El 12 de noviembre de 2026, en la COP31 de cambio climático, en Antalya, Turquía, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento «Navegador Indígena. Evaluación de los impactos del cambio climático y de las medidas climáticas en las comunidades indígenas», realizado en el Pabellón de los Pueblos Indígenas. Allí, nuestro secretario técnico indígena, Camilo Niño Izquierdo, compartió la experiencia del piloto del Navegador Indígena en Colombia, junto a organizaciones indígenas de Bangladés, Camboya, Kenia y Perú.
El evento fue organizado por el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), el Instituto Danés de Derechos Humanos, el Forest Peoples Programme, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), la Fundación Tebtebba y otras organizaciones indígenas, y buscó compartir los hallazgos de las encuestas de cambio climático del Navegador Indígena, que documentan los impactos del cambio climático y de las medidas climáticas en las comunidades indígenas, y mostrar cómo esta evidencia puede aportar a políticas climáticas basadas en derechos.
El Navegador Indígena es una herramienta para que los Pueblos Indígenas generen datos propios sobre el cumplimiento de sus derechos, bajo el principio de soberanía de datos. En la CNTI ya monitoreamos los derechos territoriales a través de nuestro Observatorio, con nuestros sistemas propios de información. Por eso vimos en el Navegador un aliado porque suma a ese monitoreo la perspectiva de las comunidades y el análisis del marco legal del país.
En Colombia aplicamos el Módulo de Biodiversidad entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, con los pueblos Arhuaco, Quillasinga, Awá y Pastos. Aunque aún no hemos aplicado el módulo de cambio climático, las lecciones de este piloto también aportan a la agenda climática.
Entre los aprendizajes que nos dejó el piloto, las comunidades vieron la importancia de producir y usar sus propios datos para decidir y defender sus derechos y sus territorios. También relacionaron los conceptos técnicos con su conocimiento propio, abrieron espacio a sus narrativas y saberes espirituales y fortalecieron sus capacidades en monitoreo comunitario. Y, sobre todo, comprobamos que el monitoreo no puede terminar con el piloto. Un año de datos muestra una foto, pero para ver cómo cambia la situación de nuestros derechos y territorios, el monitoreo debe continuar en el tiempo.
En cuanto a los hallazgos, encontramos que Colombia tiene un marco legal muy garantista, pero con grandes barreras para cumplirlo en la práctica. Las salvaguardas para los territorios son débiles, el consentimiento libre, previo e informado se aplica poco y hay barreras para acceder a la justicia. Estas mismas brechas se repiten en las medidas climáticas que llegan a nuestros territorios, como la transición energética, la extracción de minerales y los mercados de carbono.
Por eso, propusimos que las agendas de biodiversidad y clima caminen juntas, con cuatro acciones. Reconocer los datos de los sistemas comunitarios de monitoreo en los informes nacionales de biodiversidad y de clima. Fortalecer los sistemas propios de información de los pueblos con el monitoreo comunitario de derechos del Navegador, bajo el principio de soberanía de datos. Pasar de pilotos a un monitoreo permanente, con financiamiento directo a los territorios. Y respetar el consentimiento libre, previo e informado en toda medida que se adopte para cumplir los compromisos de biodiversidad y de cambio climático que afecte nuestros territorios.
Biodiversidad y clima son una misma crisis, y en las dos agendas nuestros datos pueden mostrar lo que pasa en los territorios. Como lo expresó durante el piloto Luis Javier Izquierdo, joven del pueblo Arhuaco, para los Pueblos el Navegador Indígena no es solo un cuestionario, sino una forma de cuidar su cultura desde su propia palabra. Y en esa palabra, el cuidado y el manejo de la naturaleza en los territorios es también el cuidado de los derechos colectivos.
Por eso, los datos sobre nuestros derechos deben orientar las decisiones frente a la crisis climática y de biodiversidad.
El 11 de noviembre de 2026, en la COP31 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Antalya, Turquía, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento paralelo oficial “Cerrar la brecha: Un llamado al reconocimiento, la participación y la protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales en la acción climática”. Nuestro secretario técnico indígena, Camilo Niño Izquierdo, intervino en el bloque “Voces desde la primera línea”, junto a personas defensoras de distintas regiones del mundo.
