panorama que pone en evidencia la inequidad en la distribución de la tierra en Colombia porque “el 1% de las explotaciones agropecuarias más grandes han venido concentrando el 81% de la tierra. El 19% de la tierra es distribuida entre el 99% restante de las unidades productivas” (OXFAM; 2017). Así, el desarrollo del conflicto armado ha favorecido el incremento tanto de la desigualdad como de la concentración de la tierra con un índice de Gini del 0,897 (2014) para Colombia siendo uno de
los más altos en América Latina (OXFAM; 2017).
Así las cosas y excluyendo los territoritos étnicos, las UPAs menores de 10 hectáreas representan el 81% de las explotaciones y en promedio tienen 2 hectáreas y no llega al 5% del área censada, mientras que las UPAs de más de 2.000 hectáreas representan el 0,1% del total y en promedio alcanzan 17.195 hectáreas de tamaño y ocupan el 60% del área total censada (OXFAM; 2017)3. Además, en el informe se resalta con preocupación que el 42% de esas grandes extensiones (cerca de 40,2 millones de hectáreas) declaró desconocer la situación de tenencia (OXFAM; 2017).
El interés existente sobre la tierra se ha mantenido hasta la actualidad y ha perjudicado a tenedores de tierra que no han logrado conseguir un reconocimiento jurídico de la posesión ancestral sobre los predios en los que han trabajado y de los que han ejercido una propiedad de hecho. Así, los derechos territoriales constituyen un elemento fundamental para la garantía de la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas porque como afirmó el delegado indígena por la CIT de la CNTI Vicente Villafañe “Un indígena sin tierra es como un fogón sin leña”.
Las dinámicas de desposesión de territorios ancestrales han sido una constante en el conflicto por la tenencia de la tierra que se ha librado en Colombia desde antes de su conformación como Estado soberano. En medio de esta, las poblaciones rurales se han visto afectadas por un proceso de disputa constante de los bienes terrenales y dada su importancia en un país cuya economía depende del sector primario, es decir, los bienes de producción básica como los obtenidos por prácticas agrícolas y extractivas.
Así, en Colombia la tierra se ha convertido en un bien entregado a la explotación de recursos y la extracción de su riqueza mineral y natural, lo cual ha ocasionado que el interés por la tierra adquiera una relevancia especial en los grandes grupos económicos pertenecientes a distintos sectores empresariales y políticos en aras de un crecimiento patrimonial y económico, el cual ha generado los procesos de radicalización de la desigualdad que persisten hasta nuestros días.
Estas dinámicas han acentuado las condiciones de violencia, de vulnerabilidad social y económica de las poblaciones históricamente menos favorecidas, que han tendido a agravar los factores de pobreza y a acrecentar a su vez la cantidad de necesidades insatisfechas en estas poblaciones, generando condiciones de prolongamiento de la pobreza a partir de la falta de oportunidades y condiciones para el adecuado desarrollo de la vida y el goce efectivo de los derechos sociales y civiles que otorga la legalidad colombiana.
En medio de la pandemia por el coronavirus, aseguran que al menos cinco lugares ancestrales ubicados dentro de la Línea Negra estaban siendo intervenidos con maquinaria pesada, en un acto que ellos consideran como ilegal.
Por medio de un comunicado los indígenas pertenecientes al reguardo Kogui Malayo Arhuaco le solicitaron a los ministerios del Interior y Ambiente, así como a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) tomar medidas urgentes para salvaguardar los espacios sagrados y ecosistemas ambientales de su territorio ancestral ubicado al interior en la Línea Negra.
A través de fotografías y videos los indígenas dieron a conocer cómo se venían adelantando intervenciones a gran escala y con maquinaria pesada en manglares y otras áreas aledañas a la desembocadura del río Ancho en el municipio de Dibulla, en La Guajira. Según esta comunidad étnica para construir obras para turismo masivo.
«En ese recorrido que vienen haciendo las autoridades ancestrales desde las primeras semanas de febrero se empezó a evidenciar esta situación. Se logró identificar, por ejemplo, la afectación de las bocas de algunas lagunas para hacer, posiblemente, desvíos del agua por canales y despejar la zona de inundaciones. Esto se pudo observar especialmente en el predio de una persona que no conocemos ni sabemos si le fue adjudicado algún título», comentó Mauricio Blanco Torres, director del resguardo Kogui Malayo Arhuaco, quien sostuvo que ni la Alcaldía ni Corpoguajira sabían sobre esta situación.
«Nosotros nos encontramos, con ayuda de algunos técnicos, realizando un diagnóstico ambiental y cultural que será entregado muy pronto», dijo.
