El 22 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento paralelo “Monitoreo comunitario de la biodiversidad y los derechos humanos: el Módulo de Biodiversidad del Navegador Indígena”, en la sala de eventos paralelos 1, Talin. Allí llevamos un mensaje claro: la información que producen nuestras comunidades debe incidir en las decisiones sobre biodiversidad y derechos territoriales.
Coorganizamos este espacio con Indigenous Navigator, Forest Peoples Programme, IWGIA, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Tebtebba y el Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR). El evento estuvo dedicado al lanzamiento del Módulo de Biodiversidad y al intercambio de experiencias sobre la producción y el uso de datos comunitarios para defender los derechos de los Pueblos Indígenas.
En el diálogo participó Camilo Niño Izquierdo, nuestro Secretario Técnico Indígena, junto con Shylina Lingaard y Marie-Josee Artist, de VIDS, Surinam; Edward Porokwa, de PINGOs Forum, Tanzania; y Sefa Tauli, de PIKP, Filipinas.
La información que generamos pertenece a nuestras comunidades y debe fortalecer nuestras decisiones. El Navegador Indígena permite hacer seguimiento a la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con base en el principio de soberanía de datos, y su Módulo de Biodiversidad conecta ese monitoreo con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. En el evento compartimos la experiencia del piloto de este módulo en Colombia.
Entre 2024 y 2025 implementamos el piloto del módulo con cuatro Pueblos Indígenas y seis comunidades: Simūnúrwa e Ikarwa, del Pueblo Arhuaco; El Arenal, del Pueblo Awá; Obonuco, del Pueblo Quillasinga; y Guachucal y Yaramal, del Pueblo de los Pastos. La recolección estuvo a cargo de encuestadores indígenas de cada una de las comunidades.
El piloto incluyó 81 encuestas respondidas y utilizó dos instrumentos: una encuesta comunitaria sobre las realidades territoriales y una encuesta nacional sobre el marco jurídico del país. El proceso tuvo cuatro momentos: recolección, sistematización, análisis y socialización. En esta última etapa, la información regresó a las comunidades para que puedan usarla en su incidencia. Esta experiencia fortaleció capacidades para producir, analizar y utilizar información propia en la toma de decisiones y la incidencia política.
También permitió relacionar conceptos técnicos con nuestros sistemas de conocimiento y abrir espacio a las narrativas y los saberes espirituales de las comunidades. Estos aprendizajes mostraron la necesidad de sostener un monitoreo permanente, con capacidades y recursos que permitan actualizar la información y utilizarla en defensa de nuestros derechos.
Los hallazgos evidenciaron brechas entre el reconocimiento normativo y la garantía efectiva de nuestros derechos en la agenda de biodiversidad. Identificamos obstáculos para la participación, la protección de los conocimientos tradicionales y el reconocimiento de nuestras contribuciones a la conservación. También advertimos sobre la debilidad de las salvaguardas territoriales y la aplicación limitada del consentimiento libre, previo e informado en iniciativas de biodiversidad.
El ejercicio identificó, además, barreras financieras, lingüísticas, geográficas, procesales e institucionales para acceder a la justicia frente a impactos sobre la biodiversidad. Estos resultados muestran por qué evaluar los compromisos ambientales requiere examinar las condiciones en las que vivimos y ejercemos nuestros derechos en los territorios.
A partir de esta experiencia identificamos el potencial del Navegador: permite medir la brecha entre lo que establecen las leyes y lo que viven las comunidades; conecta el monitoreo comunitario con el Marco Mundial de Biodiversidad y los informes nacionales; fortalece la toma de decisiones propias con datos generados por las comunidades; aporta evidencia para la incidencia y la exigencia de derechos; y pone en diálogo el conocimiento propio con los conceptos técnicos.
Desde estos aprendizajes propusimos reconocer los datos de los sistemas comunitarios de monitoreo en los informes nacionales y en la revisión mundial del Marco Mundial de Biodiversidad. Las decisiones 15/5 y 16/31 del Convenio reconocen las contribuciones de estos sistemas y llaman a respaldarlos, incluido el uso de sus datos en la implementación del marco de seguimiento.