El evento fue convocado por más de quince organizaciones, entre ellas Natural Justice, la red LEAD, Global Witness, Amnistía Internacional, CIVICUS, la International Land Coalition y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y moderado por Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre personas defensoras del medio ambiente en el marco del Convenio de Aarhus. La pregunta para cada panelista fue doble. Qué hacen en sus países para avanzar en la acción climática y qué riesgos enfrentan por ese trabajo.
Frente a la primera pregunta, recordamos que los Pueblos Indígenas no cuidamos el territorio para cumplir metas climáticas, sino porque es nuestra forma de vida. Pero nuestros gobiernos propios y nuestros conocimientos ya contribuyen a enfrentar la crisis climática, aunque ese no sea su fin. En Colombia, nuestros territorios titulados y en proceso de formalización o protección, abarcan el 36 % del área del país. En ellos está el 57,89 % de los bosques, que almacenan 4,819 gigatoneladas de carbono, y el 60,89 % de las aguas superficiales del país, claves para enfrentar las sequías y las inundaciones que trae la crisis climática.
Sin embargo, ese cuidado ocurre bajo una fuerte presión. El conflicto armado, la inseguridad jurídica territorial y el extractivismo sobre nuestros territorios son factores estructurales de la violencia contra nuestros pueblos. Para hacer visible ese riesgo y exigir al Estado que actúe, en la CNTI construimos sistemas propios de información. Con Chey, el Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena, identificamos que en los territorios indígenas está el 15,10 % de la deforestación del último año en Colombia, el 9,79 % del área de explotación de hidrocarburos y el 15,44 % del área con títulos mineros vigentes.
El Sistema de Información sobre Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) muestra que esa presión tiene un costo en vidas. Cuidar el territorio no debería costarnos la vida, pero en los últimos diez años se han registrado 962 indígenas víctimas de homicidio en Colombia. Entre enero de 2025 y agosto de 2026 se registraron 144, y más de una de cada tres ejercía un rol de liderazgo, autoridad, guardia o medicina tradicional.
Además, la violencia no termina en el homicidio. A ella se suman las amenazas, el desplazamiento, el confinamiento, la desaparición forzada y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Cuando se debilita a quien defiende, también se pone en riesgo lo que el territorio protege, la naturaleza.
Otras fuentes coinciden con estos hallazgos. Global Witness identifica al Cauca como el departamento de Colombia con más personas defensoras ambientales asesinadas desde 2012, indígenas y no indígenas, con 171 casos, y señala la expansión de la minería ilegal y de los cultivos de uso ilícito como motores de esa violencia.
Por eso, en esta COP hicimos tres llamados para cerrar la brecha entre reconocer a quienes defendemos los territorios y protegernos de verdad. Primero, que las decisiones climáticas reconozcan a quienes defendemos los territorios y los riesgos que enfrentamos, con medidas, presupuesto y seguimiento, porque el Acuerdo de París ya reconoce los derechos y los conocimientos de los Pueblos Indígenas, pero no a quienes los defienden. Segundo, que los Estados garanticen la seguridad jurídica y material de nuestros territorios, sin militarizarlos, porque el 80 % de las víctimas de 2025 estaba en territorios con inseguridad jurídica. Y tercero, que ningún proyecto de transición energética, de minería o de mercados de carbono avance en nuestros territorios sin nuestro consentimiento libre, previo e informado.
Porque una transición que vulnera nuestros derechos y deja personas defensoras asesinadas no es justa, y ningún compromiso climático es creíble sin protección real para quienes cuidamos los territorios con nuestra vida.
En la reunión preparatoria del Caucus Indígena en Antalya, Turquía, revisamos las prioridades de negociación y coordinamos nuestra participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Los días 7 y 8 de noviembre, representantes de los Pueblos Indígenas de las siete regiones socioculturales reconocidas en el sistema de las Naciones Unidas nos reunimos para preparar nuestra participación en la COP31. Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia (CNTI) participamos en estas jornadas como parte de nuestra incidencia internacional por los derechos territoriales.
