por STI | Ene 21, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, Comunicados, Nota de prensa
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), como instancia de vocera en material territorial indígena, celebramos el fallo judicial del 13 de enero de 2026, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, que protegió el derecho fundamental al territorio de la comunidad Mame Ñate Umuguse, del Pueblo Siona.
El acceso efectivo al territorio mediante la adquisición de tierras es un componente esencial del derecho fundamental al territorio de las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado que no pueden retornar a sus territorios. Desde la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la CNTI se ha sostenido que este mecanismo no constituye un trámite aislado, sino una medida clave de reparación colectiva, pervivencia cultural y no revictimización.
En articulación con la comunidad indígena Siona Mame Ñate Umuguse, la STI de la CNTI interpuso una acción de tutela en agosto de 2025 en contra de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), dada vulneración sistemática del derecho fundamental al territorio y de los derechos derivados de su condición de víctimas del conflicto armado. El trámite judicial estuvo marcado por dilaciones, una nulidad por falta de vinculación de la UARIV y decisiones negativas de primera instancia proferidas por el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá, que desconocieron la situación humanitaria y territorial de la comunidad, así como las afectaciones prolongadas derivadas del desplazamiento forzado. Estas decisiones fueron finalmente revocadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, que amparó los derechos fundamentales de esta comunidad.
El trámite judicial fue respaldado mediante coadyuvancias interpuestas por las seis organizaciones indígenas nacionales con asiento en la CNTI (ONIC, OPIAC, CIT, AICO por la Pachama, Gobierno Mayor y CRIC), en consideración a la relevancia estructural que tiene el acceso a la tierra y la culminación célere de los procedimientos de adquisición que adelanta la autoridad de tierras.
En su decisión, el Tribunal, llamó la atención sobre las dilaciones injustificadas para culminar el procedimiento administrativo de adquisición de tierra y por consiguiente la constitución del resguardo, lo cual resulta especialmente graves tratándose de una comunidad víctima del conflicto armado. En consecuencia, ordenó a la ANT concluir, en un plazo máximo de tres (3) meses, el procedimiento de formalización territorial y adoptar decisiones de fondo respecto de los procesos de adquisición de tierras requeridos para la constitución del resguardo, advirtiendo el incumplimiento reiterado de sus deberes legales. Asimismo, el juez ordenó a la UARIV avanzar, en coordinación con la ANT, en la formulación y ejecución de los Planes Integrales de Reparación Colectiva y de Reubicación, garantizando la participación efectiva de la comunidad y el acceso oportuno a las medidas de reparación.
Desde la CNTI instamos a la ANT y a la UARIV a dar cumplimiento integral, oportuno y efectivo a lo ordenado en esta sentencia judicial. En ejercicio de sus funciones misionales, la CNTI ejercerá seguimiento permanente y riguroso al cumplimiento de estas órdenes, en el marco de sus competencias de seguimiento, exigibilidad y acompañamiento a la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por Prensa CNTI | Dic 18, 2025 | Actualidad, Comunicados, Exigencias y Posicionamientos políticos, Noticias
Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denuncia públicamente el reiterado incumplimiento del Gobierno Nacional en la garantía de las condiciones necesarias para el desarrollo efectivo de las sesiones de diálogo y concertación, situación que vulnera de manera grave y sistemática los derechos territoriales, humanos y fundamentales de los Pueblos Indígenas.
Pese a los avances normativos de altísima importancia, relacionados con las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS), el Gobierno Nacional ha demostrado una conducta renuente frente al funcionamiento adecuado de la CNTI, impidiendo el ejercicio pleno de la participación efectiva, la concertación y la toma de decisiones sobre la implementación de los compromisos concertados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las políticas públicas en materia territorial indígena.
La VI Sesión Ordinaria de la CNTI, programada para el 28 de noviembre de 2025, no pudo culminarse, entre otros motivos, debido a la ausencia reiterada del Director General de la Agencia Nacional de Tierras, doctor Juan Felipe Harman Ortiz, quien ha demostrado que es el único competente para definir acuerdos estructurales que sobrepasan la capacidad de quienes en su delegación asisten al Espacio. Como consecuencia, se generó una pérdida de recursos públicos y se afectaron la coordinación previa, la agenda concertada y los esfuerzos logísticos realizados por las autoridades indígenas provenientes de distintas regiones del país.
