por STI | Jul 22, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
El 22 de julio de 2026 inicia la Cuarta Sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), espacio vinculante de alto nivel para el diálogo y la concertación política de Gobierno a Gobierno, creado mediante el Decreto 1397 de 1996.
Esta es la última sesión de la CNTI con el Gobierno Nacional saliente. No representa un cierre, sino un tránsito que se asume con memoria, transparencia y responsabilidad frente a los acuerdos y consensos concertados con los Pueblos Indígenas.
Durante la jornada, las entidades presentan la información que fue entregada en el marco de empalme. Así como el estado actual de la entidad frente a los avances concretos y los retos estructurales que permanecen pendientes en materia de derechos territoriales.
Cada entidad responsable de esta agenda presenta un balance de las acciones adelantadas durante este periodo de gobierno y su plan de trabajo hasta diciembre de 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo del Decreto Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
El empalme no se limita a una entrega administrativa de información. Da cuenta de las obligaciones y deberes del Estado con los Pueblos Indígenas, los recursos disponibles que garanticen nuestros derechos, y las decisiones que aún deben adoptarse para avanzar en la garantía jurídica y material de los territorios indígenas.
Asimismo, las organizaciones y autoridades indígenas, en el marco de este escenario de diálogo y concertación, reiteramos los llamados y exigencias para proteger y recuperar los territorios ancestrales, que no pueden ser considerados baldíos de la Nación. También exigimos fortalecer el enfoque indígena en entidades como la Sociedad de Activos Especiales, vinculada al Ministerio de Hacienda, para prevenir decisiones o actuaciones que afecten nuestros territorios.
Antes de que finalice este Gobierno, es necesario definir una ruta que supere la interpretación histórica según la cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el sector agropecuario no tienen responsabilidades frente a la garantía de las relaciones culturales y de subsistencia que los Pueblos Indígenas mantenemos con las aguas en nuestros territorios.
Al cierre de este periodo de Gobierno Nacional, reafirmamos que los acuerdos alcanzados son deberes del Estado colombiano y deben tener continuidad, permanencia, agilidad y confiabilidad en el seguimiento, para garantizar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
En este espacio afirmamos que los gobiernos pasan, pero los acuerdos con los Pueblos Indígenas permanecen.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 22, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Comunicados, Directorio CNTI, Nota de prensa, Noticias
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos, a través del Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I), en la Semana de la Geomática, que se realiza del 21 al 24 de julio en la Universidad Nacional de Colombia, el evento más importante del país en el campo geoespacial.
La participación se desarrolla en alianza con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y tiene como propósito presentar ante la comunidad académica, profesionales, investigadores, estudiantes, entidades públicas, organizaciones y especialistas en información geoespacial e invitados internacionales, los avances, potencialidades aprendizajes y retos del SIG-I.
Durante el primer día de actividades, socializamos el proceso de construcción y fortalecimiento de este sistema, orientado a la generación y gestión de información geoespacial propia relevante para los territorios indígenas de Colombia.
El SIG-I ha sido fortalecido desde las necesidades, conocimientos y realidades de los Pueblos Indígenas. Su desarrollo busca contribuir al cierre de las brechas de información existentes, fortalecer las capacidades de los pueblos y promover una articulación efectiva con las entidades del Estado responsables de la gestión territorial.
La información geoespacial no se limita a ubicar los territorios en un mapa. También permite visibilizar los conocimientos producidos desde los pueblos, sustentar nuestro papel en la protección de los bosques, la biodiversidad y otros ecosistemas estratégicos, y fortalecer la autonomía mediante la generación y gestión de información propia, verídica y pertinente.
Esta información es fundamental para que las decisiones sobre nuestros territorios se adopten de manera responsable y en correspondencia con nuestros sistemas de vida, conocimiento y gobierno propio.
Los mapas, los datos y los sistemas de información fortalecen el gobierno propio, respaldan la seguridad jurídica de los territorios indígenas y aportan a su protección. Por esta razón, garantizar información propia, confiable y suficiente constituye una condición fundamental para el ejercicio de los derechos territoriales.
La participación de la CNTI en la Semana de la Geomática busca posicionar estas perspectivas en el campo geoespacial y avanzar en el reconocimiento de los Pueblos Indígenas como productores de conocimiento e información sobre nuestros territorios.