Revisamos la estructura y el calendario de las negociaciones, así como los espacios de incidencia dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). También abordamos la coordinación del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (IIPFCC), nuestro espacio político colectivo y no jerárquico. Su trabajo articula los caucus regionales, los equipos técnicos, temáticos y de comunicación, la representación de jóvenes indígenas y nuestra representación en el Grupo de Trabajo de Facilitación (FWG) de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP).
Reafirmamos la libre determinación, la participación plena y efectiva, el consentimiento libre, previo e informado y la protección de nuestros derechos sobre las tierras, territorios y recursos. Estos principios deben orientar todas las decisiones climáticas, junto con el reconocimiento de nuestros sistemas de conocimiento, gobierno propio y el acceso directo y equitativo al financiamiento.
Expresamos preocupación por iniciativas extractivas, proyectos de compensación de carbono, la expansión minera para la transición energética, los agronegocios y la infraestructura energética. Estas y otras medidas presentadas como soluciones climáticas pueden generar despojo, desplazamiento y nuevas afectaciones cuando se diseñan e implementan sin nuestra participación y consentimiento.
Al abordar el Programa de Trabajo sobre Transición Justa, planteamos que la transición debe respetar nuestros gobiernos propios, los derechos territoriales y la propiedad intelectual colectiva, y garantizar la participación de representantes que elijamos mediante nuestros procedimientos. Analizamos propuestas para que un futuro mecanismo ofrezca orientación política, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, prevención de riesgos e intercambio de conocimientos. También debe apoyar las iniciativas que lideramos y facilitar el acceso directo al financiamiento y la tecnología.
Sobre la LCIPP y su Grupo de Trabajo de Facilitación, revisamos el informe del FWG, la preparación del plan de trabajo 2028–2031, la revisión de la Plataforma prevista para 2027 y la elaboración de un protocolo ético. Planteamos construir posiciones compartidas desde la COP31, dialogar oportunamente con las Partes y acompañar la transición hacia las nuevas representaciones regionales.
En financiamiento, revisamos las negociaciones sobre el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo para responder a Pérdidas y Daños y el Fondo de Adaptación. Abordamos también la revisión del mecanismo financiero, el programa de trabajo sobre financiación climática y el compromiso de aumentar los recursos para adaptación. Planteamos que el acceso a estos mecanismos sea directo, oportuno, flexible y culturalmente pertinente, y que se eliminen las barreras burocráticas que dificultan que los recursos lleguen a nuestros territorios.
En adaptación, analizamos la Hoja de Ruta de Adaptación de Bakú: la identificación de impactos, vulnerabilidades y riesgos; la planificación para su implementación; las tecnologías; el financiamiento y el fortalecimiento de capacidades. Reivindicamos nuestros sistemas de conocimiento como fuentes de ciencia, orientación territorial y respuesta frente a la crisis climática.
Respecto a las pérdidas y daños económicos y no económicos que enfrentamos, revisamos tres componentes de la arquitectura internacional: el Mecanismo Internacional de Varsovia, encargado de la coordinación política y la generación de conocimiento; la Red de Santiago, orientada a la asistencia técnica; y el Fondo para responder a Pérdidas y Daños, responsable del apoyo financiero.
Insistimos en que estos mecanismos deben actuar de manera articulada, garantizar salvaguardas, respetar nuestro consentimiento libre, previo e informado, reconocer las pérdidas no económicas y permitir el acceso directo. Nos preocupa que algunas recomendaciones aún no nos reconozcan expresamente como Pueblos Indígenas, pese a los impactos sobre nuestra vida comunitaria, espiritualidad, espacios sagrados, conocimientos y continuidad cultural.
Abordamos la participación de mujeres, jóvenes y personas indígenas con discapacidad. Se presentó la propuesta de fortalecer un espacio propio de las personas indígenas con discapacidad dentro del Caucus, con representación significativa, liderazgo, accesibilidad y capacidad de incidencia.
