Hoy inició la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural +20 (ICARRD+20), en la ciudad de Cartagena, un escenario de alcance internacional donde se debate el acceso, la redistribución de la tierra y la justicia territorial.
En este espacio participan Estados, organismos internacionales, Pueblos Indígenas, organizaciones y comunidades campesinas, afrodescendientes, pescadoras, sectores de la sociedad civil, representantes del Gobierno nacional e invitados internacionales.
En la sesión de apertura, el movimiento indígena hizo presencia activa. En la plenaria inaugural “Tierra: pasado, presente y futuro: la lucha de los pueblos por la Reforma Agraria”, intervino Rosalino Guarupe Joropa, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en representación del movimiento indígena colombiano, reafirmando que cualquier proceso de reforma agraria debe partir del reconocimiento pleno de los derechos consuetudinarios de los Pueblos Indígena.
Señaló que hablar de reforma agraria implica garantizar la consulta previa, libre e informada y asegurar la seguridad jurídica de los territorios indígenas. También dejó claro que los Pueblos Indígenas no somos un actor marginal en este debate: subrayó además que los Pueblos Indígenas no ocupamos un lugar periférico en este debate: somos sujetos políticos colectivos, con autoridad propia y capacidad real de incidir en las decisiones sobre el ordenamiento del territorio y la orientación de la transformación rural. Somos guardianes históricos de los territorios ancestrales y ejercemos una defensa activa y permanente de la vida.
En el panel “Autonomías indígenas y campesinas, interculturalidad”, se abordó la situación de regiones donde la vida, la biodiversidad y los pueblos ancestrales sostienen el equilibrio del planeta, pero que enfrentan profundas tensiones por modelos de desarrollo que desconocen los derechos territoriales y los sistemas propios de gobierno. En este espacio participó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), con la intervención de Óscar Daza, quien reiteró la necesidad de fortalecer la autonomía y la gobernanza territorial como eje de cualquier política agraria.
La participación indígena es efectiva y política. No se trata de presencia simbólica. Exigimos que la reforma agraria parta del reconocimiento pleno y efectivo de los derechos territoriales, del respeto a la propiedad colectiva y de la garantía de seguridad jurídica. Reafirmamos que la reforma agraria no se limita a redistribuir tierra. Implica restablecer los vínculos originarios con el territorio, proteger los espacios sagrados y reconocer nuestros sistemas de conocimiento, espiritualidad y de gobierno propio.
En un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y desigualdad estructural, la defensa de los territorios indígenas es una medida concreta para restaurar el equilibrio y garantizar nuestra pervivencia física y cultural. Nuestros territorios no son baldíos; son territorios colectivos con derechos ancestrales, históricos y constitucionales.
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Desde Cartagena realizamos una cobertura colectiva y colaborativa de los Pueblos Indígenas de Colombia. A través de la emisora Ka’tikunsi – La Voz de los Territorios, amplificamos la palabra y las propuestas que posicionamos en este escenario internacional.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), los Pueblos Indígenas celebramos y atendemos el llamado del Presidente de la República, Gustavo Petro, a garantizar la protección jurídica integral del Sistema ancestral de Espacios Sagrados, de Conocimientos y de Gobierno propio de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, que demarca la Línea Negra en sus áreas continentales, litorales y marinas.
Desde este escenario valoramos su sincera preocupación por la reciente anulación jurídica del Decreto 1500 de 2018, y destacamos su pronunciamiento para que se reconozca la integralidad del sistema ancestral y su carácter estructural para la pervivencia, permanencia de los Pueblos Indígenas de la Sierra.
La Sierra Nevada es un territorio sagrado y vivo, con ordenamiento ancestral y autoridades propias. Es el corazón del mundo desde la Ley de Origen de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. Frente a intentos históricos de despojo, fragmentación y exterminio, han sostenido una defensa territorial conjunta basada en su diversidad cultural y su fuerza espiritual. La Línea Negra no es una frontera administrativa, sino el sistema de espacios sagrados que estructura el orden espiritual, cultural y ambiental del territorio ancestral.
