por STI | Jun 24, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Del 24 al 26 de junio se desarrolla la Tercera Sesión 2026 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), espacio vinculante de diálogo y concertación política de Gobierno a Gobierno, creado por el Decreto 1397 de 1996, que reúne a los 115 Pueblos Indígenas de Colombia. Esta sesión es de alta relevancia dado que es un momento decisivo para la agenda territorial indígena, marcado por el contexto de cambio de Gobierno Nacional.
Hoy siendo 24 de junio, se desarrolló el espacio técnico donde las instituciones convocadas presentan la información solicitada por los delegados y delegadas de las organizaciones indígenas y la Secretaría Técnica Indígena con el objetivo de analizar las acciones frente a los acuerdos suscritos en este espacio y frente a los temas de relevancia para el avance de los derechos territoriales indígenas. Este espacio permite tener información clave para revisar las acciones urgentes de cierre de gobierno, los temas que deberán abordarse tanto en empalme, así como los mecanismos o estrategias como base para continuar la construcción con el próximo gobierno.
Aquí, no hablamos solo de números o acciones en frío, sino que se trata de obligaciones del Estado relacionadas con la pervivencia física, espiritual y cultural de los pueblos, mediante la protección a la posesión, la identificación de nuestros territorios, el avance contundente de garantizar la seguridad jurídica de los territorios, su formalización, restitución y recuperación de los vínculos.
En este escenario reiteramos que la concertación debe producir resultados en términos de derechos. La palabra acordada debe traducirse en hechos, decisiones, actuaciones administrativas y cronogramas verificables, con responsables definidos y capacidad real de ejecución. La continuidad de la agenda territorial indígena exige claridad institucional, voluntad política y cumplimiento integral de los compromisos asumidos por las entidades del Gobierno Nacional.
Como instancia de Gobierno a Gobierno, exige interlocución de alto nivel, responsabilidad institucional y respuestas concretas frente a los temas estructurales que afectan nuestros territorios. En esta primera jornada reafirmamos la necesidad de la producción, acceso, uso y manejo de la información como derecho fundamental en clave de las funciones establecidas para este espacio. Sin información completa, pertinente y accesible, se debilita la toma de decisiones, se profundizan las asimetrías institucionales y se limita la capacidad de los pueblos para proteger sus territorios.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jun 24, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
La Semana de Acción Climática de Londres 2026, que se desarrolla del 20 al 28 de junio, reúne espacios de debate y formulación de rutas de acción sobre asuntos estratégicos como financiamiento climático, transición energética, resiliencia, diplomacia climática y liderazgo indígena. En el marco de la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, la participación de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas se proyecta en tres escenarios estratégicos de incidencia internacional.
Los espacios en los que participamos activamente son el evento “Cerrando la brecha: un llamamiento al reconocimiento, la participación y la protección de los defensores de los derechos humanos y ambientales en la acción climática”, correspondiente al 22 de junio; el panel “Una transición justa más allá de la extracción: derechos de los Pueblos Indígenas y acción climática”, del 23 de junio; y la mesa redonda “Fomentando la resiliencia: una mesa redonda sobre la construcción de instituciones sostenibles para los Pueblos Indígenas”, del 25 de junio.
En estos espacios sostenemos una posición clara: la acción climática solo será justa, efectiva y duradera si se traduce en la garantía de los derechos territoriales, en la protección de quienes defendemos la vida y en el fortalecimiento real de los sistemas de vida y del gobierno propio de los Pueblos Indígenas. Es momento de superar la visión tecnocéntrica de las soluciones climáticas y avanzar hacia un cambio de paradigma frente a la crisis.
No llegamos a estos escenarios para cumplir una presencia simbólica ni para narrar de manera decorativa lo que durante generaciones hemos cuidado. Llegamos a disputar el sentido de la acción climática internacional y a insistir en que la protección de la naturaleza está inseparablemente ligada a la seguridad jurídica de los territorios, a la autonomía, a la participación efectiva y a la garantía de los derechos colectivos.
