Incidencia de la CNTI en la Ruta Integral del Pueblo Arhuaco: saneamiento y sexta ampliación del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco

Incidencia de la CNTI en la Ruta Integral del Pueblo Arhuaco: saneamiento y sexta ampliación del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco

El 11 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la Mesa Técnica correspondiente a la Sesión N.º 120 del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con la participación de la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Durante esta jornada se abordaron temas estratégicos relacionados con la formalización y protección de los territorios indígenas, reafirmando el compromiso del Estado con el goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia.

Como resultado de este proceso, el 12 de noviembre de 2025, el Consejo Directivo de la ANT aprobó el procedimiento de saneamiento y sexta ampliación del Resguardo Indígena Kogui Malayo Arhuaco, ubicado en los municipios de Dibulla, Riohacha y San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira, y en los municipios de Santa Marta y Ciénaga, en el departamento del Magdalena.

Esta aprobación marca un avance clave dentro de la Ruta Integral del Pueblo Arhuaco, un proceso construido a partir del Acuerdo de Jimain, firmado el 25 de noviembre de 2023 entre el Gobierno Nacional y las autoridades Arhuacas, con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Dicho compromiso fue ratificado mediante el Acuerdo 21 de la VI Sesión Mixta de la CNTI, celebrada el 1 de diciembre de 2023, en la que se definió la puesta en marcha de una ruta interinstitucional orientada a la ampliación, saneamiento, adquisición y restitución de derechos territoriales de los resguardos Arhuaco de la Sierra, Businchama y Kogui Malayo Arhuaco.

Desde entonces, la CNTI, a través de su Secretaría Técnica Indígena, ha acompañado de manera permanente el desarrollo de esta ruta, fortalecida mediante los acuerdos y mesas técnicas posteriores que han permitido avanzar en la coordinación interinstitucional entre las entidades del Estado y las autoridades Arhuacas.

Este hito se suma a los avances alcanzados en cumplimiento de los compromisos suscritos en el marco de la CNTI, que han permitido consolidar un proceso articulado para la protección del territorio ancestral y la seguridad jurídica del pueblo Arhuaco. Todos estos esfuerzos han contribuido a la consolidación de la Ruta Integral, generando condiciones para la pervivencia cultural, la autonomía y el fortalecimiento del gobierno propio.

La aprobación de este proyecto de acuerdo se consolida como un resultado tangible del trabajo conjunto entre las comunidades, la CNTI y las instituciones del Gobierno Nacional, reafirmando los compromisos asumidos en la Ruta Integral del Pueblo Arhuaco. Este logro refleja el esfuerzo colectivo por garantizar la seguridad jurídica, la protección integral y la pervivencia del territorio ancestral, en coherencia con el mandato del Decreto 1500 de 2018 y los principios de la Línea Negra (Sheshiza).

Desde la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI reiteramos que la formalización, ampliación y saneamiento de los territorios indígenas no son simples trámites administrativos: son actos de justicia histórica y de protección de la vida de los pueblos originarios.

¡Defender los territorios es defender la vida!

CRIC presentó en la COP30 el Mandato ATEA, una herramienta de derecho propio para hacer respetar los derechos de la Tierra

CRIC presentó en la COP30 el Mandato ATEA, una herramienta de derecho propio para hacer respetar los derechos de la Tierra

Comunicado de prensa

Por: Bernardo Bejarano / CNTI

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) expuso en el pabellón de Colombia en la COP el Mandato ATEA, un instrumento de gobierno propio que el año pasado fue reconocido por el Estado.

En el conversatorio ‘Mandato ATEA: sinergias entre biodiversidad y cambio climático para la protección de la Madre Tierra (Uma Kiwe)’, Adalberto Sánchez, líder de Espacios de Vida del CRIC, destacó que esta iniciativa indígena dio lugar al Decreto Ley 1094 de 2024, que hace unos días fue declarado exequible por la Corte Constitucional.

