por STI | Abr 27, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos de manera categórica los hechos violentos ocurridos en el Cauca durante los últimos días, en un contexto de creciente inseguridad, atentados y afectaciones directas contra la población civil.
En este escenario, condenamos de manera particular los actos ocurridos en el sector El Túnel, municipio de Cajibío, sobre la vía Panamericana, donde la detonación de artefactos explosivos dejó víctimas fatales y personas heridas. Estos hechos constituyen una agresión grave contra la vida y una nueva expresión de la escalada de violencia que golpea a los territorios indígenas y a las comunidades del suroccidente colombiano.
Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas por estos hechos. Nos unimos al clamor de las autoridades indígenas del Cauca frente al dolor, la incertidumbre y el riesgo que hoy enfrentan comuneros, trabajadores, transeúntes y población civil ajena al conflicto, que termina padeciendo las consecuencias de acciones armadas que no distinguen la vida civil ni respetan los mínimos humanitarios.
Estos hechos no son aislados. Se inscriben en un panorama de creciente inseguridad en el Cauca, marcado por la presencia de múltiples actores armados, por la sistematicidad de los atentados y por el aumento de amenazas, asesinatos selectivos y violaciones a los derechos humanos. La instalación de explosivos en una vía altamente transitada constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y pone en riesgo inminente la vida de las comunidades y la pervivencia colectiva de los Pueblos Indígenas del departamento.
En primer lugar, exigimos a los grupos armados el cese inmediato de las acciones que siguen sembrando muerte y terror en los territorios. Nuestros territorios no son botín de guerra. Exigimos respeto por la vida, por la población civil, por nuestra autonomía, por los mecanismos de control territorial y por los procesos organizativos de los pueblos. Ningún actor armado puede pretender justificar la violencia sobre las comunidades ni convertir los territorios indígenas en escenario de disputa.
Asimismo, exigimos al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales la adopción de medidas urgentes y eficaces, concertadas directamente con las autoridades indígenas. La respuesta no puede reducirse a la militarización de las vías. Se requiere una protección integral que garantice la seguridad de las comunidades, respete la jurisdicción especial indígena y fortalezca las capacidades territoriales de prevención y cuidado. Exigimos también a la Fiscalía General de la Nación resultados prontos, imparciales y transparentes para identificar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos.
Hacemos además un llamado a los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, para que fortalezcan su presencia, monitoreo y acompañamiento en el Cauca y en el suroccidente colombiano. Defender el territorio no puede seguir costando la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Abr 27, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Del 24 al 29 de abril de 2026, en Santa Marta, se realiza la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. Este espacio se plantea como una plataforma política impulsada por países comprometidos con avanzar hacia sociedades y economías independientes de los combustibles fósiles. Se trata de un escenario complementario a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, orientado a abrir un proceso que impulse una transición progresiva, con continuidad en una segunda conferencia.
Esta conferencia no es un órgano de negociación, no reemplaza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y tampoco constituye un espacio para negociar un nuevo tratado sobre combustibles fósiles. Su propósito es contribuir a la construcción de orientaciones políticas y de cooperación internacional frente a la necesidad de superar la dependencia de estos modelos energéticos. Sin embargo, desde los Pueblos Indígenas reiteramos que ninguna transición puede considerarse justa si desconoce los derechos territoriales.
La participación de los Pueblos Indígenas es fundamental porque nuestros territorios no son zonas de sacrificio y porque nuestros sistemas de conocimiento y gobierno forman parte de la solución. Superar la dependencia económica de los combustibles fósiles exige reconocer las economías indígenas en armonía con los sistemas territoriales, culturales y de vida de nuestros pueblos. La transición no puede imponerse desde afuera ni diseñarse sin participación efectiva y vinculante.
También advertimos que no aceptamos una transición basada en nuevos extractivismos. Rechazamos que, bajo el nombre de transición, se promuevan nuevas formas de minería, infraestructura impuesta o uso intensivo del agua sobre nuestros territorios. La transición no puede repetir el mismo modelo de despojo. Alertamos sobre tres riesgos concretos: nuevas formas de extractivismo, colonialismo sobre los territorios indígenas y violaciones a los derechos humanos.