También planteamos ampliar el Módulo de Biodiversidad a más pueblos y territorios del país y pasar de pilotos a un monitoreo permanente, con financiamiento directo a las comunidades. Exigimos respetar el consentimiento libre, previo e informado durante todo el ciclo de los datos: recolección, sistematización, análisis y uso de la información.
La experiencia también recoge la reflexión de Luis Javier Izquierdo, joven del Pueblo Arhuaco: «El cuidado y el manejo de la naturaleza en nuestros territorios es también el cuidado de nuestros derechos colectivos».
Los territorios indígenas de Colombia ya contribuyen al cuidado de la biodiversidad, y los datos lo muestran. Ese fue el mensaje que llevamos desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) el 22 de octubre de 2026 a la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia, en espacios como el evento paralelo “Gobernanza Indígena en la Protección de la Biodiversidad” y la sesión “Integración de datos de biodiversidad en los sistemas de información indígenas: experiencias, retos y soluciones conjuntas desde Colombia”. También fuimos claros. Ese aporte no es la razón de ser de nuestros territorios, y reconocerlos, protegerlos y garantizar nuestros derechos territoriales es una obligación de los Estados.
El evento sobre gobernanza indígena fue organizado por Cultural Survival junto con el Foro Indígena del Abya Yala (FIAY) y el Consorcio TICCA, en la Zona de Acción del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB). Allí, Camilo Niño Izquierdo, nuestro Secretario Técnico Indígena, compartió el panel con Aimee Roberson, de la Nación Chahta/Chikashsha y de Cultural Survival; Jesús Amadeo Martínez, del FIAY; Daniel Santi, presidente del Pueblo de Sarayaku; y Wrays Perez, del Consorcio TICCA. La moderación estuvo a cargo de Nataly Domicó, del Pueblo Embera Eyabida y de Cultural Survival.
En la sesión sobre integración de datos, realizada en el Pabellón GEO BON/GBIF, Camilo participó junto con María Cecilia Londoño, del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia). El diálogo, moderado por Mauricio Ferrari, permitió compartir experiencias y propuestas sobre el uso de información de biodiversidad para fortalecer la defensa de nuestros derechos territoriales. Ambos eventos contaron con una amplia asistencia y una activa participación del público, que enriqueció el intercambio de experiencias y propuestas sobre la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y el cuidado de la biodiversidad.
Ese aporte a la biodiversidad tiene su origen en nuestro gobierno propio. Las autoridades tradicionales, los sabedores y sabedoras, los mayores y la guardia indígena orientan y protegen el territorio, y nuestros planes de vida y los mandatos de la Ley de Origen, el Derecho Mayor, el Derecho Propio y la Ley Natural fundamentan las decisiones sobre cómo habitarlo y cuidarlo. Lo ejercemos cada día al decidir dónde sembrar, cazar o pescar, cómo proteger las aguas y los bosques, y qué cuidados requieren los lugares sagrados. En la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, los mamus realizan pagamentos en sitios sagrados conectados desde las cumbres nevadas hasta el mar. El cuidado de la biodiversidad es resultado de estas relaciones y responsabilidades, no su fin.
Los datos lo confirman. Según Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena (SIG-I), los territorios indígenas abarcan alrededor de 41 millones de hectáreas, cerca del 36% de la superficie continental de Colombia. Al cruzar esta información con datos del IDEAM y MapBiomas, encontramos que allí está el 57,89% de los bosques, el 61% del área nacional de aguas superficiales y el 21% de los páramos del país, y que el 91% de sus ecosistemas está en estado natural.
A esto se suma el trabajo conjunto con el SiB Colombia, nodo nacional de GBIF, con el apoyo del Instituto Humboldt. Al cruzar los resguardos espacializados en Chey con los registros biológicos publicados en el SiB, vimos que en nuestros resguardos se han registrado 21.544 especies, una de cada cuatro especies registradas en Colombia. Entre ellas hay 1.344 endémicas, 532 migratorias y 411 amenazadas.
