En el marco del Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) reafirmamos que la protección de la naturaleza no puede separarse de la garantía de los derechos territoriales, la autonomía y el Gobierno Propio de los Pueblos Indígenas. La guerra no solo amenaza nuestras vidas: también destruye las relaciones que sostienen los territorios y nuestras formas colectivas de existencia.
La explotación de la Madre Tierra, la contaminación de las aguas y las economías asociadas a los conflictos armados generan afectaciones que trascienden el daño ambiental. Cuando se intervienen, contaminan o destruyen nuestros territorios, también se afectan relaciones culturales, espirituales, comunitarias y productivas fundamentales para nuestra permanencia como pueblos.
Por ello, exigimos investigar y detener las actividades de explotación de la Madre Tierra vinculadas con la financiación de actores armados, la violencia y el despojo. La prevención de nuevos daños requiere enfrentar las economías que sostienen la guerra y garantizar protección efectiva para autoridades, líderes, lideresas, guardias indígenas, médicos tradicionales y demás personas que defienden la vida y los territorios.
La protección territorial también exige avanzar en el reconocimiento, formalización, restitución y protección integral de nuestras tierras y aguas. Estas acciones deben respetar nuestras autoridades, el Gobierno Propio, la Consulta Previa, Libre e Informada y las decisiones colectivas de los pueblos. No puede hablarse de protección ambiental mientras persistan condiciones de inseguridad jurídica, violencia y despojo sobre los territorios indígenas.
Asimismo, la reparación frente a los daños ocasionados por la guerra debe comprender la integralidad de nuestras relaciones territoriales. Reparar no significa únicamente recuperar una extensión de tierra: implica restablecer las condiciones para cuidar las aguas, acceder a los espacios sagrados, sembrar, pescar, ejercer nuestros gobiernos y desarrollar nuestras prácticas culturales y espirituales. Nuestros conocimientos y decisiones deben orientar estos procesos, acompañados de garantías efectivas de no repetición.
También exigimos recursos directos, accesibles y sostenidos para proteger y recuperar nuestros territorios de acuerdo con nuestras prioridades, sistemas de conocimiento y formas de vida. La protección de la naturaleza no puede depender de decisiones externas que desconozcan a los Pueblos Indígenas como autoridades territoriales y sujetos colectivos de derechos.
La construcción de paz requiere territorios reconocidos, protegidos y libres de las violencias que amenazan nuestra permanencia. Por ello, hacemos un llamado al Estado para prevenir los daños, investigar responsabilidades y cumplir sus obligaciones mediante acciones concretas, recursos, plazos y mecanismos de seguimiento. A los actores armados les exigimos respetar nuestras vidas, nuestra autonomía y nuestros territorios.
Proteger la naturaleza exige enfrentar las violencias que amenazan a quienes la defendemos y garantizar que los Pueblos Indígenas podamos permanecer, gobernar y cuidar nuestros territorios.
Los delegados, delegadas indígenas y organizaciones que integran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en representación de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia, rechazamos los hechos de violencia que han provocado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas en Nuquí, Chocó, y expresamos nuestra profunda preocupación ante la grave crisis humanitaria que enfrentan las familias, autoridades y comunidades afectadas, así como por las condiciones de riesgo que persisten en sus territorios.
Nos solidarizamos con las comunidades desplazadas y con quienes permanecen bajo amenaza, pero también denunciamos los hechos de violencia que continúan afectando a los Pueblos Indígenas del Chocó y que han generado desplazamientos forzados, confinamientos y graves afectaciones territoriales. Advertimos, además, que la falta de una respuesta oportuna y efectiva por parte del Gobierno Nacional y de las instituciones competentes profundiza esta crisis y contribuye a la vulneración de derechos humanos, colectivos y territoriales fundamentales.
El 1 de noviembre, aproximadamente 500 personas indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en Jurubidá, se vieron obligadas a abandonar su territorio ante la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales. A esta situación se suma el riesgo que enfrenta la comunidad de Puerto Indio, donde cerca de 300 personas podrían verse obligadas a desplazarse si persisten las condiciones de inseguridad.
Esta emergencia no es un hecho aislado ni imprevisible. Desde abril de 2024, la Alerta Temprana 009 de la Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos derivados de la presencia y disputa territorial entre actores armados en los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó. La materialización de estas amenazas en confinamientos y desplazamientos evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de prevención, protección y respuesta institucional.