A ello se suma la cancelación unilateral de la continuidad de la sesión programada para el 18 de diciembre de 2025, notificada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante correo electrónico el 17 de diciembre a las 6:22 p. m., lo cual interrumpió abruptamente la participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas.
Estas actuaciones, atribuibles al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), obstaculizaron el seguimiento a los compromisos del PND, la definición de presupuesto y metas para 2026, y la implementación de acuerdos orientados a garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, incluyendo procesos de ampliación, saneamiento, reestructuración, conversión y constitución de resguardos, así como la protección integral de los territorios ancestrales.
La CNTI advierte que este patrón reiterado de reprogramaciones, ausencia de funcionarios decisorios, entrega extemporánea e incompleta de información, discontinuidad contractual, cambios constantes de directivos y falta de planeación institucional, resulta regresivo y desconoce el carácter legítimo, legal y vinculante de la CNTI como instancia de concertación de Gobierno a Gobierno.
Estas prácticas contravienen la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, la inadecuada destinación de recursos públicos sin el cumplimiento de los fines previstos podría configurar detrimento patrimonial y omisión de funciones, lo que amerita la intervención de los organismos de control.
Finalmente, la CNTI hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que honre los compromisos adquiridos, respete los espacios de decisión colectiva y actúe bajo los principios de buena fe, enfoque de derechos y obligatoriedad de la concertación. El respeto a la CNTI es una obligación constitucional y legal, fundamental para la garantía de los derechos territoriales de los 115 Pueblos Indígenas del país.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Nov 3, 2025 | Comunicados, Actualidad, Noticias
Bogotá, 2 de noviembre de 2025
Comunicado a la opinión pública y la comunidad internacional
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) expresa su profunda preocupación ante la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de excluir el seguimiento al Capítulo Étnico del nuevo mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, pese a la solicitud expresada por mas de un centenar de organizaciones sociales, étnicas y de derechos humanos.
Esta exclusión representa un retroceso en el reconocimiento de los compromisos asumidos por el Estado Colombiano en el Acuerdo Final de Paz, particularmente frente a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas. El acompañamiento internacional, imparcial y técnico de la ONU ha sido clave para promover la confianza institucional, la protección de los derechos humanos y la implementación efectiva de los componentes étnicos del Acuerdo.
Dejar por fuera el Capítulo Étnico del mandato de verificación debilita los avances logrados en materia de inclusión, enfoque diferencial y participación étnica, y puede generar un vacío en la supervisión de los compromisos que garantizan los derechos territoriales, culturales y políticos de los 115 pueblos indígenas del país.
La CNTI recuerda que el Capítulo Étnico no es un anexo ni un complemento, sino un componente estructural del Acuerdo que exige una mirada integral y estratégica. Su implementación requiere comprender el aporte histórico y presente de los pueblos indígenas a la construcción de la Nación, y reconocer que sin la garantía de los derechos territoriales y culturales no habrá paz duradera.
La exclusión del Capítulo Étnico revela la persistencia del racismo estructural que continúa reproduciéndose en los espacios multilaterales, donde se espera, por el contrario, un trabajo decidido y coherente con los principios de igualdad, pluralismo y participación de los pueblos indígenas y étnicos.
Exigimos:
- Restituir el seguimiento al Capítulo Étnico dentro del mandato de la Misión de Verificación de la ONU.
- Garantizar una implementación integral del Acuerdo Final de Paz, con enfoque territorial y diferencial.
- Reconocer y fortalecer la participación efectiva de los pueblos indígenas en los mecanismos de verificación y cumplimiento.
Convocamos a la ONU, a los organismos multilaterales, a las entidades del Estado Colombiano, a las organizaciones sociales y a la sociedad civil a pronunciarse con firmeza frente a esta exclusión, y a trabajar conjuntamente para asegurar que la paz en Colombia sea étnica, territorial y con justicia social.