Y esto es solo lo registrado. Apenas el 3% de los registros biológicos del país se ha tomado en resguardos, y cerca del 40% de los resguardos no tiene ningún registro. Eso no significa que haya menos biodiversidad, sino menos registro. Cerrar esa brecha requiere reconocer los conocimientos de nuestras comunidades y fortalecer el monitoreo propio.
Un ejemplo es el corredor de la península de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui, Wiwa y Wayuu, que presentamos en una infografía elaborada con el SiB Colombia. De los cerca de 41 resguardos del corredor, 27 tienen al menos un registro biológico, y solo en el resguardo Kogui Malayo Arhuaco se han documentado 2.996 especies.
Pero nuestros derechos no dependen de cuántas especies se hayan registrado. Son derechos colectivos, reconocidos en la Constitución y en el derecho internacional, que deben ser garantizados. Los datos respaldan nuestros derechos; no los reemplazan. Además, la información sobre nuestros territorios, sitios sagrados y especies es nuestra. Nuestras autoridades deciden qué se registra, qué se publica y con qué fin, y toda investigación requiere el consentimiento libre, previo e informado.
Desde ahí planteamos nuestras exigencias. Los territorios indígenas tienen un origen ancestral y contribuyen a la conservación, aunque ese no es su objetivo. Por eso deben ser reconocidos de forma diferenciada respecto de las áreas protegidas y de las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC). La Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal contempla el reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales; en ese marco, es necesario implementar mecanismos efectivos para protegerlos y crear marcos jurídicos y políticos para su reconocimiento. Expresamos nuestra preocupación por los cuestionamientos a este reconocimiento en las negociaciones y exigimos mantenerlo y fortalecerlo.
Los datos también pueden ayudar a los países a dar cuenta de lo que pasa en nuestros territorios en sus informes nacionales, por ejemplo en el indicador 22.1 del Marco, que mide el cambio en el uso del suelo y la tenencia de la tierra en los territorios tradicionales. Pero ese indicador no puede limitarse a lo titulado. Nuestros territorios abarcan cerca de 41 millones de hectáreas, frente a cerca de 35 millones tituladas como resguardos, y hay 1.650 solicitudes de formalización que el Estado aún no resuelve.
En Colombia, el Decreto 1275 de 2024 establece normas para que nuestras autoridades ejerzan competencias ambientales en sus territorios. Ese reconocimiento debe traducirse en condiciones efectivas para ejercer nuestro gobierno propio, y debe ir acompañado de protección, porque quienes cuidamos estos territorios enfrentamos amenazas contra nuestra vida y contra el ejercicio de nuestras autoridades. Reconocer lo que aportan nuestros territorios exige proteger a quienes los cuidamos y garantizar nuestros derechos territoriales.
“Los ríos son las venas y el agua la sangre, por eso el territorio es el cuerpo”
Mayor José Vicente Villafañe,
delegado de la Confederación Indígena Tayrona ante la CNTI
El 21 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento paralelo “Aguas y territorios indígenas: contribuciones a la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad”. El encuentro tuvo lugar en Ereván, Armenia, en el Pabellón de la UICN de la Zona Azul.
Cultural Survival organizó este espacio, en el que participamos como coorganizadores junto con Turning Tides, el Consorcio TICCA, U Yich Lu’um y la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar. El encuentro permitió compartir experiencias y propuestas sobre los derechos territoriales y las contribuciones de los Pueblos Indígenas al cuidado de las aguas y la biodiversidad.
En el panel participó Camilo Niño Izquierdo, nuestro Secretario Técnico Indígena, junto con Yohana Coñuecar Llancapani de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar de Chile; Salatou Sambou de la Asociación de Pescadores del Municipio Rural de Mangagoulack de Senegal; y Nataly Domicó, del Pueblo Embera Eyabida, y Aimee Roberson de, la Nación Chahta/Chikashsha , ambas de Cultural Survival.