Frente a ello, proponemos una ruta clara: protección jurídica integral de los territorios indígenas, zonas libres de combustibles fósiles y minería, reconocimiento de nuestros sistemas de conocimiento, y reparación integral con garantías de no repetición. Exigimos autonomía, prioridades indígenas e incidencia real en los escenarios internacionales. La transición solo será justa si respeta la vida, el territorio y los derechos de los pueblos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Abr 26, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
El 25 de abril, la Casa Ka”Sankwa abrió sus puertas como un espacio de encuentro, trabajo autónomo, actividades y eventos paralelos en el marco de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles.
Durante cuatro días, este lugar de los Pueblos Indígenas se convierte en escenario para compartir, dialogar y seguir posicionando nuestra palabra, luchas y propuestas.
Por estos días hemos trabajado en la adecuación de este espacio para recibir a quienes nos acompañan en esta agenda. La Casa Ka”Sankwa es una extensión del trabajo político y organizativo de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, al servicio del impulso, la exigencia y la materialización de nuestros derechos territoriales. Es también un lugar para el encuentro, la articulación y el fortalecimiento de nuestra incidencia y defensa territorial en el marco de la Conferencia.
En la jornada de apertura dimos la bienvenida a la Casa Ka”Sankwa con una programación que expresa el sentido político y colectivo de este espacio. Presentamos nuestras investigaciones propias más recientes: El Territorio es ancestral. Caminos, luchas y desafíos de los Pueblos Indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta y del Pueblo Sikuani en la Altillanura; Reservas Indígenas en Colombia. Historia, auge y lucha por su reconocimiento; y Proteger los territorios, riesgo para la vida. Violencias contra los Pueblos Indígenas en Colombia (2023-2024). Informe ejecutivo.
También recorrimos el SIG-I como herramienta para la defensa territorial y abrimos una exposición fotográfica que recoge los últimos años de recorrido por los territorios indígenas.
La jornada también incluyó la instalación de nuestra emisora Ka”tikunsi y un espacio para compartir comida y música, como parte de un encuentro que afirma la cultura, espiritualidad, la memoria y la organización de los pueblos. Durante estos días desarrollamos actividades, eventos paralelos y espacios de trabajo propio para seguir construyendo desde la autonomía y sostener el posicionamiento de nuestras propuestas en este escenario internacional.
Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en estos días de encuentro y trabajo. La Casa Ka”Sankwa abre sus puertas como un espacio vivo de los Pueblos Indígenas, al servicio de la palabra, la organización y la defensa de nuestros territorios.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Abr 15, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
La CNTI cerró su Primera Sesión Mixta 2026 con avances jurídicos y políticos clave para los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas culminó su Primera Sesión Mixta 2026, desarrollada entre el 8 y el 10 de abril, como un espacio vinculante de concertación política de Gobierno a Gobierno creado por el Decreto 1397 de 1996. Durante esta jornada, los delegados y delegadas indígenas, junto con la Secretaría Técnica Indígena, hicieron seguimiento a compromisos previos, evaluaron avances institucionales y exigieron respuestas concretas frente a los temas estructurales que siguen afectando los derechos territoriales de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia.
Entre los principales logros de esta sesión se destaca la entrega del Decreto 1392 de 2025, resultado de un trabajo concertado entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional. Este instrumento actualiza la ruta para la constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas, así como la conversión de reservas indígenas en resguardos. Se trata de un avance importante para fortalecer la seguridad jurídica de los territorios colectivos y superar rezagos normativos que durante décadas limitaron la formalización territorial. A este avance se suma un hito ambiental de especial relevancia: la modificación de la ruta metodológica del Ministerio de Ambiente sobre la función ecológica de la propiedad, cambio que desmonta barreras técnicas que durante 26 años obstaculizaron el reconocimiento de derechos territoriales indígenas.