El 12 de febrero de 2026, el Consejo de Estado anuló el Decreto 1500 de 2018, que identificaba y describía las conexiones espirituales de los pueblos de la Sierra Nevada mediante 347 espacios que integran el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, oficializaba su cartografía para efectos de protección estatal y definía mecanismos específicos para su salvaguarda.
Esta decisión se aparta de la tradición jurídica que ha reconocido y protegido este territorio ancestral, y desconoce el proceso de consulta previa y el diálogo sostenido entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional. El Decreto fue resultado de una exigencia histórica de derechos, de una orden judicial de la Corte Constitucional y de una concertación de gobierno a gobierno, con respaldo técnico del IGAC y fundamento constitucional e internacional.
Sin este instrumento reglamentario, los Pueblos Indígenas de la Sierra enfrentan mayor vulnerabilidad jurídica ante intervenciones externas que pueden afectar su territorio, sus sistemas de conocimiento ancestral y el equilibrio espiritual que sostiene su existencia colectiva, un equilibrio que no solo es fundamental para estos pueblos, sino para la vida en general.
El vínculo espiritual que une a los pueblos con nuestros espacios sagrados antecede al Estado y trasciende cualquier norma; se expresa en la Ley de Origen y en el gobierno propio como fundamento cultural y normativo que guía nuestra existencia colectiva. La relación ancestral con el territorio no puede ser anulada por una decisión administrativa o judicial.
Esta situación exige medidas urgentes de protección integral y el restablecimiento de salvaguardas efectivas conforme a los estándares constitucionales e internacionales. La seguridad jurídica y material de los territorios ancestrales no puede depender de interpretaciones cambiantes, sino de compromisos firmes con la autonomía, el derecho propio y la vida misma.
En ese sentido, el llamado presidencial debe traducirse en acciones concretas que restablezcan y fortalezcan la protección integral del territorio ancestral. Es indispensable asegurar la participación directa de las autoridades propias de los 4 pueblos de la Sierra en cualquier proceso que impacte la Línea Negra y sus espacios sagrados. Desde la CNTI reiteramos que la garantía efectiva de los derechos territoriales es condición para la paz y la vida.
El 21 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO en 1999, y en Colombia celebramos el Día Nacional de las Lenguas Nativas. Para los Pueblos Indígenas, esta fecha no es solo simbólica. “Nuestra lengua es nuestro territorio”, nos recuerdan los mayores. La palabra propia es permanencia, memoria y continuidad cultural.
Las lenguas ancestrales siguen vivas. Resisten al silenciamiento, sostienen la memoria colectiva y garantizan nuestra pervivencia cultural, espiritual y territorial. Esta conmemoración ratifica el derecho a proteger, revitalizar y fortalecer nuestras lenguas como base de nuestra identidad y como dimensión inseparable del territorio que habitamos y defendemos. El territorio también se defiende con la palabra propia.
En Colombia perviven 65 lenguas indígenas, 2 criollas y la lengua romaní del pueblo Rrom. Pertenecen a 13 familias lingüísticas y constituyen patrimonio cultural inmaterial de la nación. La Constitución de 1991 reconoce las lenguas indígenas como oficiales en nuestros territorios, y la Ley 1381 de 2010 garantiza el derecho a usarlas, preservarlas y fortalecerlas. Garantizar educación en lengua materna es clave para la transmisión intergeneracional y para el fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio.
Fomentar la producción de materiales pedagógicos en lenguas indígenas es fundamental para la educación intercultural y para preservar la memoria de nuestros pueblos. Los medios de comunicación indígenas y comunitarios son voz, resistencia y territorio. En ese marco, el Plan Decenal de Lenguas Nativas (2022–2032) se plantea como una estrategia para su protección, fortalecimiento y revitalización. Sin embargo, su implementación requiere recursos suficientes y voluntad política efectiva.