Para los Pueblos Indígenas, el desplazamiento forzado no significa únicamente abandonar una vivienda. Implica romper relaciones comunitarias, culturales y espirituales; afectar el ejercicio del Gobierno Propio; interrumpir prácticas ancestrales y poner en riesgo la permanencia y pervivencia de los pueblos en sus territorios. Por ello, cualquier respuesta a esta emergencia debe reconocer la dimensión colectiva y territorial de las afectaciones.
Desde la CNTI exigimos al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes garantizar una atención humanitaria inmediata, integral y con enfoque étnico y diferencial; adoptar medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades que permanecen en riesgo; y coordinar cualquier actuación con las autoridades indígenas. Las garantías para un eventual retorno deben asegurar condiciones de voluntariedad, seguridad, dignidad, no repetición y permanencia territorial.
También hacemos un llamado a evaluar las medidas adoptadas frente a las alertas previamente emitidas y a fortalecer la coordinación institucional para impedir nuevos desplazamientos. Las alertas tempranas deben traducirse en acciones oportunas y garantías efectivas para proteger la vida, la autonomía y los territorios de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos Indígenas no podemos seguir siendo desplazados de nuestros territorios por una guerra de la que no somos parte. Reafirmamos nuestro llamado al respeto de nuestras autoridades, el Gobierno Propio, la autonomía y los derechos territoriales.
La protección de la vida exige garantizar la permanencia de los pueblos en nuestros territorios. La presencia y las disputas entre actores armados en nuestros territorios ponen en riesgo la vida, la autonomía, el Gobierno Propio y la permanencia y pervivencia de nuestros pueblos.
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
Del 3 al 5 de noviembre participamos en la decimosexta reunión del Grupo de Trabajo de Facilitación (FWG16) de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP), realizada en Antalya, Turquía. El encuentro forma parte de la agenda preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se realizará del 9 al 20 de noviembre en la misma ciudad.
Junto con representantes indígenas de las siete regiones socioculturales del mundo, delegados de los Estados y otros participantes, analizamos los avances y desafíos del Plan de Trabajo de Bakú 2025-2027. Las discusiones abordaron cómo fortalecer la incorporación de nuestros sistemas de conocimiento, perspectivas territoriales y prioridades en las políticas y acciones internacionales frente a la crisis climática.
Entre los resultados, destacamos la adopción de un plan de implementación con plazos definidos para las actividades del Plan de Trabajo de Bakú. Sus seis enfoques colectivos comprenden el intercambio de conocimientos, la articulación regional, el diálogo intergeneracional, la cooperación con otros órganos de la Convención, el relacionamiento con los Estados y la planificación estratégica.
Asimismo, el Grupo de Trabajo acordó continuar fortaleciendo los mecanismos de participación de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, reconociendo la necesidad de garantizar mayor inclusión, transparencia y equidad en los procesos de nominación y selección de quienes participan en las actividades de la Plataforma.
Otro asunto fue la construcción del Protocolo Ético de la Plataforma, que busca orientar las relaciones y los intercambios de conocimientos. Consideramos fundamental que este instrumento respete nuestros sistemas de conocimiento, derechos colectivos y autodeterminación. El protocolo continúa en elaboración; su alcance dependerá de los contenidos y mecanismos que finalmente se acuerden.
Para enero de 2027 se prevé un encuentro entre sesiones para continuar la elaboración del informe del Grupo de Trabajo, la propuesta del Plan de Trabajo 2028-2031 y las contribuciones de la Plataforma al segundo Balance Mundial del Acuerdo de París, que evaluará los avances y las brechas de la respuesta internacional al cambio climático.
En el desarrollo del FWG16, los representantes de América Latina y el Caribe participaron en los espacios de intercambio y presentaron recomendaciones orientadas al fortalecimiento del trabajo de la Plataforma. Estas discusiones adquieren especial relevancia para una región donde los Pueblos Indígenas enfrentamos crecientes presiones sobre nuestros territorios, derivadas tanto de los impactos del cambio climático como de actividades extractivas y de proyectos asociados a los procesos de transición energética.