El territorio también se defiende con información.
Defender los territorios es defender la vida.
por STI | Jul 21, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos de manera categórica la intromisión violenta de un grupo armado en la comunidad Sabaneta del Resguardo Indígena Saracure Río Cada, localizado en el municipio de Cumaribo, departamento del Vichada, en la madrugada del 17 de julio de 2026. Dentro de los hechos violentos se encuentra la pérdida de 5 vidas humanas, heridos, la incineración de viviendas de la comunidad, el desplazamiento forzado de las familias, hechos que siembran dolor y destrucción en los territorios tal como lo manifiestan las autoridades indígenas.
De manera preliminar, se identificó el homicidio de la autoridad indígena Yeison Maicol Díaz Cumanica, así como la desaparición de tres comuneras, entre ellas, una menor indígena de 3 años. Posteriormente, las autoridades y la comunidad encontraron a salvo a la menor, mientras que Tania Mercedes Gaitán Rodríguez de 19 años y Clara Estrella Gaitán Rodríguez de 17 años, fueron halladas sin vida. Ambas mujeres se encontraban en estado de embarazo y, como consecuencia de estos hechos, también perdieron la vida los bebés que esperaban, por lo que se confirmó una masacre con un total de cinco víctimas.
El resguardo Saracure denunció la falta de una respuesta oportuna y eficaz por parte de las instituciones competentes, pese a que la comunidad alertó desde el primer momento sobre los hechos y el riesgo en que se encontraban las personas desaparecidas. La ausencia de las acciones inmediatas para la búsqueda, protección y atención de la emergencia, así como las demoras en la recuperación de los cuerpos, evidencian un grave incumplimiento del Estado como garante de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Al respecto, la comunidad y la autoridad del Resguardo, manifestaron:
“El día que se anunció este acto violento a las instituciones no vimos la reacción inmediata, por lo cual, yo creo, perdimos las dos vidas que estaban desaparecidas. Anoche llegué del sitio y aún no vimos ni siquiera la Fuerza Pública – el Ejército Nacional – que debió garantizar la protección de esta familia. Solamente en el lugar nos acompañó el señor personero, el inspector de policía y la Secretaria de Gobierno Municipal, nadie más. Entonces, sí nos vimos abandonados de nuestros derechos y protección. Nos sentimos preocupados a la fecha porque no ha habido pronunciamiento de ninguna de las instituciones que tienen que ver con estos hechos de violencia y además del desplazamiento forzoso.” (Autoridad Resguardo Saracure Río Cadá)
“Hasta la fecha estos dos cuerpos llevan más de 5 días y no se les ha hecho el proceso de recuperación de los cuerpos para los trámites correspondientes. El primer cuerpo que es Yeison ya está en Medicina Legal y también tenemos una persona herida en Villavicencio en atención médica.” (Autoridad Resguardo Saracure Río Cadá)
“El personero solicitó a CTI para que fueran por los cuerpos, indicando las coordenadas exactas y ni así fueron al lugar.” (Comunero Resguardo Saracure Río Cadá)
Estos hechos constituyen una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No es un caso aislado. Expresa la persistencia del conflicto armado en nuestros territorios.
A pesar de la gravedad de los hechos y de las constantes solicitudes de atención por parte de las autoridades indígenas a las entidades competentes no se ha recibido respuesta. Ante esta situación, nos sumamos al llamado urgente del Resguardo Saracure para que adopten de manera inmediata las acciones necesarias que permitan esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
Expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias de la comunidad Sabaneta, el resguardo Indígena Saracure Río Cada, los Pueblos Sikuani y Piapoco, con quienes hemos venido desarrollando jornadas de trabajo para evaluar la eficacia institucional en los procesos de restitución y defensa del territorio.
Ninguna de estas vidas puede ser absorbida por el lenguaje de la guerra, ni reducida a una cifra. Cada caso interpela al Estado y a la sociedad sobre el daño profundo que deja estos hechos atroces los cuales atentan contra la vida, la dignidad y la armonía de nuestros Pueblos.