Reclamamos que las mujeres indígenas sean reconocidas como actoras de la acción climática y que sus derechos, necesidades y liderazgos se incorporen al Plan de Acción de Género de Belém, a las contribuciones determinadas a nivel nacional y a los mecanismos de financiamiento. Llamamos a reforzar su protección y la de quienes defendemos los territorios frente a la violencia, la criminalización, el desplazamiento y las represalias.
Representantes de las siete regiones trabajamos en la declaración de apertura que se presentará ante la plenaria de la COP31. El mensaje reafirma que nuestros derechos inherentes, colectivos e individuales no son negociables y deben garantizarse en toda medida climática. Durante décadas hemos aportado nuestros conocimientos y ciencias a las negociaciones, mientras enfrentamos los efectos de una crisis que no provocamos.
Con el inicio de la Conferencia, mantendremos reuniones diarias del Caucus entre las 9:00 y las 9:55 de la mañana para revisar las negociaciones, distribuir el seguimiento de los temas y coordinar nuestros mensajes e intervenciones.
Desde la CNTI contribuiremos a esta agenda común con la experiencia de nuestros pueblos en Colombia. Defendemos el reconocimiento y la garantía de los derechos territoriales como una condición para enfrentar la crisis climática y proteger la biodiversidad, con respeto por nuestra autonomía, conocimientos y formas de relacionarnos con la naturaleza.
En el marco del Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) reafirmamos que la protección de la naturaleza no puede separarse de la garantía de los derechos territoriales, la autonomía y el Gobierno Propio de los Pueblos Indígenas. La guerra no solo amenaza nuestras vidas: también destruye las relaciones que sostienen los territorios y nuestras formas colectivas de existencia.
La explotación de la Madre Tierra, la contaminación de las aguas y las economías asociadas a los conflictos armados generan afectaciones que trascienden el daño ambiental. Cuando se intervienen, contaminan o destruyen nuestros territorios, también se afectan relaciones culturales, espirituales, comunitarias y productivas fundamentales para nuestra permanencia como pueblos.
Por ello, exigimos investigar y detener las actividades de explotación de la Madre Tierra vinculadas con la financiación de actores armados, la violencia y el despojo. La prevención de nuevos daños requiere enfrentar las economías que sostienen la guerra y garantizar protección efectiva para autoridades, líderes, lideresas, guardias indígenas, médicos tradicionales y demás personas que defienden la vida y los territorios.
La protección territorial también exige avanzar en el reconocimiento, formalización, restitución y protección integral de nuestras tierras y aguas. Estas acciones deben respetar nuestras autoridades, el Gobierno Propio, la Consulta Previa, Libre e Informada y las decisiones colectivas de los pueblos. No puede hablarse de protección ambiental mientras persistan condiciones de inseguridad jurídica, violencia y despojo sobre los territorios indígenas.
Asimismo, la reparación frente a los daños ocasionados por la guerra debe comprender la integralidad de nuestras relaciones territoriales. Reparar no significa únicamente recuperar una extensión de tierra: implica restablecer las condiciones para cuidar las aguas, acceder a los espacios sagrados, sembrar, pescar, ejercer nuestros gobiernos y desarrollar nuestras prácticas culturales y espirituales. Nuestros conocimientos y decisiones deben orientar estos procesos, acompañados de garantías efectivas de no repetición.
También exigimos recursos directos, accesibles y sostenidos para proteger y recuperar nuestros territorios de acuerdo con nuestras prioridades, sistemas de conocimiento y formas de vida. La protección de la naturaleza no puede depender de decisiones externas que desconozcan a los Pueblos Indígenas como autoridades territoriales y sujetos colectivos de derechos.
La construcción de paz requiere territorios reconocidos, protegidos y libres de las violencias que amenazan nuestra permanencia. Por ello, hacemos un llamado al Estado para prevenir los daños, investigar responsabilidades y cumplir sus obligaciones mediante acciones concretas, recursos, plazos y mecanismos de seguimiento. A los actores armados les exigimos respetar nuestras vidas, nuestra autonomía y nuestros territorios.