La sesión también permitió avanzar en el Decreto de Identificación, instrumento normativo que busca reconocer oficialmente la demarcación territorial hecha por los propios pueblos desde sus sistemas de conocimiento. De igual forma, se acordó una Ruta de Urgencia 2026 ante el cierre del actual ciclo de gobierno en junio, con el fin de acelerar acciones relacionadas con la compra de predios, el reconocimiento de resguardos de origen colonial y republicano, y la protección de ecosistemas acuáticos. Estos resultados muestran que la incidencia política y jurídica de los Pueblos Indígenas sigue abriendo caminos concretos para la defensa del territorio.
Sin embargo, la sesión también dejó en evidencia asuntos graves que siguen sin resolverse. La CNTI advirtió el rezago institucional en la restitución de territorios indígenas, reflejado en el alto número de demandas inadmitidas y rechazadas, así como en la falta de equipos técnicos suficientes y oportunos para avanzar en la etapa judicial. Esta situación continúa frenando la garantía efectiva de los derechos territoriales y la reparación integral. También se alertó sobre incumplimientos en la aplicación de la Directiva 01 de 2025 por parte de la Agencia Nacional de Tierras, especialmente frente a solicitudes y trámites que se superponen con territorios indígenas y que pueden generar inseguridad jurídica, conflictos y nuevas desarmonías territoriales.
Frente a este panorama, los Pueblos Indígenas reiteraron que no basta con reconocer avances parciales. La implementación efectiva de los acuerdos, el cumplimiento de los cronogramas, la presencia de funcionarios con capacidad real de decisión y la acción coordinada de las entidades del Estado siguen siendo indispensables. La CNTI reafirmó que no habrá justicia ni paz territorial sin el pleno cumplimiento de los compromisos suscritos con los Pueblos Indígenas, y que la ausencia institucional, la dilación y la falta de garantías reales profundizan las desconfianzas y ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos originarios.
De cara a la Segunda Sesión Mixta, la exigencia se mantiene. Los Pueblos Indígenas insistirán en que los avances alcanzados se traduzcan en decisiones verificables, rutas operativas claras y resultados concretos en materia de formalización, restitución, protección territorial y cumplimiento normativo. La Primera Sesión Mixta 2026 dejó logros importantes, pero también confirmó que la defensa del territorio exige continuidad política, vigilancia permanente y voluntad real del Estado para cumplir lo acordado.
por STI | Abr 13, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Los Pueblos Indígenas somos actores fundamentales en el cumplimiento del Punto 1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y la efectiva transversalización de los principios y salvaguardas establecidos en el Punto 6.2. Capítulo Étnico, en especial, en lo que concierne a la formulación e implementación de la política Catastro Multipropósito.
En este contexto, y en garantía del derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada, la concertación de las adecuaciones normativas para la implementación de la política de catastro multipropósito en territorios y territorialidades indígenas se surtió en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) y, de manera ampliada, en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), como espacios legítimos de concertación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena. Estos acuerdos fueron posteriormente protocolizados y se materializaron a través de:
- La Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que en sus artículos 45 y 46 definen el alcance de la gestión catastral en territorios y territorialidades de comunidades indígenas y en territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; y el deber de adecuación institucional para la implementación de la política de catastro, respectivamente.
- El Decreto 462 de abril de 2025, que reglamenta la implementación de la política de catastro multipropósito en territorios y territorialidades indígenas.
- La Resolución 806 de 2025, que establece los requisitos para la contratación de Operadores Catastrales Indígenas.
- La Resolución 807 de 2025, que adopta el Instrumento Operativo y el modelo de aplicación LADM_COL para predios que correspondan o coincidan con los territorios y territorialidades indígenas para los procesos de gestión catastral con enfoque multipropósito.
A partir de este marco normativo y procedimental, hoy los Pueblos Indígenas contamos con la habilitación legal para ser operadores catastrales indígenas en nuestros territorios formalizados. El mismo marco normativo establece herramientas para que nuestros territorios y territorialidades no formalizados sean identificados con enfoque intercultural y bajo la coordinación con nuestra autoridades y sistemas de gobierno propio durante las labores de gestión catastral a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los gestores catastrales habilitados.