Hacemos un llamado directo a los grupos armados ilegales para que cesen de inmediato estas prácticas que vulneran gravemente nuestros derechos. Deben entender el momento histórico y político del país, el dolor acumulado de las víctimas y la obligación elemental de respetar la vida de niñas, niños y adolescentes. Ninguna estructura armada puede pretender legitimidad mientras ataque sistemáticamente a los Pueblos Indígenas.
Exigimos también al Estado colombiano medidas urgentes, integrales y sostenidas de prevención, protección y atención para las víctimas y sus familias, especialmente en territorios indígenas y rurales donde este riesgo persiste. La violencia armada contra la población civil indígena no solo constituye un crimen de guerra, sino que configuran un exterminio que fractura el relevo generacional y destruye de manera irreversible la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia.
- A la Fiscalía General de la Nación, Fuerza Pública y Defensoría del Pueblo: Coordinar de forma prioritaria las garantías de seguridad y la logística requerida para ingresar a la comunidad Sabaneta (Saracure – Río Cada) y realizar la inspección y el levantamiento de los dos (2) cuerpos que permanecen en el lugar, con el fin de realizar su correspondiente identificación y entrega digna a las familias.
- Al ICBF: Desplegar de manera inmediata un equipo de atención de emergencia para verificar el estado de los niños, niñas y adolescentes de las familias sobrevivientes que se encuentran desplazadas, garantizando su restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial.
- A la Defensoría del Pueblo y Personerías departamentales y municipales: Emitir las alertas o activar las rutas de emergencia humanitaria requeridas, haciendo acompañamiento en terreno y verificando la situación de derechos humanos de la comunidad indígena.
- A la Procuraduría General de la Nación: Iniciar las acciones de seguimiento, de control disciplinario y de prevención frente a las instituciones que teniendo conocimiento previo de esta tragedia han incurrido en omisión o dilación para responder a la emergencia humanitaria.
- A las Autoridades Competentes: Activar de inmediato una Ruta Humanitaria de Atención Integral a Víctimas de Desplazamiento Forzado para garantizar alimentación, albergue seguro, salud y protección integral a las familias sobrevivientes.
Por último, exigimos al Estado Colombiano celeridad en la atención de la solicitud de ampliación y de restitución de derechos territoriales, las cuales no han sido atendidas por las instituciones competentes, ya que estos derechos son los primeros a garantizar para la protección de los demás derechos fundamentales que se desarrollan en nuestros territorios.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 18, 2026 | Directorio CNTI
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos de manera categórica la intromisión violenta de un grupo armado en la comunidad Sabaneta del Resguardo Indígena Saracure Río Cada, localizado en el departamento del Vichada, el día de hoy 17 de julio de 2026 en la madrugada. Dentro de los hechos violentos se encuentran el desplazamiento forzado de las familias, la incineración de viviendas de la comunidad, la pérdida de una vida humana, heridos y desapariciones forzadas, hechos que siembran dolor y destrucción en los territorios tal como lo manifiesta las autoridades del Resguardo.
Sumándonos al llamado urgente de nuestros hermanos de los Pueblos Sikuani y Piapoco, exigimos que la Fuerza Pública y demás instituciones del Estado Colombiano, activen los mecanismos de búsqueda urgente para la pronta localización, de las hermanas indígenas que se encuentran desaparecidas desde la ocurrencia de los hechos, entre ellas dos menores de edad:
- Tania Mercedes Gaitan Rodríguez – 19 años.
- Clara Estrella Gaitan Rodríguez – 17 años.
- Mery Yuriana Gaitan Rodríguez – 3 años.
Se realiza está exigencia teniendo en cuenta que a pesar de la gravedad de los hechos y de las constantes solicitudes de atención por parte de las autoridades indígenas a las entidades competentes no se ha recibido respuesta.
Estos hechos constituyen una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No es un caso aislado. Expresa la persistencia del conflicto armado en nuestros territorios.
Desde este espacio condenamos enérgicamente que como Pueblos sigamos siendo las víctimas de la insuficiente protección por parte del Estado. Esta situación se refleja en los constantes hechos de violencia que, día tras día, se registran en nuestros territorios poniendo en riesgo nuestra vida, integridad, autonomía y pervivencia física y cultural. Condenamos estos hechos, reivindicando que nuestra lucha como Pueblos y comunidades Indígenas es defender la vida, el territorio y la Paz.