El agua es territorio. Los Pueblos Indígenas mantenemos una relación integral con el agua, en la que se entrelazan la espiritualidad, la cultura, la memoria, la alimentación y las prácticas de cuidado. Esta relación orienta nuestras formas de habitar y gobernar los territorios, transmitir nuestros conocimientos y sostener la vida colectiva. Por eso, reconocer las aguas como parte integral de nuestros territorios es una condición para garantizar nuestra permanencia, ejercer el gobierno propio y cuidar la vida desde nuestros sistemas de conocimiento.
Un río une lugares sagrados; una laguna es a la vez espacio de vida, de sustento y de conocimiento; y el mar está unido a las montañas y a los ríos del interior. Lo que le pasa a uno le pasa a todos: si se seca un nacimiento, se afecta el río; si se contamina el río, se afectan la ciénaga y el mar. Por eso, represar o desviar un río rompe el equilibrio del territorio, y separar el agua del territorio es partir su cuerpo.
Esta discusión es central para la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que busca conservar y gestionar eficazmente, para 2030, al menos el 30% de las zonas terrestres y de aguas continentales, y de las zonas marinas y costeras. Su implementación incorpora la conectividad, la gobernanza equitativa y el reconocimiento y respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios tradicionales.
Planteamos que los territorios indígenas deben reconocerse como una vía propia de conservación, distinta de las áreas protegidas y de las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC). Este reconocimiento debe respetar nuestros sistemas de conocimiento y gobierno, e incorporar las aguas continentales, costeras y marinas que hacen parte de nuestros territorios.
Los datos presentados permiten dimensionar estas contribuciones. Según los análisis de la CNTI, en los territorios indígenas se encuentra el 61% de las aguas superficiales de Colombia, cerca de 1,18 millones de hectáreas. También está el 20% del área de acuíferos del país, aproximadamente 4,38 millones de hectáreas. Estas cifras muestran la importancia de reconocer tanto las aguas superficiales como las subterráneas en las decisiones territoriales y de conservación.
Asimismo, el 71% de los territorios indígenas presenta una integridad del paisaje alta o muy alta. Las áreas con estas condiciones dentro de nuestros territorios representan el 57% de las áreas del país con dicha integridad. A esto se suma que el 91% de los ecosistemas en territorios indígenas se encuentra en estado natural. Estos resultados dan cuenta de la continuidad de la vegetación y de funciones esenciales para la regulación del agua, el almacenamiento de carbono y el control de inundaciones.
En los resguardos se han registrado 21.544 especies, cerca de una cuarta parte de las registradas en Colombia. Entre ellas hay 1.344 endémicas, 532 migratorias y 411 amenazadas. Y esto es apenas lo documentado: nuestras comunidades saben mucho más. Solo en nueve resguardos se han inventariado 1.125 nacimientos de agua, una cartografía propia en la que cada nacimiento une memoria, espiritualidad, lengua y prácticas de cuidado.
Frente a estas contribuciones, advertimos sobre los vacíos del reconocimiento territorial. El equipo del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la CNTI revisó 1.360 resoluciones correspondientes a los 984 resguardos indígenas reconocidos e identificó que las aguas continentales y marinas no están incorporadas en su reconocimiento. Esta exclusión debilita las garantías para ejercer nuestras autoridades y cuidar espacios expuestos a proyectos extractivos, energéticos y otras intervenciones.
Para el Estado, el río, el humedal, la ronda hídrica, la playa, la costa y el mar tienen reglas, procedimientos y autoridades distintas. Una entidad decide sobre el título, otra sobre el agua, otra sobre la cuenca, otra sobre la conservación y otra sobre la costa y el mar; cada una decide sobre un pedazo, y nadie mira el territorio completo. Así, el 20% de los acuíferos, el 64% de las playas y el 21% de los páramos del país quedan sujetos a decisiones que no pasan por nuestras autoridades.
Las decisiones sobre el agua no pueden separarse de nuestras autoridades, que ordenan, cuidan y gobiernan el territorio completo, incluidas sus aguas. No somos actores interesados a los que se invita a procesos ya definidos: somos sujetos colectivos de derechos y autoridades en nuestros territorios. Un título colectivo es fundamental, pero no basta con un título más grande ni con garantizar el acceso al agua: exigimos que se garanticen nuestros derechos territoriales en su conjunto.
