Rechazamos los hechos de violencia e intimidación contra la comunidad Iwitsulibo del Pueblo Sikuani y exigimos garantías para la protección de su territorio ancestral

Rechazamos los hechos de violencia e intimidación contra la comunidad Iwitsulibo del Pueblo Sikuani y exigimos garantías para la protección de su territorio ancestral

Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos de manera categórica los hechos de violencia, intimidación y vulneración de los derechos territoriales ocurridos el día 8 de junio de 2026 contra la comunidad indígena Iwitsulibo del Pueblo Sikuani, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

De acuerdo con la información suministrada por las Autoridades Indígenas y Organizaciones acompañantes, un grupo de personas ingresó al territorio donde se encuentra la comunidad, generando actos de hostigamiento, amenazas e intimidación que afectaron la tranquilidad, la integridad y las viviendas de las familias indígenas que habitan este espacio y mantienen con él una relación ancestral, cultural y espiritual.

Advertimos que estos hechos no constituyen un episodio aislado, sino que hacen parte de un proceso histórico y sistemático de afectación a los derechos territoriales del Pueblo Indígena Sikuani, particularmente en el municipio de Puerto Gaitán. Durante décadas, estas afectaciones se han manifestado a través del despojo de tierras, acumulación indebida de tierras, la transformación intensiva de ecosistemas estratégicos, las restricciones a la movilidad ancestral, las intimidaciones contra las Autoridades Indígenas y los obstáculos permanentes para la garantía efectiva de los derechos territoriales de las comunidades.

La gravedad de la situación se acentúa si se tiene en cuenta que recientes decisiones judiciales adoptadas en el marco de las acciones promovidas para la protección de los derechos territoriales del Pueblo Sikuani, se han reconocido afectaciones al derecho al libre tránsito, al acceso al territorio ancestral y a otros derechos fundamentales relacionados con su pervivencia física y cultural.

Sin embargo, las amenazas, restricciones de acceso, actos de intimidación y denuncias sobre afectaciones ambientales continúan poniendo en riesgo la vida, la integridad, la autonomía y la permanencia de las comunidades indígenas en sus territorios. Esta situación evidencia la necesidad de una actuación inmediata, efectiva y coordinada por parte de las autoridades competentes.

Por lo anterior, desde la CNTI exigimos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Puerto Gaitán adoptar de manera urgente para esclarecer los hechos denunciados, identificar a los responsables, garantizar la seguridad de las Autoridades Indígenas y de las familias afectadas, y prevenir la repetición de nuevos actos de violencia o intimidación.

Desde la CNTI expresamos nuestra solidaridad con la comunidad Iwitsulibo y con las demás comunidades del Pueblo Indígena Sikuani que continúan defendiendo sus territorios ancestrales. La defensa del territorio es una condición fundamental para garantizar la vida, la dignidad, la autonomía y la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas.

¡Defender los territorios es defender la vida!

Un llamado a la unidad, al cuidado de la vida y la superación de las desarmonías en el Cauca

Un llamado a la unidad, al cuidado de la vida y la superación de las desarmonías en el Cauca

Ante la situación de conflicto presentada en el departamento Cauca, los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), y su Secretaría Técnica Indígena, manifestamos nuestra profunda preocupación por los hechos que hoy fracturan la armonía entre los pueblos hermanos Misak y Nasa.

Hacemos un llamado urgente a la prudencia y a desescalar las acciones, para que las desarmonías presentadas se tramiten desde la palabra, a la luz de las enseñanzas de los ancestros y de los mecanismos propios de resolución de conflictos transmitidos por nuestros mayores.

Instamos a mantener el respeto y la serenidad en las actuaciones, para que la palabra y el legado de las autoridades tradicionales prevalezcan y permitan tejer nuevamente la unidad y resolver estas diferencias desde los sistemas de conocimientos y jurídicos propios.

Lamentamos profundamente la muerte de una autoridad del pueblo Misak. Nos solidarizamos con su pueblo, sus autoridades, su familia y su comunidad en este momento de dolor.