El espacio del 22 de junio permite insistir en una cuestión de fondo: la defensa de los derechos humanos y ambientales no comienza únicamente con medidas reactivas frente al riesgo, sino con el reconocimiento efectivo de los territorios indígenas. Desde la experiencia de la CNTI sostenemos que el reconocimiento integral de los territorios constituye una acción climática concreta. La evidencia producida por nuestros sistemas propios de información, como el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I), demuestra que los Pueblos Indígenas gobernamos territorios fundamentales para el sostenimiento de la vida y del equilibrio ecológico.
La violencia contra quienes defendemos los territorios no es un fenómeno aislado. Está vinculada al despojo, a la inseguridad jurídica y a modelos de desarrollo que desconocen nuestros derechos. Por eso, proteger a las personas defensoras indígenas exige comenzar por garantizar territorios reconocidos, autonomía real y participación efectiva en las decisiones climáticas. Defender integralmente el territorio es también proteger a quienes lo cuidan.
El panel del 23 de junio permite profundizar en otra discusión decisiva: una transición energética justa debe apartarse de la lógica extractiva que produjo la crisis actual. Sustituir combustibles fósiles por tecnologías que requieran la extracción de minerales ubicados en territorios indígenas no constituye una transición justa, menos aún si no se garantiza el consentimiento ni se respeta la autonomía. Una transición energética que no incorpore de manera explícita nuestros derechos sería una nueva fase del mismo modelo de despojo.
En ese sentido, afirmamos con contundencia que los territorios indígenas no pueden convertirse en zonas de sacrificio para sostener la transición energética global. La justicia climática exige reconocimiento pleno de los derechos territoriales, respeto vinculante al consentimiento libre, previo e informado, protección de los lugares sagrados y participación directa en los espacios donde se definen el financiamiento, la inversión, las salvaguardas y la política climática.
La mesa redonda del 25 de junio abre una discusión atravesada con frecuencia por supuestos equivocados. El llamado “desarrollo de capacidades” suele partir de la idea de que las capacidades están fuera de los pueblos y deben ser introducidas desde el exterior, por personas e instituciones ajenas a nuestros sistemas de conocimiento. Frente a esa mirada, afirmamos que los Pueblos Indígenas hemos construido durante generaciones sistemas propios de gobierno, ordenamiento territorial, conocimiento, resolución de conflictos y formas de relación armónica con la naturaleza. Por eso, el problema central no es transferir capacidades ajenas, sino reconocer, respetar y fortalecer las que ya existen en los territorios.
En ese contexto, la resiliencia no puede reducirse a una simple adaptación a la crisis desde marcos ajenos a lo que los pueblos han construido milenariamente. Para nosotros, ser resilientes significa mantener la capacidad de seguir existiendo como pueblos y de sostener lenguas, autoridades, conocimientos y formas de vida, incluso en contextos de presión, violencia e incertidumbre.
Esta agenda también interpela la forma en que circulan los recursos climáticos. El apoyo externo solo fortalece a los pueblos cuando amplía la autonomía y acompaña procesos definidos desde los territorios. Cuando las prioridades se imponen desde afuera, los recursos quedan atrapados en estructuras de intermediación y los esfuerzos organizativos terminan subordinados a requisitos administrativos ajenos a las necesidades reales de las comunidades.
Las formas actuales de financiamiento y de provisión de recursos externos suelen promover dependencia y debilitar la capacidad organizativa y de acción propia. Para transformar esa lógica se requieren relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el respeto, la flexibilidad y el financiamiento directo. También se requiere apoyo para fortalecer el gobierno propio, los sistemas de información, los mecanismos organizativos y las capacidades territoriales, no para sustituirlos ni subordinarlos.