Nos solidarizamos con todas las víctimas de estos hechos violentos, con sus familias y con las comunidades rurales y Pueblos Indígenas afectados por este dolor. Ninguna de estas vidas puede ser absorbida por el lenguaje de la guerra, ni reducida a una cifra. Cada caso interpela al Estado y a la sociedad sobre el daño profundo que deja estos hechos atroces los cuales atentan contra la vida, la dignidad y la armonía de nuestros Pueblos y comunidades.
Hacemos un llamado directo a los grupos armados ilegales para que cesen de inmediato estas prácticas que vulneran gravemente nuestros derechos. Deben entender el momento histórico y político del país, el dolor acumulado de las víctimas y la obligación elemental de respetar la vida de niñas, niños y adolescentes. Ninguna estructura armada puede pretender legitimidad mientras ataque sistemáticamente a los Pueblos Indígenas.
Exigimos también al Estado colombiano medidas urgentes, integrales y sostenidas de prevención, protección y atención para las víctimas y sus familias, especialmente en territorios indígenas y rurales donde este riesgo persiste. La violencia armada contra la población civil indígena no solo constituye un crimen de guerra, sino que configuran un exterminio que fractura el relevo generacional y destruye de manera irreversible la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia.
Por último, exigimos al Estado colombiano celeridad en la atención de la solicitud de ampliación y de restitución de derechos territoriales, las cuales no han sido atendidas por las instituciones competentes, ya que estos derechos son los primeros a garantizar para la protección de los demás derechos fundamentales que se desarrollan en nuestros territorios.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 17, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco del seguimiento a la implementación de la Ruta Indígena del Plan de Acción de Biodiversidad 2030, la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), la Secretaría Técnica Indígena de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y las organizaciones indígenas nos reunimos el 16 de julio para consolidar los insumos técnicos que orientarán la próxima jornada de concertación con el Gobierno Nacional, prevista para el 22 de julio.
El encuentro permitió avanzar en la construcción de las rutas de implementación de las cinco acciones concertadas para la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, con el propósito de asegurar que su desarrollo responda a los acuerdos alcanzados y fortalezca la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
Uno de los principales avances se concentró en el fortalecimiento de la ruta correspondiente a la Acción 2, relacionada con la identificación de los territorios indígenas. Durante la jornada reiteramos que este proceso constituye una condición indispensable para avanzar en la implementación de la Meta 3 y garantizar el reconocimiento efectivo de nuestros derechos territoriales.
En este sentido, insistimos en que la identificación de los territorios indígenas no puede limitarse a criterios cartográficos o administrativos. Debe partir de una comprensión integral del territorio, que reconozca la posesión y la ocupación ancestral, los sistemas propios de gobierno, así como los vínculos espirituales, culturales y de cuidado que los Pueblos Indígenas mantenemos con nuestros territorios.
Esta visión reconoce que los territorios indígenas no son únicamente espacios de conservación. Son territorios de vida, gobierno propio, memoria y ejercicio de derechos. Por ello, la implementación de la Meta 3 debe contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica territorial y garantizar que las medidas de conservación se desarrollen con pleno respeto por la autonomía, el gobierno propio y los sistemas de conocimiento de los Pueblos Indígenas.
Con este encuentro reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo, desde el diálogo y la concertación, una implementación de la Meta 3 que fortalezca los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y garantice que los acuerdos protocolizados se traduzcan en acciones concretas. Solo así será posible avanzar en el cumplimiento de las metas nacionales de biodiversidad desde un enfoque de derechos y con el reconocimiento de nuestro papel como autoridades territoriales y actores fundamentales en el cuidado de la vida y de los territorios.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 14, 2026 | Directorio CNTI
En el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA 2026, se realizó el lanzamiento oficial del Séptimo Informe Nacional de Colombia ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, instrumento que presenta el estado de avance del país en la implementación del Plan de Acción de Biodiversidad 2030 y del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal. En este escenario participó Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), una presencia que reconoce el papel que hemos desempeñado en este proceso y, al mismo tiempo, plantea una discusión de fondo sobre la manera en que se construye la política pública de biodiversidad en Colombia.