Asimismo, nos sumamos al llamado de las autoridades tradicionales de ambos pueblos para que las autoridades competentes y los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, en respeto de la autonomía indígena, garanticen las condiciones para la protección de la vida, el esclarecimiento de los hechos y  la salvaguarda de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, conforme a los estándares internacionales.

Solo a partir del respeto por la vida, la autonomía de los pueblos, la palabra de las autoridades tradicionales y los caminos de diálogo y concertación será posible restablecer la armonía y proteger nuestros derechos colectivos.

¡Defender los territorios es defender la vida!

En el marco de la Sesión No. 3 de 2026 de la Mesa Regional Amazónica, alertamos sobre la persistente ausencia de funcionarios directivos de la ANT

En el marco de la Sesión No. 3 de 2026 de la Mesa Regional Amazónica, alertamos sobre la persistente ausencia de funcionarios directivos de la ANT

En el marco de la Sesión No. 3 de 2026 de la Mesa Regional Amazónica, alertamos sobre la persistente ausencia de funcionarios directivos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con capacidad de decisión, situación que impide atender las exigencias territoriales planteadas por los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. Esta ausencia no es un hecho aislado. Se trata de una situación reiterada que ya se había presentado en las Sesiones 11 y 13 de 2025 de la MRA, desarrolladas en los departamentos de Amazonas y Caquetá.

Cabe recordar que el Decreto 3012 de 2005 establece que la participación en este espacio corresponde al Director General de la ANT. Además, en este escenario se requiere la presencia de directores, directoras o delegados con capacidad real de decisión política, técnica y presupuestal, condición indispensable para avanzar en los procesos de concertación, en la formalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas de la Amazonía colombiana y en el seguimiento a los compromisos en materia de Derechos Territoriales.

La ausencia de funcionarios con competencia resolutiva desconoce el alcance político de este espacio y debilita la interlocución necesaria para tramitar de fondo los asuntos priorizados por los pueblos indígenas. Resulta inadmisible que, siendo la Mesa Regional Amazónica el mecanismo natural de diálogo entre el Gobierno Nacional y los 64 Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, no se garantice la participación de directivos con poder real de decisión.

En ese sentido, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) hacemos un llamado al Gobierno nacional para que garantice la presencia de los funcionarios competentes en los espacios de diálogo con los Pueblos Indígenas, especialmente cuando la agenda ha sido previamente conocida por las entidades del Gobierno. La participación institucional no puede reducirse a una presencia formal sin capacidad de respuesta. Esta situación evidencia una falta de voluntad política y un irrespeto frente a los pueblos amazónicos y a los procesos de concertación construidos legítimamente por sus autoridades.

Reiteramos que la Amazonía colombiana no puede seguir siendo invocada en los discursos oficiales sin la participación efectiva de los Pueblos Indígenas que la habitan, la cuidan y la protegen. Los pueblos amazónicos resguardan más de 27 millones de hectáreas de territorios indígenas y cumplen un papel fundamental en la preservación de la selva amazónica y en el equilibrio climático del planeta. Desde la CNTI mantenemos nuestro compromiso con la defensa y garantía de sus derechos territoriales y exigimos respeto, voluntad política y compromiso real con la Amazonía y con los Pueblos Indígenas que la habitan.

Defender los territorios es defender la vida

Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada unidos en un acuerdo histórico para proteger el Corazón del Mundo

Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada unidos en un acuerdo histórico para proteger el Corazón del Mundo

En el marco de la unidad de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, se alcanzó un acuerdo histórico orientado al cuidado y la protección del Corazón del Mundo, territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. Este acuerdo reafirma el compromiso colectivo de fortalecer la defensa territorial y avanzar en mecanismos que garanticen la protección jurídica integral de la Sierra Nevada.

Desde este escenario valoramos la preocupación manifestada por el Gobierno Nacional frente a la reciente anulación jurídica del Decreto 1500 de 2018 y destacamos el llamado a reconocer la integralidad del sistema ancestral de la Línea Negra y su carácter estructural para la pervivencia y permanencia de los Pueblos Indígenas de la Sierra. La Sierra Nevada es un territorio sagrado y vivo, con ordenamiento ancestral y autoridades propias. Es el corazón del mundo desde la Ley de Origen de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.