Proteger la naturaleza exige enfrentar las violencias que amenazan a quienes la defendemos y garantizar que los Pueblos Indígenas podamos permanecer, gobernar y cuidar nuestros territorios.
Los delegados, delegadas indígenas y organizaciones que integran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en representación de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia, rechazamos los hechos de violencia que han provocado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas en Nuquí, Chocó, y expresamos nuestra profunda preocupación ante la grave crisis humanitaria que enfrentan las familias, autoridades y comunidades afectadas, así como por las condiciones de riesgo que persisten en sus territorios.
Nos solidarizamos con las comunidades desplazadas y con quienes permanecen bajo amenaza, pero también denunciamos los hechos de violencia que continúan afectando a los Pueblos Indígenas del Chocó y que han generado desplazamientos forzados, confinamientos y graves afectaciones territoriales. Advertimos, además, que la falta de una respuesta oportuna y efectiva por parte del Gobierno Nacional y de las instituciones competentes profundiza esta crisis y contribuye a la vulneración de derechos humanos, colectivos y territoriales fundamentales.
El 1 de noviembre, aproximadamente 500 personas indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en Jurubidá, se vieron obligadas a abandonar su territorio ante la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales. A esta situación se suma el riesgo que enfrenta la comunidad de Puerto Indio, donde cerca de 300 personas podrían verse obligadas a desplazarse si persisten las condiciones de inseguridad.
Esta emergencia no es un hecho aislado ni imprevisible. Desde abril de 2024, la Alerta Temprana 009 de la Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos derivados de la presencia y disputa territorial entre actores armados en los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó. La materialización de estas amenazas en confinamientos y desplazamientos evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de prevención, protección y respuesta institucional.
Para los Pueblos Indígenas, el desplazamiento forzado no significa únicamente abandonar una vivienda. Implica romper relaciones comunitarias, culturales y espirituales; afectar el ejercicio del Gobierno Propio; interrumpir prácticas ancestrales y poner en riesgo la permanencia y pervivencia de los pueblos en sus territorios. Por ello, cualquier respuesta a esta emergencia debe reconocer la dimensión colectiva y territorial de las afectaciones.
Desde la CNTI exigimos al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes garantizar una atención humanitaria inmediata, integral y con enfoque étnico y diferencial; adoptar medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades que permanecen en riesgo; y coordinar cualquier actuación con las autoridades indígenas. Las garantías para un eventual retorno deben asegurar condiciones de voluntariedad, seguridad, dignidad, no repetición y permanencia territorial.
También hacemos un llamado a evaluar las medidas adoptadas frente a las alertas previamente emitidas y a fortalecer la coordinación institucional para impedir nuevos desplazamientos. Las alertas tempranas deben traducirse en acciones oportunas y garantías efectivas para proteger la vida, la autonomía y los territorios de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos Indígenas no podemos seguir siendo desplazados de nuestros territorios por una guerra de la que no somos parte. Reafirmamos nuestro llamado al respeto de nuestras autoridades, el Gobierno Propio, la autonomía y los derechos territoriales.
La protección de la vida exige garantizar la permanencia de los pueblos en nuestros territorios. La presencia y las disputas entre actores armados en nuestros territorios ponen en riesgo la vida, la autonomía, el Gobierno Propio y la permanencia y pervivencia de nuestros pueblos.
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
Del 3 al 5 de noviembre participamos en la decimosexta reunión del Grupo de Trabajo de Facilitación (FWG16) de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP), realizada en Antalya, Turquía. El encuentro forma parte de la agenda preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se realizará del 9 al 20 de noviembre en la misma ciudad.
Junto con representantes indígenas de las siete regiones socioculturales del mundo, delegados de los Estados y otros participantes, analizamos los avances y desafíos del Plan de Trabajo de Bakú 2025-2027. Las discusiones abordaron cómo fortalecer la incorporación de nuestros sistemas de conocimiento, perspectivas territoriales y prioridades en las políticas y acciones internacionales frente a la crisis climática.