La construcción de mecanismos y disposiciones especiales para la gestión catastral multipropósito en nuestros territorios y territorialidades tiene el propósito de proveer insumos para el ordenamiento territorial, la seguridad jurídica, y el fortalecimiento de sistemas de información geográfica sobre los territorios en el país.
Así mismo, la actualización catastral de los territorios y territorialidades indígenas aporta al afianzamiento de la compensación por impuesto predial que la Nación efectúa en favor de los municipios en los que existan resguardos indígenas.
En suma, el Catastro Multipropósito constituye una herramienta estructural para la seguridad jurídica de la información predial del país, la planeación territorial y la reducción de brechas históricas que han afectado de manera particular el ejercicio de nuestros derechos territoriales.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Abr 10, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) alertamos sobre un patrón de desconocimiento de los derechos territoriales que sigue afectando a los Pueblos Indígenas de Colombia. El Estado persiste en desconocer, en sus actuaciones administrativas, la existencia de territorios indígenas, respecto de los que hemos exigido históricamente su identificación, protección y garantía, de manera que, no son tierras sobre las cuales se puede disponer libremente. Lo que está en juego no solo es un asunto de procedimientos administrativos, sino la materialización de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y su goce efectivo.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el territorio indígena, además de las áreas constituidas en resguardo, incluyen los territorios de ocupación ancestral, los territorios en solicitud de constitución y ampliación, y los espacios donde los pueblos desarrollan sus actividades de subsistencia. También, el artículo 14.2 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 2.14.20.3.5 del Decreto 1071 de 2015 obligan al Estado a demarcarlos y protegerlos conforme a la posesión y ocupación ancestral. Sin embargo, mientras los procedimientos administrativos permanecen postergados durante años o décadas, distintas entidades del Estado avanzan en la implementación de programas y adjudicaciones a otros actores sobre nuestros territorios.
Pueblos como los Wayuu, Barí, Embera, Nasa, Awá, Sikuani, Yukpa o U’wa enfrentan lógicas estatales que vulneran estas prerrogativas: el Estado dilata el reconocimiento de fondo de nuestros derechos territoriales, pero acelera decisiones que favorecen a terceros y afectan la integridad territorial indígena. Cada obra ejecutada sin consulta, así como cada adjudicación o medida que desconoce la autonomía indígena, profundiza la inseguridad jurídica que padecen los Pueblos Indígenas sobre los territorios.
Los Pueblos Indígenas hemos sido obligados a sostener una litigiosidad permanente para defender nuestros derechos ya reconocidos. Tutelas, desacatos, recursos administrativos, acciones judiciales e insistencias ante la Corte Constitucional, se convierten en la única vía para frenar decisiones estatales que nunca debieron adoptarse sin el reconocimiento previo de los territorios indígenas. Este traslado de la carga institucional y económica a los pueblos es incompatible con la protección reforzada que el Estado debe a los Pueblos Indígenas, desde el principio de buena fe y desde la obligación preventiva alrededor del exterminio físico y cultural a los que nos hemos visto sometidos.
Por ello, desde este escenario exigimos avanzar de manera prioritaria en los procedimientos administrativos de constitución, ampliación, saneamiento, así como en la identificación y reconocimiento ancestral de los territorios indígenas; atender el cumplimiento efectivo y verificable de las órdenes judiciales relacionadas con la protección integral y la formalización de los territorios. Así como, articular acciones entre las entidades estatales y las carteras sectoriales para que las medidas de protección cubran la integralidad de los territorios.
Exigimos que el Estado deje de obligarnos a defender judicialmente, una y otra vez, lo que ya nos pertenece por derecho propio y por mandato constitucional. La paz territorial en Colombia depende de que el Gobierno Nacional asuma con seriedad que proteger los territorios indígenas no es una concesión, sino una obligación ineludible del Estado Social de Derecho.
¡Defender los territorios es defender la vida!