Los trabajos se evidenciaron en varios de los espacios sagrados de la Línea Negra (territorio ancestral de los pueblos arhuacos, koguis, kankuamos y wiwas de la Sierra Nevada de Santa Marta, compuesto por 348 sitios) asociados al espacio principal de la desembocadura: Java Alduweiuman (Madre del conocimiento y la naturaleza). Dichos lugares se encuentran contemplados en el Decreto 1500 del 6 de agosto de 2018
«Java Alduweiuman: desembocadura del río Ancho es el espacio donde se organizó espiritual y materialmente el espíritu y el alma del conocimiento. Está conectado con todas las lagunas de los picos, los nevados ezwamas mayores y con todas las desembocaduras y cuencas de los ríos de la Sierra Nevada», señaló el resguardo en el escrito que fue firmado por José de los Santos Sauna Limaco, en el que se agregó que este espacio sagrado (167) formaba parte, además, de la Resolución 837 de 1995 como el hito 16, identificado -según ellos- incorrectamente en dicha resolución con el nombre de Jukulwa.
Las autoridades indígenas realizaron un recorrido por la zona para observar los impactos de las obras en sus lugares sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Consejo Territorial de Cabildos Indígenas
El resguardo denunció que asociado a Java Alduweiuman se encontraban afectados al menos otros cuatro lugares sagrados más de la Línea Negra como parte de la desembocadura del río Ancho, los cuales están detallados y hacen parte de la cartografía en el decreto 1500 del Ministerio del Interior, la cual fue hecha de manera previa y conjunta con los cuatro pueblos de la Sierra Nevada y esa cartera ministerial. Se trata del 164 Shibuluwan; 165 Khaskuamakaka; 166 Java Tabalaldiwe, y 168 Niuzhisan.
Para las autoridades ancestrales estos son espacios sagrados de incalculable importancia para mantener el equilibrio de la naturaleza en la Sierra Nevada de Santa Marta. «Desde la ley de origen y a nivel ambiental, la intervención de estos espacios generará incalculables consecuencias para la estabilidad económica y social del todo el territorio«, aseguraron.
En la misiva sostienen que dichos espacios sagrados representan también una gran importancia para diferentes especies animales como la tortuga y el caimán aguja, al tratarse de un sistema de manglares y humedales, de comunidades naturales únicas que forman eslabones fundamentales en la estructura y conectividad ecológica de la Sierra. Afirman que como son ecosistemas prioritarios son protegidos por varias figuras de la normatividad ambiental y de ordenamiento y de ordenamiento territorial.
«Nuestro territorio ancestral es la madre vida y sostiene a toda la humanidad. Así mismo, los humedales y las desembocaduras son madres y espacios sagrados de la naturaleza. Los pueblos indígenas tenemos el deber de velar por la integridad tanto ambiental como espiritual de nuestro territorio para el bien de todos los que vivimos y dependemos de ella», aseguraron.
En vista de que desde su conocimiento la actividad que se está adelantando en esos espacios sagrados es ilegal, al no contar con los permisos necesarios para realizar estas obras, el resguardo pidió que se realice una visita con las autoridades ambientales, el ministerio público y la Policía Ambiental a estos sitios para determinar la gravedad de las afectaciones e iniciar las acciones pertinentes para suspender dichos trabajos y proteger sus espacios sagrados.
Este lunes algunos funcionarios de Corpoguajira se desplazaron al lugar para adelantar una visita y reunir las pruebas necesarios para adelantar el proceso. Este resguardo aguarda ahora por la respuesta de las entidades implicadas.
Entre tanto, Blanco Torres señaló que actualmente hay una alta tensión en la zona por la presencia de grupos armadosen varias cuencas de ríos como, por ejemplo, Ancho, Lagarto, Jerez, Santa Clara y Mamarongo. «A las autoridades indígenas les están impidiendo bajar. Antes de la pandemia la Defensoría del Pueblo ya había emitido cuatro alertas tempranas por la seguridad en la zona. Es un tema complejo», sostuvo.
Esa comunidad indígena indicó que se está registrando también el «envenenamiento de algunas lagunas» en las partes altas, pero que no ha sido posible recoger muestras para mandarlas al laboratorio y determinar qué viene ocasionando esa situación. Sin embargo, se presume que podría estar asociado a la minería ilegal.
En manos de un juez de la República está la decisión de una tutela presentada contra el ministerio del Interior por la decisión del gobierno de promover las «Consultas Previas Virtuales»en temas de tierras y proyectos que afecta a las comunidades indígenas.