Entre los resultados, destacamos la adopción de un plan de implementación con plazos definidos para las actividades del Plan de Trabajo de Bakú. Sus seis enfoques colectivos comprenden el intercambio de conocimientos, la articulación regional, el diálogo intergeneracional, la cooperación con otros órganos de la Convención, el relacionamiento con los Estados y la planificación estratégica.
Asimismo, el Grupo de Trabajo acordó continuar fortaleciendo los mecanismos de participación de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, reconociendo la necesidad de garantizar mayor inclusión, transparencia y equidad en los procesos de nominación y selección de quienes participan en las actividades de la Plataforma.
Otro asunto fue la construcción del Protocolo Ético de la Plataforma, que busca orientar las relaciones y los intercambios de conocimientos. Consideramos fundamental que este instrumento respete nuestros sistemas de conocimiento, derechos colectivos y autodeterminación. El protocolo continúa en elaboración; su alcance dependerá de los contenidos y mecanismos que finalmente se acuerden.
Para enero de 2027 se prevé un encuentro entre sesiones para continuar la elaboración del informe del Grupo de Trabajo, la propuesta del Plan de Trabajo 2028-2031 y las contribuciones de la Plataforma al segundo Balance Mundial del Acuerdo de París, que evaluará los avances y las brechas de la respuesta internacional al cambio climático.
En el desarrollo del FWG16, los representantes de América Latina y el Caribe participaron en los espacios de intercambio y presentaron recomendaciones orientadas al fortalecimiento del trabajo de la Plataforma. Estas discusiones adquieren especial relevancia para una región donde los Pueblos Indígenas enfrentamos crecientes presiones sobre nuestros territorios, derivadas tanto de los impactos del cambio climático como de actividades extractivas y de proyectos asociados a los procesos de transición energética.
Desde la perspectiva de la CNTI, creemos que uno de los principales desafíos consiste en que el reconocimiento de los conocimientos, prácticas y contribuciones de los Pueblos Indígenas no se limite a su inclusión en diálogos y documentos internacionales, sino que se traduzca en garantías efectivas para la protección de los territorios, el ejercicio del gobierno propio y la participación en las decisiones que afectan los derechos de los Pueblos Indígenas.
En ese sentido, resulta fundamental que las discusiones de la Plataforma mantengan una relación directa con los principales procesos de negociación climática, especialmente aquellos relacionados con la adaptación, la transición justa, el financiamiento climático y las medidas de protección frente a las pérdidas y daños ocasionados por la crisis climática.
Finalmente como parte de la programación de la Plataforma durante la COP31, entre el 9 y el 13 de noviembre se desarrollarán encuentros de portadores de conocimientos, diálogos intergeneracionales y espacios de intercambio con representantes gubernamentales y otros órganos de la CMNUCC. Estas actividades abordarán la relación entre los sistemas de conocimiento propia de los Pueblos Indígenas, el patrimonio cultural, el bienestar colectivo, la protección de los ecosistemas y las respuestas territoriales frente al cambio climático.
Continuaremos nuestra participación en la COP31 y haremos seguimiento a las discusiones y decisiones que incidan en los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia. Reafirmamos que la acción climática debe respetar nuestra autonomía y traducirse en compromisos verificables para el reconocimiento y la protección integral de nuestros territorios.
La defensa de los territorios indígenas debe ocupar un lugar central en la acción climática mundial. Reconocer el papel de los Pueblos Indígenas en la protección de la naturaleza implica también garantizar los derechos territoriales, respetar los sistemas de gobierno propio y asegurar que podamos participar de manera efectiva en las decisiones para enfrentar la crisis climática.
Defender los territorios indígenas es defender la vida
El Sistema de Información sobre Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) muestra que esa presión tiene un costo en vidas. Cuidar el territorio no debería costarnos la vida, pero en los últimos diez años se han registrado 962 indígenas víctimas de homicidio en Colombia. Entre enero de 2025 y agosto de 2026 se registraron 144, y más de una de cada tres ejercía un rol de liderazgo, autoridad, guardia o medicina tradicional.