El mandato, constituido por 36 artículos y cuya sigla significa Autoridad Territorial Económica-Ambiental, busca reducir la presión extractivista y recuperar áreas degradadas en las zonas de influencia de los 11 pueblos reunidos en el CRIC, hacer prevalecer los derechos indígenas en esas jurisdicciones y, en general, defender de los derechos de la Madre Tierra.

Todo esto, a partir del convencimiento de que los espacios de vida van allá de los espacios físicos, y se construyen a partir de la relación de las comunidades con los animales, los vegetales y los minerales.

Para el CRIC, como para el resto del Caucus Indígena reunido en Belém (Brasil), la biodiversidad y el clima no deben tener agendas separadas, “pues ambas son expresiones del equilibrio natural”, en palabras de Sánchez.

Finalmente, el líder caucano defendió que la autoridad territorial es uno de los pilares de las soluciones climáticas y que la supervivencia de los pueblos indígenas y la protección del planeta son inseparables. “El Mandato ALTEA es una contribución del CRIC a la humanidad, concluyó.

De Brasil a Nueva Zelanda

Después de Sánchez habló Ceiça Pitaguary, secretaria de Gestión Ambiental y Territorial del Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil, quien contó que desde 2012, cuando se expidió la Política Nacional de Tierras Indígenas, el Estado del país vecino reconoce la gestión que los pueblos originarios hacen de sus territorios. En el país vecino el Estado reconoce la gestión indígena de sus territorios desde 2012, cuando se expidió la Política Nacional de Tierras Indígenas.

Esta política, explicó la funcionaria, permite que los planes de gestión territorial y ambiental (el equivalente de los POT colombianos) se construyan a partir de los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Pitaguary destacó que la norma de 2012 se construyó de abajo hacia arriba, mediante consultas a los pueblos indígenas. “Desde entonces es una “herramienta de protección de los territorios”, agregó.

El panel, moderado por María Violet Medina Quiscué, del pueblo nasa, se cerró con una breve intervención de Macy Duxfield, una joven maorí de Nueva Zelanda, quien recordó que la relación entre ellos y quienes ostentan el poder en el país se remonta a 1840, cuando funcionarios de la Corona británica y jefes tribales de la isla norte firmaron el Tratado de Waitangi. Este es considerado como el documento fundacional de la nación oceánica y el punto de referencia para las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas.

¡Defender los territorios es defender la vida!

 

Defensoras Territoriales Indígenas frente a las economías extractivas y la transición energética en Colombia

Defensoras Territoriales Indígenas frente a las economías extractivas y la transición energética en Colombia

En el marco de la COP30, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), con el apoyo de Forest Peoples Programme (FPP), realizó el evento paralelo “Defensoras territoriales indígenas, economías extractivas y transición energética en Colombia”, un espacio dedicado a visibilizar la voz, el liderazgo y las luchas de las mujeres indígenas frente a las transformaciones globales que impactan directamente sus territorios.

El panel estuvo integrado por Cielo Chindoy Muchavisoy, mujer indígena del Pueblo Kamëntšá, politóloga e internacionalista, defensora de los derechos territoriales y del Buen Vivir en el Valle de Sibundoy; y Paola Chindoy, mujer Kamëntšá y presidenta de ASOMI (Asociación de Mujeres Indígenas Sabedoras de la Medicina Ancestral), reconocida por su liderazgo en la defensa de los derechos de las mujeres y de los territorios. La conversación fue moderada por Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la CNTI.

Las panelistas coincidieron en que no puede hablarse de justicia climática ni de transición energética justa sin reconocer la centralidad de los territorios indígenas y el rol de las mujeres que los sostienen.

Desde la experiencia Kamëntšá, explicaron que la justicia ambiental solo es posible cuando se respeta el tejido espiritual, cultural y comunitario que garantiza la vida. La transición energética no puede basarse en nuevas formas de extractivismo “verde”, sino en procesos construidos con los pueblos y no sobre sus territorios.