En diálogo con Planeta Caracol de Caracol Radio, el líder indígena Arhuaco, Camilo Nino, explicó las razones por las que presentaron la Acción de Tutela contra la decisión del ministerio del Interior que faculta la «Consultas Previas Virtuales» en tiempos de pandemia por el Covid-19 y cuando no se garantiza la participación activa y efectiva de las comunidades.
Camilo Nino agregó que la prioridad hoy debe ser la de salvaguardar la salud de los 115 pueblos indígenas colombianos que están en condición de vulnerabilidad por el Covid-19. Las comunidades hoy permanecen en sus territorios, donde se ha prohibido el ingreso de personas y se ha limitado las actividades masivas.
«No se trata de dar cumplimiento a un trámite con consultas previas virtuales en decisiones que afectan las tierras y los recursos de las comunidades indígenas, que no cuentan con la conectividad y tampoco con la información para dar cumplimiento efectivo al derecho constitucional de participar en las consultas previas«, dijo el líder Arhuaco.
Camilo Nino recordó además que hoy el gobierno nacional y los tomadores de decisiones deberían tener en consideración el conocimiento y la tradición que tienen las comunidades indígenas en temas de primer orden mundial como la mitigación y adaptación al cambio climático.
También en diálogo con Planeta Caracol la abogada Jenifer Mojica, quien viene acompañando a las comunidades indígenas, consideró que es imposible hoy garantizar los derechos y la participación de los indígenas a través de Consultas Previas Virtuales, por lo que se deben suspender.
Señaló que a pesar de la cuarentena por el impacto del Covid-19 en el país, lamentablemente los territorios indígenas siguen siendo objeto de labores de minería ilegal y las amenazas y asesinatos de líderes indígenas cómo ha ocurrido en el Cauca.
Sobre la Tutela frente a las Consultas Previas Virtuales, Jenifer Mojica, argumentó que la Conste Constitucional ordena garantizar el derecho a la participación y la posibilidad de decidir de las comunidades sobre sus territorio, lo que significa que no se trata de un «simple trámite» para el desarrollo de proyectos en sus territorio.
En el recurso jurídico también se le solicita al Gobierno nacional suspender todos procesos de este tipo, hasta tanto no se supere la crisis sanitaria y social por la que atraviesa el país por cuenta del coronavirus. También se pide dejar sin efecto las circulares emitidas por el MinInterior al respecto.
Ante el Tribunal Superior de Bogotá fue instaurada una acción de tutela contra el Ministerio del Interior por parte de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (STICNTI).
Con este recurso jurídico, soportado en 25 páginas, se busca que el Gobierno nacional garantice y respete el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos aborígenes, a partir de la prohibición total de la consulta virtual.
Y es que, para la STICNTI, las dos circulares externas expedidas por esa cartera ministerial sobre este tema dejaron abierta la posibilidad de realizar consultas previas de tipo virtual, «siempre que las comunidades cuenten con los medios tecnológicos y condiciones necesarias para tal fin».
Para esta organización sigue latente el riesgo de que algunos sectores apelen al uso de herramientas virtuales para vulnerar el derecho a la consulta de las comunidades. En tal sentido, aseguran que la tutela busca prohibir al Gobierno que replique estos intentos de reforma a derechos fundamentales como la consulta previa, libre e informada, y el debido proceso.
Asegura que a pesar de que el Ministerio del Interior derogó una de las circulares externas que había proferido, el problema continúa y por esa razón solicitan, además, dejar sin efecto dichas circulares.
Ricardo Camilo Niño Izquierdo, secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, indicó que a la fecha no se han adoptado medidas especiales que garanticen a las comunidades indígenas su derecho a la vida, salud, integridad y consulta previa, libre e informada, en el marco de la emergencia social que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.
En la acción judicial también le solicitan al Gobierno nacional ordenar la suspensión de todo proceso de consulta previa, hasta tanto se supere la crisis humanitaria desatada por el coronavirus en el país. Adicionalmente, que se adopten las medidas sanitarias diferenciales para garantizar a las comunidades indígenas el goce efectivo de este derecho.
“En especial esta suspensión debe aplicarse frente a proyectos extractivos, agroindustriales, de infraestructura y demás que impacten de manera directa e indirecta los territorios indígenas”, solicitó la comisión.
De igual manera, la tutela le pide a la justicia colombiana, conforme al principio de progresividad, ordenar al Ministerio del Interior que consulte con los representantes de las organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación Indígena todas las propuestas diferenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, según sus condiciones de múltiple vulnerabilidad.