Los Pueblos Indígenas de la Sierra manifestaron su disposición para instalar un proceso de diálogo, coordinación y protocolización que permita avanzar hacia la expedición de un nuevo instrumento normativo orientado a proteger jurídicamente el territorio ancestral. Este proceso busca consolidar una ruta conjunta que reconozca el carácter cultural, espiritual y ambiental de la Sierra Nevada, así como la responsabilidad ancestral de sus pueblos en el cuidado del equilibrio de la vida.

En este escenario se destacó la unidad entre los Pueblos Indígenas como base para fortalecer la defensa del Corazón del Mundo. La Sierra Nevada no es únicamente un territorio geográfico; es un sistema de vida que articula espacios sagrados, sistemas de conocimiento y formas de gobierno propio que han sostenido el equilibrio del territorio desde tiempos ancestrales.

El proceso que hoy se impulsa busca consolidar un instrumento jurídico que garantice la protección efectiva del territorio ancestral y reconozca la relación profunda que los pueblos mantienen con la Sierra Nevada. Esta ruta reafirma la importancia de avanzar en mecanismos de coordinación entre las autoridades indígenas y el Estado para asegurar la defensa integral de este territorio sagrado.

Desde este espacio, hacemos un llamado a los Pueblos Indígenas de Colombia a mantener la unidad en la defensa de la Sierra Nevada de Santa Marta y de todos los territorios ancestrales que sostienen la vida, la memoria y la pervivencia de nuestros pueblos.

¡Defender los territorios, es defender la vida!

La CNTI logra fallo del Tribunal de Bogotá para avanzar en la adquisición de tierras en favor de la comunidad Mame Ñate Umuguse del pueblo Siona

La CNTI logra fallo del Tribunal de Bogotá para avanzar en la adquisición de tierras en favor de la comunidad Mame Ñate Umuguse del pueblo Siona

Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), como instancia de vocera en material territorial indígena, celebramos el fallo judicial del 13 de enero de 2026, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, que protegió el derecho fundamental al territorio de la comunidad Mame Ñate Umuguse, del Pueblo Siona.

El acceso efectivo al territorio mediante la adquisición de tierras es un componente esencial del derecho fundamental al territorio de las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado que no pueden retornar a sus territorios. Desde la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la CNTI se ha sostenido que este mecanismo no constituye un trámite aislado, sino una medida clave de reparación colectiva, pervivencia cultural y no revictimización.

En articulación con la comunidad indígena Siona Mame Ñate Umuguse, la STI de la CNTI interpuso una acción de tutela en agosto de 2025 en contra de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), dada vulneración sistemática del derecho fundamental al territorio y de los derechos derivados de su condición de víctimas del conflicto armado. El trámite judicial estuvo marcado por dilaciones, una nulidad por falta de vinculación de la UARIV y decisiones negativas de primera instancia proferidas por el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá, que desconocieron la situación humanitaria y territorial de la comunidad, así como las afectaciones prolongadas derivadas del desplazamiento forzado. Estas decisiones fueron finalmente revocadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, que amparó los derechos fundamentales de esta comunidad.

El trámite judicial fue respaldado mediante coadyuvancias interpuestas por las seis organizaciones indígenas nacionales con asiento en la CNTI (ONIC, OPIAC, CIT, AICO por la Pachama, Gobierno Mayor y CRIC), en consideración a la relevancia estructural que tiene el acceso a la tierra y la culminación célere de los procedimientos de adquisición que adelanta la autoridad de tierras.