Los tres espacios hacen visible una discusión política común. La protección de personas indígenas defensoras, la transición energética justa y el fortalecimiento de la resiliencia de los pueblos no son asuntos separados. Forman parte de una misma disputa por el reconocimiento de los Pueblos Indígenas como autoridades territoriales y como actores centrales de la acción climática. No somos beneficiarios pasivos ni portadores de un conocimiento accesorio para los foros internacionales. Gobernamos territorios fundamentales para la estabilidad climática, producimos evidencia propia sobre las amenazas que los afectan y sostenemos respuestas ancestrales frente a la crisis ecológica.
Desde Londres reafirmamos que cerrar la brecha en la acción climática exige transformar la arquitectura del reconocimiento, la participación y el financiamiento. Exige reconocer que proteger los derechos territoriales indígenas es proteger la biodiversidad, el clima y la vida; que defender a quienes cuidan el territorio es una prioridad climática y de derechos humanos; y que fortalecer los sistemas de vida y el gobierno propio requiere financiamiento directo, respeto por la autonomía y apoyo de largo plazo. Mientras los territorios indígenas, nuestras autoridades y propuestas sigan siendo tratados como secundarios, no habrá justicia climática ni transición verdaderamente justa.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jun 22, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
La Semana de Acción Climática de Londres 2026, que se desarrolla del 20 al 28 de junio, reúne espacios de debate y formulación de rutas de acción sobre asuntos estratégicos como financiamiento climático, transición energética, resiliencia, gobernanza urbana, diplomacia global y liderazgo indígena en la defensa de los bosques y los territorios.
Los Pueblos Indígenas de Colombia llegamos a este escenario con una convicción política clara: no habrá acción climática efectiva ni justa sin el reconocimiento y la garantía plena de los derechos de nuestros pueblos. Venimos de uno de los países más biodiversos y pluriculturales del planeta, donde los territorios indígenas han protegido durante generaciones bosques, aguas, páramos, nevados y sabanas mediante sistemas de vida, gobierno propio y conocimientos que hoy siguen siendo fundamentales para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
Nuestra presencia en este escenario no responde a una voluntad de testimonio simbólico. Llegamos a exigir que esas contribuciones sean reconocidas en las decisiones globales, en las políticas públicas, en los mecanismos de financiación y en las salvaguardas que orientan la acción climática internacional.
Reconocer y proteger los territorios indígenas es reconocer una de las soluciones climáticas más efectivas y vigentes del planeta. La acción climática no comienza ahora en estos territorios. Allí existe desde hace siglos, sostenida por sistemas de conocimiento, formas de gobierno propio y relaciones de cuidado que han protegido ecosistemas esenciales para la regulación climática y la vida. Por eso insistimos en que la seguridad jurídica territorial también es una medida climática. La identificación, protección y garantía efectiva de los derechos territoriales fortalecen la capacidad de seguir cuidando la biodiversidad, sostener ciclos vitales y enfrentar la crisis desde respuestas ya probadas por la historia de los pueblos.
Esta exigencia se vuelve aún más urgente en el debate sobre transición energética. No aceptamos que, en nombre de la crisis climática, se impongan nuevas formas de despojo ni se conviertan los territorios indígenas en zonas de sacrificio para abastecer la demanda global de minerales, energía o infraestructura. Una transición que reemplaza combustibles fósiles por actividades extractivas que vulneran derechos, debilitan la autonomía y afectan formas de vida no puede presentarse como justa.
La respuesta a la crisis climática no puede reproducir las mismas causas que la produjeron. Debe construirse sobre la justicia social, el respeto a la libre determinación y la participación efectiva de los pueblos en los espacios donde se definen metas, estrategias y mecanismos de implementación.
También insistimos en que defender el territorio es defender la vida. La violencia contra los Pueblos Indígenas no es un fenómeno aislado. Está vinculada al despojo territorial, a la discriminación estructural, a la expansión de economías ilegales y extractivas y a la insuficiente protección estatal. Cuando se amenaza, desplaza, criminaliza o asesina a quienes cuidamos los territorios, también se debilitan las condiciones necesarias para proteger la biodiversidad y enfrentar la crisis climática. Por eso, la protección de defensoras y defensores indígenas debe asumirse como una prioridad climática, ambiental y de derechos humanos, no como un asunto periférico o posterior.