Desde la perspectiva de la CNTI, creemos que uno de los principales desafíos consiste en que el reconocimiento de los conocimientos, prácticas y contribuciones de los Pueblos Indígenas no se limite a su inclusión en diálogos y documentos internacionales, sino que se traduzca en garantías efectivas para la protección de los territorios, el ejercicio del gobierno propio y la participación en las decisiones que afectan los derechos de los Pueblos Indígenas.
En ese sentido, resulta fundamental que las discusiones de la Plataforma mantengan una relación directa con los principales procesos de negociación climática, especialmente aquellos relacionados con la adaptación, la transición justa, el financiamiento climático y las medidas de protección frente a las pérdidas y daños ocasionados por la crisis climática.
Finalmente como parte de la programación de la Plataforma durante la COP31, entre el 9 y el 13 de noviembre se desarrollarán encuentros de portadores de conocimientos, diálogos intergeneracionales y espacios de intercambio con representantes gubernamentales y otros órganos de la CMNUCC. Estas actividades abordarán la relación entre los sistemas de conocimiento propia de los Pueblos Indígenas, el patrimonio cultural, el bienestar colectivo, la protección de los ecosistemas y las respuestas territoriales frente al cambio climático.
Continuaremos nuestra participación en la COP31 y haremos seguimiento a las discusiones y decisiones que incidan en los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia. Reafirmamos que la acción climática debe respetar nuestra autonomía y traducirse en compromisos verificables para el reconocimiento y la protección integral de nuestros territorios.
La defensa de los territorios indígenas debe ocupar un lugar central en la acción climática mundial. Reconocer el papel de los Pueblos Indígenas en la protección de la naturaleza implica también garantizar los derechos territoriales, respetar los sistemas de gobierno propio y asegurar que podamos participar de manera efectiva en las decisiones para enfrentar la crisis climática.
Defender los territorios indígenas es defender la vida
El 29 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento «Del riesgo a la acción: implementar el Marco Mundial de Biodiversidad desde un enfoque de seguridad de la naturaleza», realizado en el Pabellón del Reino Unido en Ereván, Armenia. Ante ministros y delegaciones de gobierno, organismos internacionales, instituciones financieras e investigadores, llevamos un mensaje claro. Los Pueblos Indígenas ya producimos datos que alertan sobre los riesgos en nuestros territorios, y para reducir esos riesgos, esos datos deben convertirse en decisiones con el Estado.
El evento, organizado por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (Defra), buscó ir más allá del diagnóstico para mostrar cómo los países pueden incorporar los riesgos relacionados con la naturaleza en sus decisiones, en sus sistemas de alerta temprana, en el financiamiento y en contextos afectados por conflictos. Nuestra intervención hizo parte del bloque sobre alertas tempranas, centrado en cómo combinar múltiples señales, como las ambientales, económicas o relacionadas con conflictos, con el conocimiento de los Pueblos Indígenas para crear sistemas que permitan actuar antes de que surjan las crisis.
Nuestra respuesta partió de un hecho. Las señales ya están ahí, y los Pueblos Indígenas ya contamos con sistemas propios para registrarlas. Chey, el Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena de la CNTI, reúne más de 120 capas de información sobre ecosistemas, especies, deforestación, minería y frontera agrícola, tanto en los territorios titulados como en las tierras que los pueblos han usado y ocupado por generaciones, y que muchas veces los datos oficiales no ven. Con esa información es posible anticipar dónde un nuevo proyecto puede abrir el próximo foco de deforestación, antes de que ocurra.
A ello se suma el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI), que muestra quién está en riesgo y por qué. Entre enero de 2025 y agosto de 2026 registró 144 indígenas víctimas de homicidio. Más de una de cada tres víctimas era líder, autoridad, integrante de la guardia indígena o médico tradicional, y el 80 % de las víctimas de 2025 estaba en territorios con inseguridad jurídica. Cuando se asesina a una autoridad, se debilita el gobierno propio que protege el territorio. Por eso, la inseguridad jurídica de la tierra es un indicador claro de riesgo.
Primero llega la presión sobre la tierra, luego las amenazas y el desplazamiento, después los ataques a quienes defienden. Si no se actúa a tiempo, las comunidades pueden terminar sin poder ejercer su gobierno propio y despojadas de su territorio, y con ellas se pierde también la naturaleza que cuidan.