Más de la mitad de las lenguas indígenas en Colombia están en riesgo de desaparecer. La pérdida de hablantes, la discriminación, el desplazamiento forzado y la falta de políticas públicas eficaces amenazan su continuidad. Cuando una lengua desaparece, un pueblo pierde su voz y un territorio queda en silencio. Cada palabra que no se transmite es una historia que se pierde.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas reafirmamos nuestro compromiso con la protección y revitalización de nuestras lenguas. No basta con reconocerlas: es necesario hablarlas, enseñarlas y garantizar condiciones reales para su fortalecimiento. Las lenguas indígenas son resistencia, vida y dignidad. Que nuestra palabra no se apague. Soñemos en nuestra lengua.
La Sierra Nevada es un territorio sagrado y vivo, con ordenamiento ancestral y autoridades propias. Es el corazón del mundo para los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. No se trata de una categoría simbólica, sino de una estructura territorial, espiritual y cultural que sostiene la vida colectiva.
Frente a los intentos históricos de despojo, fragmentación y exterminio, los Pueblos Indígenas de la Sierra han sostenido una defensa territorial conjunta que reafirma su diversidad cultural y su fuerza espiritual.
Esta resistencia no es coyuntural, es una continuidad histórica de defensa frente a intereses económicos y políticas que desconocen su integralidad territorial. Cada agresión ha reafirmado su organización, su autoridad propia y su compromiso con la vida y el equilibrio del mundo. La Sierra no es un recurso; es un sistema de vida que exige respeto y garantías efectivas.
La Línea Negra no es una delimitación administrativa ni una frontera cartográfica. Es el sistema de espacios sagrados que estructura el orden espiritual, cultural y ambiental del territorio ancestral. El 12 de febrero de 2026, el Consejo de Estado anuló el Decreto 1500 de 2018, que delimitaba oficialmente y otorgaba protección jurídica a la Línea Negra como sistema espiritual y cultural del territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, estableciendo mecanismos específicos para su protección.
Esta decisión se aparta de la tradición jurídica del país orientada al reconocimiento y protección de este territorio ancestral, y desconoce el proceso de consulta previa y el diálogo sostenido entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional. El Decreto 1500 fue resultado de una exigencia histórica de derechos que incluyó una orden judicial de la Corte Constitucional y un proceso de concertación de gobierno a gobierno. Su adopción contó con respaldo técnico del IGAC y con fundamento constitucional e internacional.
Sin este instrumento, los Pueblos Indígenas de la Sierra enfrentan mayor vulnerabilidad jurídica frente a intervenciones externas que pueden impactar su territorio, sus sistemas de conocimiento ancestral y el equilibrio ambiental. Se reducen las garantías frente a proyectos mineros, energéticos, turísticos y de infraestructura que puedan afectar el territorio. La eliminación del marco normativo no borra la realidad territorial, pero sí debilita las herramientas de protección frente a intereses externos.
El vínculo espiritual que une a los pueblos con nuestros sitios sagrados antecede al Estado y trasciende cualquier norma. Es una relación viva, cultural, espiritual y material que sostiene la armonía, la memoria y la pervivencia colectiva. La Línea Negra expresa la Ley de Origen y el gobierno propio de los pueblos, fundamento espiritual y normativo que antecede al orden estatal. La decisión desconoce la jurisprudencia constitucional que garantiza la autonomía territorial y el ejercicio pleno del derecho propio de los Pueblos Indígenas.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas exigimos al Estado colombiano garantizar y proteger el territorio ancestral de la Línea Negra conforme a los estándares internacionales.
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), como instancia de vocería en materia territorial indígena, nos sumamos a la movilización nacional convocada para el 19 de febrero en defensa del salario mínimo vital y del derecho a una vida digna.
Los Pueblos Indígenas nos movilizamos en defensa de los derechos colectivos y en respaldo a las reformas que garanticen equidad, justicia social y condiciones reales de bienestar para el conjunto de la sociedad. La dignidad de los pueblos está ligada a la garantía efectiva de derechos económicos y sociales.
Este 19 de febrero, a las 2:00 p. m., nos encontraremos en la Plaza de Bolívar en Bogotá y en distintos puntos del país para expresar de manera pacífica y colectiva nuestra posición frente a la situación actual del salario mínimo.