En su intervención, Cielo y Paola subrayaron que las decisiones globales aún se toman lejos de los territorios, sin comprender las realidades concretas que viven las mujeres indígenas. Persisten brechas estructurales: escasa representación en los espacios formales de negociación, falta de reconocimiento de sus aportes a la protección de los ecosistemas, ausencia de mecanismos reales para incluir sus propuestas en políticas climáticas y energéticas.

Aseguraron que sin la participación plena, efectiva y vinculante de las mujeres indígenas, la COP30 corre el riesgo de repetir la distancia histórica entre discursos globales y realidades territoriales.

El espacio visibilizó los riesgos específicos que enfrentan las mujeres indígenas en Colombia: violencia armada y presencia de actores ilegales, presiones extractivas, criminalización del liderazgo comunitario, sobrecarga de cuidados y afectaciones emocionales y espirituales.

Las panelistas hicieron un llamado claro a los gobiernos y a la comunidad internacional: proteger a las defensoras territoriales es indispensable para proteger la vida y el equilibrio de los territorios. No hay transición energética posible si continúa el despojo, la amenaza y la violencia contra quienes cuidan la tierra.

El evento cerró con un mensaje dirigido a todas las mujeres indígenas que defienden la vida en sus territorios: la fuerza de las defensoras nace de la memoria colectiva, de los saberes ancestrales y del mandato espiritual de cuidar la Madre Tierra. Su caminar sostiene las luchas colectivas y recuerda que la defensa del territorio no debe costar la vida.

¡Defender los territorios, es defender la vida!

Justicia climática y transformación social para los Pueblos Indígenas

Justicia climática y transformación social para los Pueblos Indígenas

En el marco de la COP30, se realizó el evento paralelo “Justicia climática y transformación social” (Climate Justice and Social Transformation), convocado por Indigenous Peoples Rights International (IPRI). El espacio reunió a líderes y defensores de distintas regiones del mundo para abordar una realidad urgente: no existe justicia climática sin justicia social, étnica y territorial.

El panel contó con la participación de Gustavo Ulcué, de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de Colombia; Deby Rambu indígena de Indonesia de la Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); y Albert K. Barume, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, quien subrayó que “la transición energética debe construirse con los pueblos, no sobre la explotación de los pueblos”.

Defensa territorial y riesgo permanente

Los participantes coincidieron en una tesis central: Los Pueblos Indígenas protegemos y defendemos los territorios, cuidamos la vida y somos garantes de la diversidad biológica y cultural del planeta.

Sin embargo, esta labor se realiza en condiciones de amenaza constante. En todos los continentes, los territorios ancestrales enfrentan presiones crecientes derivadas del extractivismo, proyectos de infraestructura, intereses políticos, criminalización de líderes y lideresas, así como violencias sistemáticas que ponen en riesgo la pervivencia física y cultural de los pueblos.

Gustavo Ulcué, en representación de la CNTI, enfatizó que la defensa del territorio no puede seguir cobrándole la vida a quienes cuidan la Madre Tierra: “Que defender los territorios no nos cueste la vida”.

Participación plena y efectiva en la gobernanza climática

El evento destacó que la crisis climática no puede enfrentarse sin garantizar la participación plena, efectiva y con capacidad de decisión de los Pueblos Indígenas en todos los espacios de negociación y en la implementación de las políticas climáticas.

Los panelistas insistieron en que los escenarios internacionales deben dejar de vernos únicamente como poblaciones vulnerables. Somos sujetos políticos, autoridades tradicionales y custodios milenarios del equilibrio planetario. La COP30 representa una oportunidad histórica para que los Estados reconozcan que no habrá soluciones reales sin los Pueblos y territorios indígenas en el centro de la toma de decisiones.

¡Defender los territorios, es defender la vida!

Pueblos indígenas de América Latina y el Caribe piden a la COP que reconozca que su papel es decisivo

Pueblos indígenas de América Latina y el Caribe piden a la COP que reconozca que su papel es decisivo

Por: Bernardo Bejarano / CNTI

Con un llamado a que uno de los resultados de la COP30 sea el reconocimiento explícito del “decisivo” papel de los pueblos indígenas en la mitigación, la adaptación y la resiliencia climática, el secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), Camilo Niño, cerró el evento especial ‘Mutirão (minga) por la Tierra: los pueblos indígenas como generadores de impacto en la acción y la gobernanza climáticas’.