Desde el trabajo que adelantamos en la CNTI, pedimos a las Partes que la implementación de la Meta 3 reconozca los territorios como una vía propia de conservación y en su integridad, con sus aguas continentales, costeras y marinas; respete nuestras autoridades, sistemas de ordenamiento, mandatos propios y el consentimiento libre, previo e informado; y garantice financiamiento directo, sin intermediarios, que fortalezca nuestra autonomía.
Reafirmamos, además, que la información sobre nuestros territorios y sitios sagrados debe estar bajo nuestro control y servir a su protección. Su uso requiere respetar nuestras decisiones y los cuidados necesarios para evitar que estos espacios sean puestos en riesgo.
Donde el Estado ve competencias distintas, nosotros vemos un solo territorio. Por eso nuestros derechos no pueden fragmentarse. Sin agua no hay territorio, y sin territorios no hay Meta 3.
Los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas son históricos, colectivos y fundamentales. Su garantía constituye una obligación permanente del Estado colombiano que debe materializarse mediante políticas, recursos y acciones concretas en nuestros territorios. Nuestro mandato responde a la misión encomendada por nuestros mayores: defender los territorios como fundamento de nuestra pervivencia y permanencia como pueblos.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1397 de 1996, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) dialogamos, concertamos y exigimos la garantía efectiva de nuestros derechos territoriales. En cumplimiento de nuestro mandato, hacemos seguimiento a las políticas, los compromisos institucionales, las solicitudes ante las entidades responsables y los recursos presupuestales destinados a su cumplimiento. Asimismo, impulsamos las adecuaciones normativas, procedimentales e institucionales necesarias para avanzar en la constitución, ampliación, saneamiento y seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Durante 30 años hemos desarrollado este trabajo en el diálogo y concertación de Gobierno a Gobierno. Solicitar información completa y verificable, analizar los avances, identificar las dificultades y exigir medidas para superar los rezagos forma parte de nuestras funciones y de la defensa de los derechos de nuestros pueblos.
Los derechos territoriales son históricos, colectivos y fundamentales. Su garantía constituye una obligación permanente del Estado colombiano. Las entidades responsables deben cumplir los acuerdos concertados, disponer los recursos y adoptar las medidas necesarias para avanzar en la constitución, ampliación, saneamiento y seguridad jurídica de nuestros territorios.
Los avances alcanzados deben tener continuidad y los compromisos asumidos deben cumplirse, con independencia de los cambios de gobierno o de las administraciones de las entidades. Exigimos que las actuaciones del Estado se desarrollen bajo los principios de buena fe, progresividad, no regresividad y coordinación institucional.
Como Pueblos Indígenas participamos en la CNTI desde nuestra autonomía, nuestros mandatos y nuestro derecho propio. Sostenemos nuestra disposición al diálogo y a la concertación con el Estado colombiano, así como el seguimiento permanente al cumplimiento de sus obligaciones. Esperamos que las posiciones de nuestros delegados y delegadas sean reconocidas y comunicadas con respeto al sentido de sus intervenciones y a la representación que ejercen.
El diálogo y la concertación de Gobierno a Gobierno debe permitir avanzar en el cumplimiento de los acuerdos, la entrega de información completa y verificable y la adopción de medidas que permitan superar los rezagos históricos en la garantía de nuestros derechos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
¡Que defender los territorios no nos cueste la vida!
En el marco de la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia. El 19 de octubre, nuestro Secretario Técnico Indígena, Camilo Niño Izquierdo, presentó cómo los Pueblos Indígenas, desde nuestros territorios y sistemas de gobierno propio, contribuimos al cuidado de la naturaleza, y los riesgos que enfrentamos quienes los defendemos.
La intervención tuvo lugar en el evento paralelo “De la apropiación verde a la conservación basada en los derechos: impulsar una aplicación equitativa y eficaz del objetivo 30×30”, durante el panel “Derechos, conservación y rendición de cuentas”, junto a representantes de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP) y Synchronicity Earth. Allí planteamos que la implementación de las metas del Marco Mundial de Biodiversidad debe reconocer nuestros sistemas de gobierno y garantizar los derechos que permiten sostener el cuidado de los territorios.