Del mismo modo, la financiación climática y de biodiversidad debe transformarse. No basta con que existan recursos si estos continúan concentrándose en estructuras de intermediación que deciden prioridades sin participación efectiva de quienes habitan, gobiernan y protegen los territorios. Los recursos deben llegar de manera directa, accesible y culturalmente pertinente a los Pueblos Indígenas. No se trata solo de financiar proyectos. Se trata de fortalecer derechos territoriales, gobierno propio, protección colectiva, monitoreo territorial, comunicación propia y sistemas de conocimiento. Sin participación efectiva y sin financiación directa, la acción climática seguirá reproduciendo desigualdades en lugar de resolverlas.
Desde Londres reafirmamos una exigencia que no admite ambigüedades: sin territorios indígenas protegidos, sin garantías para quienes defienden la vida y sin participación y financiación directa, no habrá justicia climática ni transición energética justa. La acción climática debe reconocer a los Pueblos Indígenas como autoridades territoriales y no como beneficiarios pasivos. Estos territorios no son espacios disponibles para decisiones ajenas. Son territorios vivos, con autoridades, normas propias, conocimientos y propuestas concretas para sostener la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jun 20, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el rumbo político que tome el país también se decide el futuro de los territorios indígenas, de los derechos colectivos y de la protección de ecosistemas estratégicos para la vida. Para los Pueblos Indígenas, la formalización territorial no es un trámite ni una meta burocrática. Es una garantía de pervivencia, permanencia, seguridad jurídica y gobierno propio. De su avance dependen no solo el reconocimiento de una relación ancestral, cultural y espiritual con los territorios, sino también las condiciones materiales para cuidar la vida y sostener los sistemas propios de conocimiento.
Formalizar es garantizar derechos. Cada territorio constituido o ampliado fortalece la protección jurídica de los pueblos y reconoce una relación histórica con espacios habitados, cuidados y defendidos durante generaciones. Cuando la formalización avanza, se abren condiciones para proteger la biodiversidad, cuidar ecosistemas estratégicos y sostener formas de vida ancladas en la memoria, la espiritualidad y el territorio. Por eso, cualquier discusión sobre el futuro del país debe asumir con seriedad que la garantía territorial no es un asunto secundario, sino una condición para la vida colectiva.
Los datos muestran diferencias concretas entre periodos de gobierno. Entre 2018 y 2022 se culminaron 87 procedimientos y se formalizaron 369.736 hectáreas más 9.978 metros cuadrados. En el periodo 2022–2026, aún sin concluir, se han culminado 255 procedimientos y se han formalizado 1.474.210 hectáreas más 6.033 metros cuadrados. Esto significa que los procedimientos casi se triplicaron y que las hectáreas reconocidas fueron casi cuatro veces mayores frente al periodo anterior. No se trata de una variación menor. Es una diferencia que muestra que, cuando existen voluntad política, capacidad institucional y exigencia indígena, los derechos territoriales pueden avanzar de manera más decidida.
Ese avance también se refleja en el comportamiento anual de los procedimientos culminados entre 2022 y 2026. En 2022 se registraron 8; en 2023, 69; en 2024, 84; en 2025, 81; y en lo corrido de 2026, 13. En total, se han culminado 255 procedimientos: 145 constituciones y 110 ampliaciones. Estos datos muestran una tendencia sostenida que no debe ser leída como una concesión, sino como el resultado de una combinación entre lucha indígena, capacidad de incidencia y apertura institucional. Al mismo tiempo, dejan claro que la formalización territorial puede acelerarse cuando el tema se asume como una prioridad política real.
La protección de los territorios ancestrales también depende de decisiones políticas concretas. El Decreto 2333 de 2014 abrió una ruta para proteger territorios ocupados o poseídos ancestral y tradicionalmente por los Pueblos Indígenas. De las 14 resoluciones de protección expedidas desde su creación, 12 corresponden al actual periodo de gobierno. Este dato confirma que la protección territorial no avanza por inercia. Requiere determinación institucional y reconocimiento efectivo de que los territorios indígenas no pueden seguir expuestos a la desprotección, al rezago administrativo ni a la inseguridad jurídica.