La secretaría reitera que en ninguna circunstancia se puede proceder a realizar nuevas consultas previas en los territorios a través de los términos propuestos por el Ministerio del Interior, porque, en su concepto, proponer la realización de este tipo de procesos a pueblos indígenas en situaciones de extrema vulnerabilidad y carentes de tecnología, viola sus derechos fundamentales.
«No estamos preparados para enfrentar la pandemia y por eso las comunidades han concentrado en este instante todo su esfuerzo en proteger el territorio, a partir del no ingreso de personas externas. Hoy debemos concentrarnos en eso, en resolver la crisis sanitaria y humanitaria frente a la covid-19 y no ponernos a pensar en hacer consultas virtuales debido a que no están garantizados los estándares mínimos para su implementación ni los principios que por ley se deben tener en cuenta», expuso.
Jhenifer Mojica Flórez, abogada y especializada en derecho procesal, considera que las consultas previas virtuales no se pueden hacer ni ahora ni nunca. «Aquí lo que está de fondo es una presión de los empresarios de la economía extractiva para que se les quiten obstáculos y como los pueblos indígenas son eso para ellos, por eso insisten en la realización de este tipo de medidas», dijo.
La jurista explicó que en la tutela también se le pidió al Gobierno que fortalezca los mecanismos de participación haciéndolos más eficientes y que dialogue y consulte con los indígenas antes de tomar decisiones para que ellos puedan ejercer sus derechos de manera adecuada y más en un momento humanitario tan grave como el que están atravesando», recalcó.
Mojica aseguró que para los pueblos indígenas las consultas previas virtuales constituyen una burla, porque son comunidades muy vulnerables que, si no tienen acceso a derechos mínimos fundamentales como el agua o salud, pues mucho menos a la tecnología. «Con esto los que se quiere es sacar adelante los proyectos que están detrás de todo», apuntó.
La abogada advirtió que los pueblos indígenas enfrentan, además, en situaciones corruptividad, pues podría presentarse manipulación o constreñimiento hacia algunos de sus líderes por parte de las empresas, aprovechándose de su vulnerabilidad.
Lourdes Uquillas.- En Colombia los defensores indígenas y ambientales “seguimos sufriendo el acoso de mineras, grupos armados y el narcotráfico”, y “el número de asesinatos ha aumentado desde la firma de la paz en 2016”, denuncia el coordinador de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Camilo Niño.
Ricardo Camilo Niño Izquierdo, ecólogo con una maestría en desarrollo rural, es el coordinador de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, creada en 1996 como “espacio de diálogo y concertación” entre el Gobierno y los pueblos indígenas del país sudamericano.
Presión y asesinato de líderes ambientales
Niño, indígena del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y miembro de la Confederación Indígena Tayrona (CIT), explica en entrevista telefónica con EFE que la situación de los pueblos indígenas en Colombia en este momento de pandemia, la inestabilidad se ha incrementado por las acciones armadas entre grupos armados, de narcotráfico y de seguridad nacional.
Precisamente, en uno de los últimos enfrentamientos, señala Niño, dos líderes indígenas murieron asesinados hace tres semanas aproximadamente.
Explica que desde la firma de la paz en 2016, los asesinatos de líderes indígenas han aumentado, y señala que según el estudio del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas que está próximo a publicarse, en ese año (2016) se produjeron 9 asesinatos, 38 en 2017, 68 en 2018 y 83 en 2019.
Precisamente este viernes pasado, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de 19 asesinatos de defensores de derechos humanos y sociales en Colombia en lo que va de 2020, cifra que podría aumentar al estar pendiente de verificación la de otras 34 posibles muertes de activistas.
Según el portavoz de esa Oficina de la ONU en Ginebra, Rupert Colville, se ha registrado un aumento del acoso y amenazas a los pueblos indígenas, agricultores y afrodescendientes en el departamento del Cauca (suroeste), y una intensificación de los enfrentamientos entre las bandas armadas y las fuerzas de seguridad.
Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en su informe hecho público hace quince días alertó del desplazamiento de 393 indígenas en el departamento del Chocó (noroeste), por combates entre grupos armados ilegales.
Desatención y vulnerabilidad
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas que coordina Niño está formada por cinco organizaciones nacionales: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), la Confederación Indígena Tayrona (CIT) -a la que pertenece Niño-, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia (Gobierno Mayor), y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO).
Por parte del Gobierno, hay representantes de los ministerios de Agricultura, Interior y Hacienda y de departamentos de Asuntos Etnicos, Tierras o Planeación.