Camilo Niño Izquierdo presentó los resultados de los análisis realizados por la CNTI a través de Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena (SIG-I). Estos muestran que los territorios indígenas en Colombia abarcan aproximadamente 41 millones de hectáreas, cerca del 36 % de la superficie continental del país, y albergan el 58 % de sus bosques y el 61 % del área nacional de aguas superficiales.
A partir de esta información, identificamos que el 71 % de los territorios indígenas presenta una integridad del paisaje alta o muy alta y el 91 % de sus ecosistemas se encuentra en estado natural. Estos resultados dan cuenta de la conectividad de la vegetación y de funciones esenciales como el almacenamiento de carbono, la regulación del agua y el control de inundaciones y erosión.
En los resguardos indígenas se han registrado 21.544 especies, el 25,7% de las registradas en Colombia, de acuerdo con información del SiB Colombia con corte al 31 de marzo de 2026. Y esto es apenas lo documentado, ya que solo alrededor del3% de los registros biológicos del país se ha tomado en estos territorios con título de propiedad colectiva. Por ello, destacamos la necesidad de fortalecer el monitoreo propio y el reconocimiento de los conocimientos de nuestras comunidades.
Durante la intervención relacionamos estas condiciones con nuestras autoridades tradicionales, guardias indígenas, planes de vida, mandatos territoriales y conocimientos ancestrales. Desde esa experiencia, insistimos en que la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad, conocida como 30×30, debe respaldar nuestras formas de cuidado y respetar nuestros derechos en las decisiones de conservación.
También advertimos sobre las presiones extractivas, la deforestación y la violencia que afectan a nuestros territorios. La información presentada muestra que en nuestros territorios se encuentra el 15,44% de las áreas con títulos mineros vigentes del país, el 9,79% del área de explotación de hidrocarburos y el 15,10% del área deforestada en el último año. Estas presiones deben abordarse junto con el conflicto armado y la inseguridad jurídica territorial, señalados en nuestros análisis como factores estructurales de la violencia contra los Pueblos Indígenas.
El Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) registró 144 personas indígenas víctimas de homicidio entre enero de 2025 y agosto de 2026. Aproximadamente una de cada tres víctimas ejercía funciones de liderazgo, autoridad, guardia o medicina tradicional. La muerte de quienes cumplen estas funciones afecta la transmisión de conocimientos, la justicia propia y las capacidades colectivas que sostienen el territorio.
Los datos presentados también señalan que el 80% de las víctimas registradas en 2025 estaba en territorios con inseguridad jurídica, mientras 1.650 solicitudes de formalización territorial permanecen pendientes de resolución por parte del Estado. A estas afectaciones se suman amenazas, desplazamiento, confinamiento, desapariciones forzadas, secuestros y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. El miedo y el control armado, además, favorecen el subregistro.
Frente a este panorama, presentamos cuatro recomendaciones a la COP17. Exigimos seguridad jurídica y material mediante el reconocimiento y la protección integral de nuestras tierras, territorios y aguas, con garantías para permanecer y ejercer el gobierno propio.
Reclamamos financiamiento directo, adecuado, accesible y respetuoso de nuestra autonomía, que responda a las prioridades de nuestros pueblos y respalde sus capacidades de cuidado territorial. También exigimos mecanismos efectivos de protección para autoridades, líderes, lideresas, guardias y demás personas defensoras.
Reivindicamos nuestro reconocimiento como titulares de derechos en las decisiones sobre biodiversidad. Esto requiere participación plena, segura, efectiva y vinculante desde el diseño de las políticas hasta su implementación y seguimiento, con respeto por nuestras formas propias de representación y deliberación.