El líder arhuaco fue el vocero de América Latina y el Caribe en un panel que reunió a las siete regiones representadas en el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIPFCC).

El eje de su discurso fue que los pueblos indígenas son actores esenciales de la acción climática, titulares de derechos específicos y guardianes de territorios que mantienen los ecosistemas, la biodiversidad y el agua.

Con base en este argumento, le pidió a la presidencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene lugar en Belém (Brasil), que “apoye la integración decisiva de los derechos de los pueblos indígenas sobre nuestros territorios, tierras y recursos, así como de nuestros sistemas de conocimiento, gobierno y monitoreo”, a los programas de trabajo en Mitigación y Transición Energética, al balance global de la COP30 y a todos los procesos de implementación del Acuerdo de París.

Así mismo, exhortó a que el Marco de los Emiratos Árabes Unidos para la Resiliencia Climática Global -que busca que la adaptación climática tenga la misma relevancia que el recorte de las emisiones contaminantes- “se integre plenamente en las metas temáticas y transversales” derivadas del Acuerdo de París.

Los pueblos indígenas de la región, dijo Niño, también piden que el trabajo de sus organizaciones y sus estructuras propias se integren a los distintos grupos de acción del plan a cinco años de los Climate High-Level Champions, figura creada hace una década para impulsar lo pactado en la capital francesa.

El vocero de la CNTI insistió además en las principales demandas del IIPFCC, mejor conocido como Caucus Indígena: participación plena en la toma de decisiones climáticas, acceso directo y sostenible al financiamiento climático, seguridad jurídica sobre sus territorios y garantías especiales para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (Piaci).

En la jornada, conducida por Hindou Oumarou Ibrahim, de Chad, una de los Climate High-Level Champions, también hablaron los representantes del Pacífico, Norteamérica, el Ártico, Asia, el este de Europa (Rusia incluida) y África.

Entre las frases más destacadas de esas intervenciones figuran las siguientes:

“Los procesos burocráticos dilatan la acción climática”: Amba-Rose Atkinson, Pacífico.

“No somos decoración, somos líderes”: Eriel Déranger, Norteamérica.

“Es fácil entender la frustración de nuestros hermanos que están fuera de la Zona
Azul”: Gunn-Britt Rette: Ártico.

Transformar las economías en lugar de perpetuar el colonialismo verde: la posición de los pueblos indígenas sobre la transición justa

Transformar las economías en lugar de perpetuar el colonialismo verde: la posición de los pueblos indígenas sobre la transición justa

Comunicado de prensa

Por: Bernardo Bejarano / CNTI

Belém do Pará, 13 de noviembre de 2025. El Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIPFCC), que representa a las siete regiones socioculturales del mundo, presentó su posición oficial sobre el Programa de Trabajo para una Transición Justa (JTWP) y el Mecanismo Global de Transición Justa, que se negocian actualmente en la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

En un documento adoptado por consenso, el Caucus Indígena advierte que la transición energética mundial no será justa ni sostenible si repite los patrones históricos de despojo, violencia y exclusión que han acompañado el modelo extractivista, especialmente en territorios indígenas ricos en minerales y biodiversidad.

El IIPFCC denuncia que, en nombre de la lucha contra el cambio climático, Estados y empresas están promoviendo la búsqueda y explotación de combustibles fósiles, la minería de ‘materiales críticos’ como litio, cobre y níquel en territorios indígenas, y megaproyectos de energía renovable sin consulta previa.

El documento afirma que la transición no puede construirse sobre nuevas formas de despojo, ni reemplazar los combustibles fósiles por energías igualmente destructivas, como la nuclear. “Una verdadera transición justa debe transformar las economías, no perpetuar el colonialismo verde”, señala el texto.