La paz solo será duradera si se fundamenta en la verdad, la reparación y la no repetición, y si garantiza la participación plena de los pueblos históricamente marginados y afectados por la guerra.
¡DEFENDER LOS TERRITORIOS, ES DEFENDER LA VIDA!
Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
por Prensa CNTI | Oct 3, 2025 | Nota de prensa, Comunicados, Noticias
En el marco de la lucha histórica constante de los pueblos indígenas colombianos por la reivindicación de nuestra pre existencia y garantía de los derechos colectivos, originarios, fundamentales y humanos, como la salvaguarda de nuestros territorios, se creó mediante el Decreto 1397 de 1996, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). La CNTI es un espacio de concertación política de Gobierno a Gobierno, con carácter vinculante, en el que tienen voz los 115 Pueblos Indígenas de Colombia, para la defensa y materialización de nuestros derechos territoriales.
En el proceso de concertación y seguimiento de los acuerdos territoriales entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas —especialmente sobre formalización y seguridad jurídica en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023)–, las autoridades y delegados indígenas, reunidos en espacio autónomo en la IV Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), ejercemos nuestro derecho a la participación política, la autonomía y el gobierno propio.
No obstante, desde este espacio hemos venido constatando con preocupación la ausencia sistemática de voluntad gubernamental para un verdadero y transparente diálogo político de alto nivel con las Entidades del Gobierno Nacional obligadas a cumplir con nuestros derechos, y por ende con los funcionarios que en la mismas ostenten las capacidades y competencias para tomar las decisiones y comprometer en su representación legal y pública en las sesiones de la CNTI, la voluntad y responsabilidad del Estado que hoy requiere la superación de las brechas que impiden nuestro goce efectivo de derechos.
Advertimos así mismo sobre el incumplimiento reiterado de los acuerdos pactados, lo que vulnera nuestros derechos territoriales y colectivos, al tiempo que desdice de la voluntad de un cambio en el compromiso del Estado con la materialización de los fines y principios de la Constitución Política de 1991.
La sistemática inasistencia de altos funcionarios afecta gravemente procesos claves para el reconocimiento y protección de territorios indígenas, debilita la garantía de los derechos territoriales, políticos y culturales de los Pueblos Indígenas. Esta situación no es un hecho aislado, sino una práctica reiterativa que refleja el desinterés estructural del Estado.
Para abordar temas estructurales con la institucionalidad, conforme al decreto 1397 de 1996, se convocó al director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de manera reiterada:
- El 20 de noviembre de 2024 se envió oficio de convocatoria para su participación de la sesión del 27 de noviembre. No asistió.
- El 3 de diciembre se sesionó de manera extraordinaria, a la cual asistió dando un discurso sin respuestas de fondo y abandonó el espacio. Razón por la cual no se tuvo un cierre adecuado de la vigencia 2024.
- El 15 de enero de 2025, sin ninguna respuesta a la fecha, se reiteró por oficio la importancia de retomar la sesión para cerrar la vigencia 2024 y establecer acciones concretas de la agenda 2025.
- El 15 de septiembre en secretaria operativa, como espacio preparatorio a la sesión, se manifestó la necesidad de su participación en la IV sesión mixta.
- El 26 de septiembre mediante oficio se reiteró de manera escrita y expresa su presencia en la IV Sesión Mixta 2025.
- El 03 de octubre no se instaló la IV Sesión Mixta porque el director de la ANT, Juan Felipe Harman no asistió. Por solicitud del Ministerio de Agricultura, el espacio se extenderá para el 4 de octubre de manera extraordinaria.
Frente a estos hechos, reafirmamos que no aceptamos más dilaciones, ausencias ni incumplimientos; No permitiremos que este espacio de interlocución y concertación sea burlado con diálogos vacíos que no producen resultados reales. Esta situación contribuye a la preservación y no superación del actual Estado de Cosas Inconstitucional advertido por la Corte Constitucional y que nos mantiene a muchos pueblos ante un permanente riesgo de extinción física y cultural. Así mismo, este incumplimiento reiterado e injustificado evidencia deficiencias de planeación y ejecución presupuestal y la ausencia de un enfoque de derechos, al tiempo que profundiza la desconfianza y pone en entredicho la voluntad de transformación del actual gobierno.