Según Chey, hoy el 15,44 % del área con títulos mineros vigentes, el 9,79 % del área de explotación de hidrocarburos y el 15,10 % de la deforestación del último año en el país están en territorios indígenas. Muchas de estas presiones provienen de economías legales, como la ganadería y la agroindustria, vinculadas a mercados globales, por lo que gestionar el riesgo también implica mirar las cadenas de suministro.
Pero los datos solos no reducen el riesgo. Las decisiones sí. La brecha está en el puente entre las señales de alerta y quienes tienen el mandato y los recursos para actuar. En Colombia, ese puente es la CNTI, creada por el Decreto 1397 de 1996 como espacio de concertación entre el Gobierno nacional y los Pueblos Indígenas sobre los derechos territoriales. Allí llevamos nuestros datos y conocimientos, dialogamos con el Estado y concertamos políticas y normas para proteger los territorios. Por eso, la alerta temprana no es solo un asunto de datos, sino también de decisiones.
Actuar a tiempo cuesta menos que reparar. Cuando un bosque se pierde, no vuelve. Donde los territorios indígenas cuentan con título de propiedad colectiva, los bosques están mejor protegidos, pero hoy siguen sin resolver 1.650 solicitudes de los Pueblos Indígenas para que el Estado reconozca, titule y proteja sus territorios. Asegurar los derechos territoriales es una de las formas más eficaces de acción anticipatoria.
Lo que ocurre en los territorios indígenas importa a todos. Ecosistemas como la Amazonía sostienen el agua, las lluvias y la estabilidad del clima de regiones enteras y del planeta. Por eso propusimos a los países tres acciones conjuntas. Primero, reconocer los datos y conocimientos de los Pueblos Indígenas como evidencia para la toma de decisiones. Segundo, construir puentes para que las alertas lleven a la acción, con los Pueblos Indígenas en la mesa. Y tercero, asegurar los territorios indígenas como una de las mejores inversiones en prevención.
Proteger los territorios indígenas no es solo un asunto de derechos. Es una inversión en seguridad y una responsabilidad compartida, que exige reconocer a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos y de conocimientos, no como un actor interesado más.
El 27 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en la Jornada para Acelerar la Implementación de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP Acceleration Day), realizada en Ereván, Armenia, en el Pabellón del Marco Mundial de Biodiversidad. Allí compartimos nuestra experiencia en la actualización de la NBSAP de Colombia, y llevamos un mensaje claro a los países. Acelerar la implementación de las estrategias de biodiversidad es cumplir lo concertado con los Pueblos Indígenas, con garantías reales para hacerlo y con un enfoque de derechos.
La jornada fue organizada por la NBSAP Accelerator Partnership y GIZ. Nuestra intervención hizo parte del bloque de transformación sistémica, dedicado a las narrativas indígenas que transforman la forma en que la sociedad entiende la naturaleza y el territorio, y se complementó con un diálogo con Mahlodi Tau, del Instituto Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica (SANBI), moderado por Tamar Gzirishvili.
En esta COP se presenta la primera revisión mundial de avances del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, y la pregunta de la jornada era cómo acelerar su implementación. Desde la experiencia de Colombia, compartimos cómo participamos los Pueblos Indígenas en la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad al 2030, la NBSAP del país, a partir de tres elementos: un diálogo político con el Estado, estrategias pedagógicas y de comunicación que llevaron el proceso a los territorios, e información propia que dio sustento a nuestras apuestas.
En ese proceso, los Pueblos Indígenas abrimos un diálogo político con el Gobierno, de gobierno a gobierno, y tras meses de trabajo concertamos 47 acciones para 10 metas del Marco Mundial de Biodiversidad. Esas acciones quedaron en el Plan, que Colombia presentó en la COP16. No son recomendaciones, sino compromisos concertados entre los pueblos y el Estado, que este debe cumplir.
Desde la CNTI nos enfocamos en la Meta 3 y la Meta 22, porque se vinculan directamente con nuestros territorios y derechos. En la Meta 3 concertamos cinco apuestas: la protección plena y efectiva de los territorios indígenas; su identificación; la titulación colectiva y la seguridad en la tenencia de los territorios importantes para la conectividad cultural, espiritual y ecosistémica; la restitución de los derechos territoriales en esos territorios y de los vínculos de nuestros pueblos con sus territorios; y las adecuaciones institucionales y normativas necesarias para hacer posible la Meta 3 desde un enfoque de derechos. En la Meta 22 acordamos una ruta para monitorear y reportar el indicador 22.1, sobre el cambio en el uso y la tenencia de la tierra en los territorios indígenas, en concertación con nuestros pueblos y sus sistemas de información.