La Comisión fue creada por exigencia de los pueblos indígenas para debatir “todos los temas sobre la seguridad jurídica de nuestros territorios” o resguardos. Actualmente suman “768 resguardos legalmente constituidos” que están en zonas de “ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, bosques secos tropicales, bosques húmedos tropicales, coberturas naturales y seminaturales”.
Los 768 resguardos indígenas, “abarcan aproximadamente 31 millones de hectáreas de las 114 millones del país, lo que equivale al 27,26 % del territorio colombiano”.
Según el censo de 2018 del Departamento Nacional de Estadística (DANE) existen 2,9 millones de indígenas, sin embargo, según Niño, “no es una cifra certera porque hubo zonas donde no se llegó a hacer el conteo de población, como ha reconocido el Gobierno”.
Amenazas de grupos de presión
“El 82 % de los resguardos se encuentran en los bosques húmedos, todo lo que es la Amazonía colombiana y la Sierra Nevada, que alberga más del 80 % de los bosques existentes”. En esas áreas, “el 62 % del suelo es para conservación de la naturaleza”.
El dirigente indígena señala que según un estudio de 2016 de la World Resource Institute “si los pueblos indígenas no tuvieran garantías para la conservación de sus territorios y bosques, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Colombia habrían sido entre el 10 y 15 % más altas”.
Los pueblos indígenas “son garantes de la conservación de la naturaleza“, sin embargo, advierte Niño, “ante la solicitud de constitución de 889 nuevos reconomientos de territorios indígenas, también ha aumentado el número de asesinatos de líderes por la defensa de las tierras y del ambiente”.
Y sostiene que el estudio del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas señala que “donde hay intereses minero energéticos y pueblos indígenas reclamando los derechos de protección de nuevos resguardos, ahí se han dado los mayores casos de asesinatos”.
Por parte del Estado Colombiano “no ha habido una respuesta como responsable de la garantía efectiva de protección” de los territorios, lamenta.
Generalmente “ha habido una desatención sistemática por parte del Gobierno y ha minimizado la violación de los derechos humanos y los asesinatos”.
Vulneración de derechos
Remarca que los pueblos indígenas apostaron por la paz, sin embargo “no han visto los beneficios que incluían la creación de un banco de tierras del que iban a ser beneficiaros”.
Denuncia la doble cara del Gobierno hacia el exterior y asegura que “no se ha cumplido el último compromiso de lograr deforestación cero en 2020, una situación que, al contrario, “se ha incrementado sobre todo en territorios indígenas, donde, además, se produce colonización”.
Igualmente denuncia la violación del derecho a consulta previa recogido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento” y la falta de un censo pormenorizado de los pueblos indígenas por parte del Estado.
Cercos para la pandemia
“En este momento estamos centrados en el tema de la pandemia, porque de seguir en esta tasa de contagios, los pueblos indígenas vamos a ser de los más afectados”, asegura Camilo Niño.
“Si muchas ciudades donde tienen acceso a energía, salud, educación, entre otros beneficios, no tienen las garantías (para controlar la propagación del coronavirus)”, sostiene, “la situación puede ser terrible para pueblos aislados, sin carreteras, sin energía ni puestos de salud”.
Es una “gran preocupación que tenemos actualmente los pueblos indígenas de Colombia”, por lo que “nos hemos concentrado en la protección territorial”.
“Estamos haciendo cercos (cerrando) en nuestros territorios para que no llegue gente que quiera entrar desde las ciudades”, asegura, porque en el marco que les otorga la “autonomía de los territorios hacemos presencia en las vías deteniendo a las personas y poniéndonos de acuerdo entre nosotros mismos”.
El acceso es “más difícil en una zonas más que en otras, pero estamos concentrados en esto” para evitar el contagio, asegura el líder del Pueblo Arhuaco.
Sin embargo, “el Estado ha aprovechado esta situación y ha entrado en nuestros territorios donde se hallan grupos armados” y en una de esas actuaciones asesinaron a dos líderes indígenas hace pocas semanas.
Asimismo, hay empresas en los territorios que “no están en cuarentena”, denuncia.
Y para “enrarecer” más la situación, “el Estado, en su mecanismo supuestamente para garantizar los derechos de los indígenas, habilitó unas consultas previas virtuales”.
Sin embargo, “ahora en esta situación propone consultas previas virtuales en sitios donde no hay vías, ni energía ni señal, por lo que no se garantiza la participación de la población que pueda estar afectada” por conflictos socio económicos y las empresas mineras.
“El Gobierno como otros segmentos de la sociedad han aprovechado que estamos concentrados en evitar la propagación del virus para violar derechos de los indígenas”, denuncia. EFEverde.