Para los Pueblos Indígenas, la justicia social no es un eslogan: es la transformación de las condiciones materiales y políticas que han sostenido la exclusión. Las reformas sociales deben garantizar equidad real, redistribución, reconocimiento y participación efectiva de los pueblos y sectores históricamente marginados.
La suspensión provisional del aumento decretado para 2026 ha generado incertidumbre sobre el ingreso que sostiene a millones de hogares. Esta decisión impacta directamente a las familias trabajadoras y profundiza las brechas sociales existentes. En este contexto, la defensa del salario mínimo vital forma parte de una agenda más amplia de dignidad. Un ingreso justo es condición básica para el ejercicio de derechos, la permanencia en los territorios y la superación de brechas estructurales que afectan a millones de familias trabajadoras.
La defensa del salario mínimo vital no es un debate meramente técnico o jurídico. Se trata de garantizar el derecho al trabajo digno, a una remuneración justa y a condiciones materiales que permitan la pervivencia y el bienestar del pueblo colombiano. Reafirmamos que un salario digno es un derecho y que las reformas sociales son necesarias para avanzar hacia un país más justo.
Nos movilizamos en defensa de nuestros derechos colectivos y en respaldo a reformas estructurales orientadas a combatir la desigualdad histórica, el colonialismo, el racismo y el sexismo que persisten en el país. Reafirmamos que la movilización social es un ejercicio legítimo de participación democrática. Nos convocan la defensa de la vida digna, la superación de desigualdades históricas y la exigencia de políticas públicas que respondan a las realidades del pueblo colombiano. La dignidad no puede seguir aplazándose.
En el marco de la defensa de los derechos territoriales, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas estamos participando del 16 al 19 de febrero en la sexta reunión del Órgano Subsidiario sobre la Implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de cara a la COP17 en Armenia.
Nuestra presencia tiene como propósito exigir que la implementación avance con un enfoque real de derechos. Esta fase no puede limitarse a discusiones técnicas ni a reportes formales. Debe traducirse en garantías concretas para los Pueblos Indígenas.
Expresamos nuestra preocupación porque las metas 17, 22 y 23 —en especial la Meta 22, clave para los Pueblos Indígenas— carecen de medios de implementación suficientes. Observamos que los Estados no reportan de manera adecuada sobre derechos, participación y protección de defensores indígenas. Sin mecanismos verificables y obligaciones claras, los compromisos pierden efectividad. La implementación debe incorporar salvaguardas y criterios medibles que reflejen la realidad territorial.
Frente a la Meta 3, advertimos que los reportes se concentran en ampliar áreas protegidas sin reconocer plenamente nuestros territorios ni nuestra autonomía. Nuestros territorios son espacios históricos de cuidado, conservación y manejo sostenible. La expansión de figuras de protección no puede desconocer el gobierno propio ni imponer restricciones que afecten derechos colectivos. La conservación debe construirse con reconocimiento territorial y no al margen de él.
Exigimos que la implementación avance de manera efectiva y que visibilice las contribuciones de nuestros territorios al cuidado y defensa de la biodiversidad. La movilización de recursos, incluido el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), debe garantizar financiamiento directo y oportuno que fortalezca nuestros sistemas propios de gobierno. Sin recursos adecuados, los compromisos quedan en el plano declarativo. El financiamiento debe reconocer a los Pueblos Indígenas como protagonistas.
Reiteramos que la implementación del CDB no puede reducirse a reportes administrativos ni a la ampliación de áreas protegidas sin reconocimiento pleno de nuestra autonomía y derechos colectivos. Exigimos participación efectiva, protección integral para los defensores indígenas y mecanismos de financiamiento directo que fortalezcan nuestros sistemas propios de gobierno. Quienes defendemos la vida, la Madre Tierra y el territorio enfrentamos riesgos permanentes, amenazas y contextos de violencia que buscan silenciar nuestra labor. La política global de biodiversidad no puede avanzar mientras quienes sostienen la conservación en los territorios carecen de garantías reales. La protección no es un gesto simbólico, es una condición para la implementación efectiva. Sin seguridad, sin recursos y sin participación vinculante, los compromisos internacionales carecen de coherencia con los derechos colectivos.