Estas acciones no se lograron solo con pedirlas. Con la información de Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena, le mostramos al Gobierno lo que significan nuestros territorios para el país, y esos datos fueron argumentos para que el Estado reconociera lo que nuestros territorios aportan y la deuda que tiene con ellos. Hoy, nuestros análisis muestran que los territorios indígenas abarcan cerca de 41 millones de hectáreas, alrededor de una tercera parte del territorio continental. Allí está el 58 % de los bosques y el 61 % de las aguas superficiales, y el 91 % de sus ecosistemas se encuentra en estado natural. Además, según datos del SiB Colombia, en los resguardos se han registrado 21.544 especies, una de cada cuatro especies registradas en el país. Chey también puede ser una herramienta para implementar lo concertado, así como para aportar al reporte del indicador 22.1.
Pero los datos solos no bastan. Una acción concertada no se implementa si las comunidades no la conocen. Por eso desarrollamos estrategias pedagógicas, de incidencia y de comunicación para explicar en los territorios, en un lenguaje cercano, qué es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, qué es la Conferencia de las Partes y qué concertamos en la NBSAP, en especial en la Meta 3. Nuestra Radio Ka’tikunsi, «la voz de los territorios», fue central en ese trabajo, en alianza con radios indígenas de todo el país.
Y no solo llevamos información a los territorios, también llevamos su voz a la COP. Camino a la COP16, la Chiva Ka’tikunsi, una emisora móvil, recorrió ocho territorios indígenas y recogió nuestras narrativas sobre nuestros conocimientos, la forma en que cuidamos la vida y nuestras realidades. Así, la NBSAP y las decisiones que se negocian en estos escenarios no se quedan en un documento. Llegan a los territorios, y los territorios llegan a las decisiones.
De esta experiencia compartimos aprendizajes para dos momentos. Para los países que aún construyen o actualizan su estrategia, abrir un diálogo político con los Pueblos Indígenas desde el diseño, y no solo cuando ya está escrita, y construirla desde las realidades de los territorios, con participación plena y efectiva y reconociéndonos como autoridades y titulares de derechos. Y para acelerar la implementación de las estrategias ya construidas, que los Estados cumplan lo que concertaron con los Pueblos Indígenas y garanticen las condiciones políticas, institucionales y financieras para hacerlo, y que reconozcan nuestros sistemas propios de información como válidos para el seguimiento, los reportes nacionales y la revisión mundial del Marco. Sabemos que los recursos son limitados, pero muchas de estas acciones, como titular, restituir o consultar, son obligaciones de derechos que dependen más de voluntad política que de dinero. Y para lo que sí requiere recursos, el Marco ya comprometió a los países que financian y a fondos como el Fondo Cali y el GBFF. Lo que pedimos es que esos recursos lleguen directamente a quienes cuidamos los territorios.
Logramos que nuestras apuestas quedaran en la NBSAP de Colombia. Ahora el reto es que se cumplan. Pero acelerar no puede significar avanzar a cualquier costo. Si la prisa por cumplir las metas lleva a imponer decisiones, figuras o proyectos sobre nuestros territorios sin nuestro consentimiento, las afectaciones serán mayores. Acelerar debe hacerse con enfoque de derechos, respetando nuestros conocimientos, nuestra autonomía y el consentimiento libre, previo e informado, y reconociéndonos como sujetos colectivos de derechos. Nuestros territorios ya contribuyen a la conservación, aunque ese no sea su fin. Por eso, reconocerlos y protegerlos es también acelerar el cumplimiento de las estrategias nacionales de biodiversidad.
En el marco del 197.º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Ciudad de Panamá, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos junto con la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) en el diálogo “La libre determinación y las autonomías indígenas en el continente: a cinco años del informe de la CIDH”.
Este espacio contó con la participación de Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, y Heber Tegría Uncaría, secretario técnico indígena de la MPC. La participación conjunta expresa la importancia de articular la defensa de los derechos territoriales con la participación política, la concertación y el fortalecimiento de los gobiernos propios de los Pueblos Indígenas.