Con nuestra participación en este espacio, insistimos en que proteger a quienes defienden los territorios también es proteger la biodiversidad. El cumplimiento del Marco Mundial debe fortalecer nuestros derechos colectivos y nuestros sistemas de gobierno. Honramos la memoria de quienes han defendido el territorio con su vida y exigimos garantías para la continuidad de nuestros pueblos.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exigimos que las decisiones sobre biodiversidad y cambio climático se traduzcan en garantías para nuestros pueblos y territorios. En el marco de la COP17 y la COP31, llamamos a los Estados a reconocer nuestros derechos colectivos, respaldar nuestros sistemas de gobierno y conocimiento y proteger la vida de quienes ejercemos la defensa territorial.
La COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica se realiza del 19 al 30 de octubre de 2026 en Ereván, Armenia. En este encuentro se abordarán la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. También tendrá lugar la primera revisión mundial de los avances colectivos en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, junto con discusiones sobre financiamiento, seguimiento y compromisos relacionados con los Pueblos Indígenas.
Por su parte, la COP31 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se realizará del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. En este escenario se discutirán acciones para reducir emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y atender pérdidas y daños. El financiamiento y la transición justa, con enfoque de derechos, son asuntos fundamentales para nuestros pueblos.
Las Conferencias de las Partes, conocidas como COP, reúnen a los Estados que forman parte de un convenio internacional para evaluar su cumplimiento y negociar decisiones. Cada una tiene objetivos y una agenda propios. Sus acuerdos orientan la implementación de los convenios y requieren políticas, recursos y acciones nacionales que se traduzcan en resultados concretos en los territorios.
Para nuestros pueblos, la biodiversidad y el clima están vinculados en la integridad territorial. En nuestros territorios se relacionan las aguas, los bosques, la espiritualidad y nuestros sistemas de conocimiento y gobierno. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad afectan esas relaciones y las condiciones para sostener nuestras formas de vida. Desde nuestros gobiernos propios mantenemos prácticas de cuidado que deben ser reconocidas y respaldadas en ambas COP.
Exigimos seguridad jurídica y material para nuestros territorios y aguas. Los Estados deben avanzar en su reconocimiento y protección integral, con garantías efectivas para permanecer, ejercer el gobierno propio y enfrentar el despojo y las amenazas. Nuestros derechos territoriales tienen fundamento ancestral, histórico y colectivo, y deben respetarse en las políticas de conservación y acción climática.
Reclamamos financiamiento directo, adecuado, accesible, predecible y respetuoso de nuestra autonomía. Los recursos deben responder a prioridades definidas por nuestros pueblos y respaldar las capacidades que sostienen el cuidado territorial. Su acceso y gestión deben reconocer nuestras instituciones, procedimientos colectivos y sistemas de conocimiento.
Exigimos protección efectiva para nuestras autoridades, liderazgos y personas defensoras. Las amenazas, los homicidios, el desplazamiento, el confinamiento y el reclutamiento forzado afectan a nuestros pueblos y debilitan nuestros sistemas de gobierno, conocimiento y cuidado. Cada agresión compromete vínculos comunitarios, la transmisión de saberes y la continuidad de nuestros procesos organizativos. Los compromisos ambientales deben incluir mecanismos de prevención y protección que atiendan estas dimensiones colectivas y territoriales.
Exigimos participación plena, segura, efectiva y vinculante como titulares de derechos. Para incidir en la construcción, implementación y seguimiento de las decisiones, necesitamos información oportuna, interpretación, recursos y mecanismos que incorporen nuestras propuestas. Todo el proceso debe respetar nuestras formas propias de representación y deliberación, así como nuestro consentimiento libre, previo e informado.
El cumplimiento de los compromisos debe poder verificarse mediante responsables, plazos, presupuestos y resultados. Esto implica conocer cómo avanzan la protección territorial, el financiamiento a nuestros procesos y las garantías para ejercer nuestros derechos. La conservación y la transición justa deben respetar nuestra autonomía y fortalecer las condiciones para cuidar y permanecer en nuestros territorios.
En la COP17 y la COP31 insistimos en que nuestra palabra y nuestras propuestas se traduzcan en decisiones y garantías. La protección de la biodiversidad y la justicia climática requieren reconocer el lugar de nuestros pueblos en las decisiones que afectan la vida territorial.