Sin embargo, estos avances no cierran la deuda histórica. Es necesario continuar la formalización, fortalecer la protección territorial y garantizar que los procedimientos respondan a las necesidades reales de los pueblos. Sin territorio no hay derechos garantizados. La seguridad jurídica no solo protege a los Pueblos Indígenas; también es una condición para cuidar la biodiversidad, sostener la vida y avanzar en paz, protección ambiental y derechos humanos. Lo que está en juego no es solo el reconocimiento de unas hectáreas. Es la posibilidad de garantizar territorios vivos, pueblos con futuro y ecosistemas protegidos para toda la sociedad.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jun 19, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
La paz, los derechos colectivos y la protección territorial tienen efectos directos sobre la vida de los Pueblos Indígenas. Esa afirmación no es una consigna vacía ni una interpretación abstracta de la coyuntura. Es una realidad que puede leerse con claridad en los registros propios del Sistema de Información de Violencia Sociopolítica de Pueblos Indígenas, SIVOSPI, una herramienta construida para enfrentar el subregistro histórico que durante años ha invisibilizado la violencia sistemática ejercida contra autoridades, líderes, lideresas, comuneros, comuneras, mayoras, mayores, niñas y niños indígenas.
El SIVOSPI no solo cuenta casos. Permite ver cómo las decisiones del Estado frente a la paz tienen consecuencias concretas en los territorios. Cuando se debilitan la implementación de los acuerdos, las garantías de protección y las respuestas integrales a las causas estructurales de la violencia, el riesgo aumenta. Los datos muestran con crudeza ese punto de quiebre: el salto de 38 homicidios políticos en 2017 a 61 en 2018, y luego la profundización de esa tendencia hasta llegar a 82 en 2019, 115 en 2020 y 114 en 2021. Esas cifras no pueden leerse como hechos aislados. Expresan el costo de dejar a los territorios sin garantías reales de protección.
La violencia colectiva también confirma esa relación. El registro propio evidencia que las masacres crecieron durante los años de mayor debilitamiento de la implementación de paz y empezaron a descender cuando se reabrieron rutas de intervención orientadas a enfrentar la guerra y sus causas estructurales. El hecho de que la tendencia baje no autoriza el triunfalismo ni permite desconocer la persistencia del conflicto. Al contrario, obliga a una lectura más rigurosa: los respiros son frágiles, pero demuestran que las decisiones institucionales sí tienen efectos sobre la protección de la vida. Frenar la guerra salva vidas; abandonar la paz las pone en riesgo.
Este panorama también deja una enseñanza política de fondo. No es posible separar la defensa de la vida de la defensa del territorio. Allí donde aumentan los homicidios, las masacres y la violencia sociopolítica, también se profundizan el confinamiento, el desplazamiento, el reclutamiento y la ruptura del relevo generacional. Cada autoridad asesinada, cada guardia atacada, cada comunero desplazado afecta la continuidad de los sistemas propios de vida y conocimiento. Mantener viva a la gente es el primer paso para asegurar el territorio ancestral y los diversos vínculos establecidos con él.
Por eso insistimos en que el futuro del país no puede tratar la paz, la seguridad territorial y los derechos colectivos como asuntos secundarios. No se trata solo de reducir cifras. Se trata de garantizar condiciones reales para la pervivencia y permanencia de los pueblos, para la defensa del territorio y para la continuidad de la memoria y del gobierno propio. La violencia no solo destruye vidas individuales. Ataca la posibilidad misma de seguir existiendo como pueblos con territorio, cultura y horizonte propio.