El Foro exige que la decisión final de la COP30 incorpore en sus párrafos operativos –no solo en el preámbulo– el reconocimiento explícito de los derechos de los pueblos indígenas, en particular la autodeterminación y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), y el reconocimiento legal, la titulación y la protección efectiva de sus tierras y recursos.

Sus comunidades, recalca el documento, no son partes interesadas (stakeholders), sino titulares de derechos reconocidos internacionalmente por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de París.

“La parte más esencial para nosotros es asegurarnos de que los derechos de los pueblos indígenas sean referenciados apropiadamente. Hemos observado que existe apoyo de algunos países en reflejar ese lenguaje en el texto, incluso en un párrafo dedicado específicamente a los derechos de los pueblos indígenas”, comenta Bryan Bixcul, facilitador líder del Grupo Temático de
Transición Justa.

Zonas de exclusión para los Piaci

Uno de los llamados más firmes del IIPFCC es a establecer zonas de exclusión permanentes frente a toda actividad extractiva o industrial en los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (Piaci). Como estos no pueden ser consultados sin violar su derecho al  aislamiento, sus territorios deben ser intocables, se argumenta.

Esta posición coincide con la jurisprudencia más reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la práctica adoptada en países amazónicos como Colombia, Perú, Brasil y Ecuador).

“Esta va a ser quizás una batalla más difícil que las otras, pero la estamos dando y eso es lo que queremos ver reflejado dentro del texto”, admite Bryan Bixcul, facilitador líder del Grupo Temático de Transición Justa.

Al riesgo de exterminio cultural de los Piaci se suman la criminalización de líderes indígenas y la violencia contra los defensores ambientales, advierte.

El Foro reclama además acceso directo, sin intermediarios y mediante ventanillas exclusivas para los pueblos indígenas, a los fondos climáticos internacionales, incluidos el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación y el Fondo de Pérdidas y Daños.

Sus criterios en este campo son que el financiamiento debe ser predecible, no generador de deuda y apoyar las prioridades de los pueblos indígenas, como la energía comunitaria, la restauración territorial, la agricultura sostenible y la gobernanza propia. “Los pueblos indígenas no deben pagar la factura de la transición energética”, se enfatiza.

Llamado a crear un Mecanismo Global de Transición Justa

El IIPFCC apoya la creación de un Mecanismo Global de Transición Justa bajo el Acuerdo de París, diseñado como un sistema basado en derechos humanos, con poder decisorio real.

De acuerdo con su visión, esta instancia debería reconocer la UNDRIP como estándar mínimo obligatorio, garantizar la participación de los pueblos indígenas en todos los niveles de decisión, dar al conocimiento indígena el mismo peso que al científico, y crear mecanismos de rendición de cuentas y reparación por violaciones de derechos.

“Si este mecanismo no trasciende lo técnico para convertirse en un vehículo de implementación de derechos, no cumplirá las expectativas del artículo 2 del Acuerdo de París, al que está anclado el Programa de Transición Justa”, sentencia Bixcul.

El Foro rechaza la energía nuclear como alternativa limpia, y recuerda que su cadena de producción es intensiva en carbono y genera desechos radiactivos permanentes.

También advierte que la expansión de los biocombustibles no puede considerarse una solución verde si conlleva deforestación, pérdida de biodiversidad o inseguridad alimentaria.

El IIPFCC subraya que la COP de Belém, la primera que se celebra en la Amazonia –la región más biodiversa del planeta–, debe marcar un punto de inflexión en la manera como el mundo concibe la justicia climática. “Sin justicia para los pueblos indígenas, no habrá transición justa”, concluye el documento.

El objetivo de esta declaración de principios es influir en las negociaciones de la COP30 para asegurar que el Programa de Trabajo sobre Transición Justa (JTWP) y cualquier nuevo mecanismo global de transición se construyan sin perder de vista los derechos de los pueblos indígenas y sin repetir los errores del modelo extractivista tradicional.

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