DENUNCIAMOS el incumplimiento sistemático, deliberado y reiterado del Gobierno Nacional, de los acuerdos y compromisos pactados entre las partes, evidenciados en la ausencia del director general de la Agencia Nacional de Tierras, la directora de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural en la IV Sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Ante esta situación, los delegados de los Pueblos Indígenas exigimos respeto a la palabra pactada.
RECHAZAMOS que se afecte la integridad de los territorios indígenas, por el avance arbitrario de otras figuras territoriales relacionados con la conformación de reservas campesinas, Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) que se adelantan de manera inconsulta, desconociendo el derecho fundamental de los Pueblos Indígenas a la consulta previa libre e informada.
Por todo lo anterior y en garantía de los derechos fundamentales que nos asisten como pueblos y habitantes originarios de los territorios.
EXIGIMOS:
- El cumplimiento inmediato de todos los compromisos asumidos por las entidades responsables del gobierno nacional en materia territorial indígena, con acciones y tiempos concretos.
- La participación efectiva y continua de funcionarios con poder de decisión, con propuestas articuladas como gobierno, en todas las Sesiones Mixtas.
- Una revisión estructural de procedimientos y normativas que obstaculizan el ejercicio pleno de nuestros derechos territoriales.
- Respeto por nuestras autoridades y formas de gobierno propio.
- Que, en los documentos, comunicados, alocuciones oficiales e implementación de políticas públicas a nivel nacional, se utilice un lenguaje respetuoso por parte del Gobierno, de manera que se reconozca y se respete la diversidad étnica y cultural como principio fundamental de un Estado Social de Derecho. Asimismo, que cuando se haga referencia a nuestros derechos se mencionen de manera explícita, tal como lo establece la ConstituciónPolítica de Colombia.
Hacemos el llamado urgente a los entes de control:Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para que ejerzan sus funciones de control, hagan seguimiento estricto a los compromisos adquiridos y velen por el cumplimiento efectivo de nuestros derechos territoriales.
Los Pueblos Indígenas hemos caminado con dignidad, resistencia y propuestas claras. La defensa de nuestros territorios no es negociable. Nuestra disposición al diálogo y la concertación permanece intacta, pero la palabra empeñada debe traducirse en hechos y actuaciones que garanticen el goce efectivo de nuestros derechos colectivos territoriales, base de nuestra existencia física y cultural.
La lucha por la dignidad y la permanencia de la buena fe empieza por cumplir lo acordado.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por Prensa CNTI | Jul 15, 2025 | Comunicados, Noticias
Bogotá 15 de julio de 2025. Desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), expresamos nuestro profundo dolor, indignación y rechazo por el asesinato del líder indígena William Gaitán, ocurrido el 13 de julio de 2025 en inmediaciones del río Muco, municipio de Puerto Gaitán, Meta. William fue un destacado líder indígena, Cabildo Gobernador del resguardo Domo Planas, concejal del municipio de Puerto Gaitán, gerente de la IPS Matsuladani y consejero de salud de la Asociación Indígena Unuma – Asonuma.
Este crimen atroz no sólo enluta a los pueblos Sikuani, Piapoco, Sáliba y Cubeo del departamento del Meta, sino que constituye una grave violación a los derechos humanos y un ataque directo contra los Pueblos Indígenas que hemos trabajado incansablemente por el bienestar colectivo, la salud propia y la defensa de los territorios.
Rechazamos categóricamente este acto de violencia que busca sembrar el miedo, silenciar las voces indígenas y debilitar las estructuras de gobierno propio en nuestros territorios. La vida de los líderes y lideresas indígenas no puede seguir siendo blanco de amenazas, persecución y asesinatos.
Este hecho doloroso no es un caso aislado, sino parte de un patrón sistemático de violencia que sigue afectando a los Pueblos Indígenas en Colombia. Reiteramos nuestro rechazo rotundo a esta escalada de agresiones, que atenta contra la vida de quienes defendemos nuestros territorios, culturas y derechos. Llamamos la atención sobre la falta de garantías por parte del Estado colombiano para proteger efectivamente a nuestras autoridades, líderes y comunidades, y exigimos una respuesta urgente, coherente y estructural.