Decidir por la vida exige asumir con seriedad la urgencia de proteger los territorios y de sostener políticas orientadas a enfrentar las causas estructurales de la violencia. Implica fortalecer la implementación de la paz, garantizar seguridad territorial efectiva y reconocer que proteger a los Pueblos Indígenas es también proteger una parte esencial del equilibrio democrático, ambiental y cultural del país. Mantener vivos a los pueblos es defender el territorio, el relevo generacional y los sistemas de vida y conocimiento que sostienen su existencia colectiva. Para proteger el territorio, nos la jugamos por la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jun 17, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
La expedición de la Resolución 0663 de 2026, mediante la cual se declara la Reserva de Recursos Naturales Renovables Corazón del Mundo, Sierra Nevada de Santa Marta – Gonawindua, constituye un paso de alto valor político, territorial y ambiental para la protección de uno de los ecosistemas más estratégicos del país.
No se trata únicamente de una decisión administrativa sobre un área de especial importancia ecológica. Se trata del reconocimiento de un territorio cuya integridad ambiental, espiritual y cultural es esencial para el equilibrio de la vida.
La Sierra Nevada de Santa Marta posee una singularidad excepcional. En ella convergen todos los pisos térmicos, desde las nieves perpetuas hasta el mar Caribe, y se sostiene una diversidad biológica, hídrica y ecosistémica de importancia nacional y planetaria. Pero su valor no puede entenderse solo desde la perspectiva natural.
La Sierra es también el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, quienes la reconocen y la cuidan como el Corazón del Mundo. Cualquier medida de protección sobre este territorio debe partir de esa verdad territorial: la vida de la Sierra no puede separarse de la vida de los pueblos que ancestralmente la han protegido.
La resolución adquiere aún mayor relevancia en un contexto de amenazas persistentes sobre este territorio. La presión de actividades extractivas, el impacto del cambio climático, la fragmentación institucional de la gestión ambiental y los riesgos sobre las relaciones bioculturales que sostienen el equilibrio territorial hacen necesaria una respuesta estatal más robusta y coherente.
En ese sentido, la declaratoria de la reserva fortalece un marco de protección que debe orientarse no solo a conservar ecosistemas, sino a garantizar la permanencia de las relaciones espirituales, culturales y territoriales que hacen posible la vida en la Sierra Nevada.
Esta decisión también reafirma una discusión de fondo que el país no puede seguir postergando: la protección de la biodiversidad no puede disociarse de la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. No hay conservación real si se desconoce el vínculo intrínseco entre territorio, conocimientos, prácticas espirituales, formas de gobierno y vida colectiva.
La Sierra Nevada de Gonawindua no es un espacio natural aislado del tejido humano. Es un territorio vivo donde agua, cerros, mares, manglares, nieves perpetuas, sitios sagrados y pueblos indígenas conforman un mismo sistema de relaciones. Por eso, proteger este territorio implica reconocer y respetar sus derechos bioculturales.
La resolución también plantea un reto decisivo de articulación institucional. Su efectividad dependerá de que las entidades ambientales del orden nacional y regional avancen hacia una gestión ecosistémica integral, armonicen instrumentos de ordenamiento y actúen con coherencia frente a las obligaciones de protección.
La declaratoria será insuficiente si no se traduce en coordinación efectiva, intercambio de información, control sobre actividades incompatibles con la vocación del territorio y decisiones sostenidas que impidan nuevas afectaciones sobre la Sierra. La protección jurídica debe convertirse en protección material y duradera.
En un momento en que el país discute transición energética, modelos de desarrollo y políticas de conservación, esta decisión deja un mensaje claro: la vida y los territorios deben estar en el centro de las decisiones públicas. La Sierra Nevada es un ejemplo vivo de un trabajo histórico y milenario fundado en la Ley de Origen y en los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas que la habitan.
El territorio es el primero de todos los derechos, porque es allí donde se sostienen el agua, la biodiversidad, la espiritualidad, la memoria y las formas de vida que garantizan el equilibrio. Proteger el Corazón del Mundo no es un asunto sectorial. Es una responsabilidad colectiva con la vida, con los pueblos y con el futuro.
¡Defender los territorios es defender la vida!