Durante el diálogo alertamos sobre los riesgos de regresividad en la garantía del derecho fundamental a la consulta previa en Colombia. Expresamos nuestra preocupación por medidas administrativas e iniciativas normativas que pueden debilitar su alcance y subordinar la participación de los Pueblos Indígenas a las prioridades de ejecución de proyectos.
Entre los asuntos planteados estuvieron la Directiva Presidencial 06 de 2026, que establece lineamientos sobre los procedimientos de consulta previa, y el Proyecto de Ley 218 de 2026 Senado, orientado a regular su proceso administrativo, y al proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre licenciamiento ambiental. Frente a estas iniciativas, insistimos en preservar las garantías de este derecho, respetar nuestras instituciones y procedimientos propios, y evitar que el avance de la evaluación ambiental condicione el diálogo y limite la incidencia efectiva de nuestros pueblos.
Para nuestras instancias de diálogo y concertación, esta articulación es necesaria e inaplazable. La seguridad jurídica de los territorios, el reconocimiento de nuestras autoridades y la capacidad de decidir sobre los asuntos que afectan nuestra vida colectiva están estrechamente relacionados. Abordarlos conjuntamente permite sostener una interlocución más integral ante el Sistema Interamericano y fortalecer la exigibilidad de nuestros derechos frente al Estado colombiano.
El diálogo toma como referencia el informe Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado por la CIDH el 28 de diciembre de 2021. Este documento recoge estándares internacionales, experiencias de autonomía y obstáculos que enfrentan los pueblos para ejercer sus derechos. También plantea recomendaciones a los Estados para avanzar en su garantía efectiva.
Desde nuestra perspectiva, la libre determinación se expresa en la posibilidad de mantener y fortalecer nuestras instituciones, elegir nuestras autoridades, ejercer el derecho propio y orientar nuestros planes de vida. Su fundamento está en nuestras historias, conocimientos y formas de relación con el territorio. Su ejercicio requiere que el Estado respete esas decisiones y garantice las condiciones para hacerlas efectivas.
El territorio sostiene esa autonomía. En él se encuentran nuestras fuentes de alimentación, las aguas, los lugares sagrados y los espacios donde transmitimos los conocimientos entre generaciones. Allí se desarrollan las relaciones comunitarias y espirituales que hacen posible nuestra pervivencia. Por eso, la protección territorial debe responder a la integridad con la que cada Pueblo comprende, habita y gobierna su espacio ancestral.
La fragmentación de los territorios, las demoras en su reconocimiento y las afectaciones sobre los espacios de vida comprometen también la capacidad de nuestros gobiernos para ejercer sus funciones. Garantizar los derechos territoriales exige avanzar en su protección, formalización y restitución, con procedimientos adecuados y respuestas institucionales oportunas.
A su vez, el reconocimiento de las autonomías debe traducirse en respeto por nuestras instituciones representativas, recursos para su funcionamiento y participación efectiva en las decisiones públicas. La consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado deben garantizarse conforme a los estándares internacionales, con respeto por nuestras autoridades, tiempos y procedimientos de decisión.
El balance alrededor de los cinco años del informe plantea una tarea concreta: examinar cómo sus recomendaciones se han traducido en garantías para los pueblos. Esto implica revisar los avances y las barreras que persisten en el reconocimiento territorial, el ejercicio del gobierno propio y la protección de quienes defienden los derechos colectivos. Cada proceso de autonomía debe ser comprendido desde la historia y las decisiones del Pueblo que lo construye.
Desde la CNTI consideramos que la participación conjunta con la MPC aporta a ese propósito. Articular nuestras experiencias y responsabilidades permite relacionar las demandas territoriales con las condiciones políticas e institucionales necesarias para ejercer la libre determinación. También fortalece el seguimiento a las obligaciones estatales y la construcción de propuestas desde los pueblos y sus organizaciones.
Nuestra participación en este diálogo continental parte de esa relación: defender los territorios supone garantizar que los Pueblos Indígenas podamos decidir sobre su presente y su futuro. La autonomía requiere territorios protegidos, autoridades respetadas y decisiones propias con garantías para su cumplimiento.