Hacemos un llamado urgente:
A los actores armados presentes en los territorios, a desistir de cualquier acción que atente contra la vida y la integridad individual y colectiva de los Pueblos Indígenas.
A las autoridades competentes, a realizar una investigación rigurosa, diligente y transparente para esclarecer los hechos, identificar a los autores materiales e intelectuales y garantizar la judicialización efectiva de los responsables.
La impunidad no puede seguir siendo la norma ante los crímenes contra nuestros líderes. Exigimos garantías de seguridad reales, integrales y culturalmente pertinentes para quienes ejercen liderazgos desde el territorio y para nuestras comunidades y pueblos que han apostado por la paz, la salud y la vida digna.
Nos solidarizamos profundamente con su familia, su comunidad del resguardo Domo Planas y nuestra organización hermana UNUMA. William Gaitán deja un legado invaluable de compromiso, servicio y liderazgo que será sembrado en la memoria colectiva de nuestros pueblos.
¡Su voz no será silenciada, su camino sigue en nuestras luchas!
¡Defender la vida de los líderes indígenas es defender la vida de los territorios!
por Prensa CNTI | Mar 10, 2025 | Comunicados, Comunicados y Declaraciones
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denunciamos y rechazamos categóricamente los recientes discursos de odio y actos de discriminación dirigidos contra el pueblo Arhuaco en Valledupar y Pueblo Bello, Cesar. Las agresiones verbales, imágenes y mensajes racistas que han circulado en redes sociales no son hechos aislados, sino una manifestación de la discriminación estructural y el racismo histórico que han enfrentado los Pueblos Indígenas en Colombia.
El Estado ha reconocido el racismo estructural contra los Pueblos Indígenas, pero sus acciones son insuficientes. La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida el 10 de marzo de 2022 (Radicado 11001310302120210002604) —promovida por Camilo Niño Izquierdo, Arhuaco, Secretario Técnico Indígena de la CNTI en su calidad de instancia vocera de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas—, confirmó que en Colombia existe un patrón sistemático de discriminación que atenta contra nuestra dignidad, autonomía y derechos fundamentales.
En esa decisión, el Tribunal ordenó la realización de acciones pedagógicas y de sensibilización a cargo del Ministerio del Interior y otras instituciones, incluyendo una campaña pública y un diplomado para servidores públicos sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Hasta la fecha, estas acciones no se han cumplido. La ausencia de una política efectiva contra el racismo institucional y la falta de implementación de estas medidas han permitido que la discriminación siga normalizándose en redes sociales, espacios públicos y escenarios de concertación política.
Este tipo de discursos no sólo afectan la dignidad de los Pueblos Indígenas, sino que también profundizan las violencias estructurales y las amenazas contra líderes y autoridades ancestrales. La estigmatización y criminalización de los Pueblos Indígenas es una violación a los derechos humanos y un retroceso en el reconocimiento de nuestra autonomía y gobierno propio.
Ante esta situación, desde la CNTI hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes, organizaciones defensoras de derechos humanos y a la sociedad en general para que:
Se realicen acciones concretas para frenar los discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación, implementando medidas de control y sanción contra quienes promuevan estereotipos racistas y contenidos discriminatorios.
Se haga un llamado a los jueces reiterando las órdenes judiciales para que se cumplan de inmediato y contribuyan a parar la discriminación contra los Pueblos Indígenas.
Se hagan efectivas las garantías de protección para el pueblo Arhuaco y todas las comunidades indígenas que hoy enfrentan agresiones verbales y amenazas a su integridad y dignidad.
Se fortalezcan los mecanismos de protección de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, garantizando su integridad, pervivencia y bienestar.
Desde la CNTI reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y condenamos cualquier forma de discriminación que atente contra nuestra dignidad, identidad, espiritualidad y cultura. Reiteramos que el racismo no es un asunto menor ni una simple ofensa: es una forma de violencia que refuerza la exclusión, perpetúa la desigualdad y amenaza la pervivencia de los Pueblos Indígenas.
¡Defender los territorios, es defender la vida!