En su decisión, el Tribunal, llamó la atención sobre las dilaciones injustificadas para culminar el procedimiento administrativo de adquisición de tierra y por consiguiente la constitución del resguardo, lo cual resulta especialmente graves tratándose de una comunidad víctima del conflicto armado. En consecuencia, ordenó a la ANT concluir, en un plazo máximo de tres (3) meses, el procedimiento de formalización territorial y adoptar decisiones de fondo respecto de los procesos de adquisición de tierras requeridos para la constitución del resguardo, advirtiendo el incumplimiento reiterado de sus deberes legales. Asimismo, el juez ordenó a la UARIV avanzar, en coordinación con la ANT, en la formulación y ejecución de los Planes Integrales de Reparación Colectiva y de Reubicación, garantizando la participación efectiva de la comunidad y el acceso oportuno a las medidas de reparación.

Desde la CNTI instamos a la ANT y a la UARIV a dar cumplimiento integral, oportuno y efectivo a lo ordenado en esta sentencia judicial. En ejercicio de sus funciones misionales, la CNTI ejercerá seguimiento permanente y riguroso al cumplimiento de estas órdenes, en el marco de sus competencias de seguimiento, exigibilidad y acompañamiento a la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

¡Defender los territorios, es defender la vida!

Comunicado a la opinión pública: Incumplimiento del Gobierno Nacional vulnera los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas

Comunicado a la opinión pública: Incumplimiento del Gobierno Nacional vulnera los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denuncia públicamente el reiterado incumplimiento del Gobierno Nacional en la garantía de las condiciones necesarias para el desarrollo efectivo de las sesiones de diálogo y concertación, situación que vulnera de manera grave y sistemática los derechos territoriales, humanos y fundamentales de los Pueblos Indígenas.

Pese a los avances normativos de altísima importancia, relacionados con las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS), el Gobierno Nacional ha demostrado una conducta renuente frente al funcionamiento adecuado de la CNTI, impidiendo el ejercicio pleno de la participación efectiva, la concertación y la toma de decisiones sobre la implementación de los compromisos concertados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las políticas públicas en materia territorial indígena.

La VI Sesión Ordinaria de la CNTI, programada para el 28 de noviembre de 2025, no pudo culminarse, entre otros motivos, debido a la ausencia reiterada del Director General de la Agencia Nacional de Tierras, doctor Juan Felipe Harman Ortiz, quien ha demostrado que es el único competente para definir acuerdos estructurales que sobrepasan la capacidad de quienes en su delegación asisten al Espacio. Como consecuencia, se generó una pérdida de recursos públicos y se afectaron la coordinación previa, la agenda concertada y los esfuerzos logísticos realizados por las autoridades indígenas provenientes de distintas regiones del país.

A ello se suma la cancelación unilateral de la continuidad de la sesión programada para el 18 de diciembre de 2025, notificada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante correo electrónico el 17 de diciembre a las 6:22 p. m., lo cual interrumpió abruptamente la participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas.

Estas actuaciones, atribuibles al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), obstaculizaron el seguimiento a los compromisos del PND, la definición de presupuesto y metas para 2026, y la implementación de acuerdos orientados a garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, incluyendo procesos de ampliación, saneamiento, reestructuración, conversión y constitución de resguardos, así como la protección integral de los territorios ancestrales.

La CNTI advierte que este patrón reiterado de reprogramaciones, ausencia de funcionarios decisorios, entrega extemporánea e incompleta de información, discontinuidad contractual, cambios constantes de directivos y falta de planeación institucional, resulta regresivo y desconoce el carácter legítimo, legal y vinculante de la CNTI como instancia de concertación de Gobierno a Gobierno.

Estas prácticas contravienen la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, la inadecuada destinación de recursos públicos sin el cumplimiento de los fines previstos podría configurar detrimento patrimonial y omisión de funciones, lo que amerita la intervención de los organismos de control.

Finalmente, la CNTI hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que honre los compromisos adquiridos, respete los espacios de decisión colectiva y actúe bajo los principios de buena fe, enfoque de derechos y obligatoriedad de la concertación. El respeto a la CNTI es una obligación constitucional y legal, fundamental para la garantía de los derechos territoriales de los 115 Pueblos Indígenas del país.

¡Defender los territorios es defender la vida!

Loading...