El principal desafío no consiste únicamente en presentar un informe técnico ante la comunidad internacional. El reto es garantizar que la construcción, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de biodiversidad se realicen con la participación directa y efectiva de los Pueblos Indígenas. No podemos seguir siendo convocados únicamente para validar decisiones previamente adoptadas. Debemos participar desde el momento en que se definen las prioridades, se construyen las metas, se diseñan los indicadores y se establecen los mecanismos de implementación y financiación.
Esta discusión adquiere una importancia especial porque Colombia continúa abordando de manera fragmentada dos agendas que son inseparables. Por un lado, la política ambiental; por otro, la política agraria y el reconocimiento de los derechos territoriales. Sin embargo, la evidencia demuestra que ambas hacen parte de una misma realidad: a mayor seguridad jurídica y material sobre los territorios indígenas, mayor capacidad de conservar la biodiversidad. La protección de la naturaleza no puede desvincularse de la garantía de los derechos colectivos ni del fortalecimiento del gobierno propio.
Los datos del país respaldan esta afirmación. Cerca del 30 % del territorio continental colombiano se encuentra reconocido bajo la figura de resguardos indígenas. En esos territorios se conserva el 51 % de los bosques y el 52 % de los glaciares del país, además de ecosistemas estratégicos indispensables para la regulación climática, la disponibilidad de agua y la conservación de la biodiversidad. Estas cifras muestran que los territorios indígenas no son únicamente espacios donde se cumplen metas ambientales; constituyen una de las principales garantías para hacerlas posibles.
Por esa razón, los Pueblos Indígenas y nuestros territorios debemos ser reconocidos como actores estratégicos para el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de biodiversidad. Durante generaciones hemos sostenido sistemas propios de conocimiento, gobierno y ordenamiento territorial que han permitido proteger bosques, aguas, páramos, sabanas, semillas y múltiples formas de vida. Esa experiencia no puede reducirse a un aporte complementario ni a un conocimiento que se consulta ocasionalmente. Hace parte de las soluciones vivas y reales que hoy requiere el planeta para enfrentar la pérdida de biodiversidad y la crisis climática.
En este contexto, cobra especial relevancia el reconocimiento otorgado a la viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, Edith Bastidas, por el proceso de actualización del Séptimo Informe Nacional. Durante el diálogo de alto nivel, la viceministra señaló que el Gobierno decidió presentar una radiografía honesta sobre el estado de la biodiversidad del país. Compartimos la importancia de construir diagnósticos transparentes. No obstante, esa honestidad también debe reflejarse en el reconocimiento de que ninguna política de conservación será suficiente mientras continúe separando la biodiversidad de los derechos territoriales y mientras la participación indígena siga limitada a escenarios consultivos.
Valoramos que el informe promueva una articulación amplia entre entidades del Estado, academia, comunidades, cooperación internacional y diferentes sectores sociales. Sin embargo, esa articulación solo será efectiva si el Estado reconoce y garantiza el ejercicio pleno del gobierno propio, así como el papel de los Pueblos Indígenas como autoridades territoriales y actores con capacidad de decisión en la política de biodiversidad. La construcción de las metas nacionales, sus mecanismos de seguimiento y los reportes internacionales deben incorporar de manera permanente nuestros sistemas de conocimiento de información y las decisiones adoptadas desde los territorios.
En tiempos de transición política, el desafío consiste en consolidar los avances alcanzados y evitar retrocesos en la agenda de biodiversidad. Esa continuidad exige fortalecer la participación efectiva y plena de los Pueblos Indígenas, avanzar en la garantía de los derechos territoriales y comprender que la conservación no puede sostenerse sin quienes hemos protegido estos territorios durante siglos. La progresividad de los derechos debe reflejarse también en la gobernanza ambiental y en la forma como el Estado construye sus políticas públicas.
Estamos convencidos de que es posible construir un país donde la biodiversidad, los derechos territoriales y la diversidad cultural avancen de manera conjunta. Un país donde la diferencia no sea vista como un obstáculo, sino como una condición para construir soluciones comunes frente a la crisis ambiental. La protección de la naturaleza exige reconocer que los territorios indígenas no son únicamente parte del patrimonio ambiental de Colombia: son una condición para garantizar el presente y el futuro de la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
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