En el marco de la defensa, garantía y posicionamiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia en escenarios internacionales, el Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), Ricardo Camilo Niño Izquierdo, participó en el Taller Internacional sobre Territorios Indígenas y Tradicionales (TITs) y la Conservación de la Biodiversidad, realizado del 2 al 5 de septiembre en Manaos, Brasil.
El evento fue organizado por el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (IIFB), junto con el Ministério dos Povos Indígenas (MPIs), la Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), la Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad (IWBN) y la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de Latinoamérica y el Caribe (RMIB-LAC).
El objetivo fue intercambiar experiencias sobre los Territorios Indígenas y Tradicionales como áreas esenciales para el cuidado, la restauración, la planificación territorial y la acción climática, así como elaborar recomendaciones de cara a la Primera Reunión del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (SB8J-1).
Participación de la CNTI en el Panel 1
En el panel “Contribución de los Territorios Indígenas y Tradicionales (TITs) a la conservación de la biodiversidad”, el Secretario Técnico Indígena de la CNTI, Ricardo Camilo Niño Izquierdo, posicionó tres ideas centrales:
El territorio es el primer derecho de todos los derechos. Reconocer los Territorios Indígenas y Tradicionales es condición central para la Meta 3 y para todo el Marco Mundial de Biodiversidad, pues implica derechos y deberes para los Estados según los estándares internacionales. Sin territorio, la pervivencia física y cultural de los pueblos no es posible.
La protección no puede reducirse a cifras o áreas. El deber de los Estados va más allá de medir porcentajes geográficos. La protección debe traducirse en el reconocimiento de sistemas integrales de vida, ordenamiento, manejo y administración territorial, garantizando autonomía y gobierno propio indígena. Reconocer, identificar y demarcar los territorios ancestrales no sólo protege a los pueblos, sino al futuro de la humanidad.
Los sistemas de información indígena son clave. Desde la CNTI se ha identificado un vacío de información sobre los territorios indígenas: dónde están, qué debe protegerse y bajo qué figuras. Los sistemas de información indígena permiten documentar, monitorear y salvaguardar los vínculos que sostienen la pervivencia biocultural y la autodeterminación. Por ello, deben valorarse y articularse con los sistemas nacionales e internacionales, siempre bajo los términos definidos por los pueblos.
La participación de la CNTI en este espacio internacional reafirma que los Pueblos Indígenas somos titulares de derechos, guardianes históricos de la biodiversidad y actores clave en la acción climática global.
En el marco de las funciones y competencias de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), espacio de interlocución entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas para la defensa de los derechos territoriales, participamos en un diálogo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Parques Nacionales Naturales de Colombia, representantes de los pueblos indígenas, sociedad civil y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CMAP-UICN).
En este espacio reafirmamos que el cumplimiento de la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad (MMB) Kunming-Montreal (30×30) no puede reducirse a cifras, porcentajes o áreas designadas. Debe construirse desde un enfoque de derechos territoriales, reconociendo a los Pueblos Indígenas como actores históricos y legítimos en el cuidado de la Madre Tierra.
Para los Pueblos Indígenas, el territorio es el primer derecho de todos los derechos, porque allí habitan nuestra memoria, nuestras espiritualidades, nuestros sistemas de conocimiento, nuestras culturas y la vida misma. Por ello, la Meta 3 solo será justa y efectiva si se avanza en tres aspectos fundamentales:
Identificar los territorios de especial importancia para la conectividad biológica, cultural y espiritual.
Reconocer y formalizar jurídicamente los territorios indígenas para garantizar su protección real.
Respetar la autonomía y el gobierno propio, de manera que la conservación responda a las prioridades y apuestas de nuestras comunidades.
Los Pueblos Indígenas hemos cuidado todas las expresiones de vida que habitan la Madre Tierra durante siglos. El futuro del 30×30 depende de que se garanticen nuestros derechos territoriales y de que se reconozca nuestro papel como guardianes de la vida, de los territorios y de la biodiversidad del planeta.
Exigimos garantías y justicia tras retención de líderes indígenas en la vía Panamericana
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a los hechos ocurridos en la madrugada del sábado 23 de agosto en la vía Panamericana, sector El Pital, municipio de Caldono (Cauca).
En este sector, un grupo de hombres armados al margen de la ley interceptó tres vehículos y dos motocicletas en los que se movilizaban líderes y comuneros indígenas. Entre las víctimas se encontraba el Taita Manuel Mavisoy, secretario general de la organización indígena Gobierno Mayor, quien junto con los demás ocupantes fue retenido durante varias horas, amenazado y despojado de todas sus pertenencias.
Este acto de violencia constituye una grave vulneración a los derechos humanos, a la libre movilidad y a la seguridad de quienes defienden los territorios y la autonomía indígena. La retención y amenaza de líderes indígenas no sólo atenta contra su vida e integridad, sino que representa un ataque directo a la pervivencia de los pueblos, nuestras formas de gobierno propio y procesos organizativos.
Hacemos un llamado urgente al Estado colombiano y a sus instituciones competentes —incluyendo a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección— para que se esclarezcan de inmediato los hechos, se identifique a los responsables materiales e intelectuales y se garanticen condiciones reales de seguridad en los territorios.
La creciente inseguridad en la vía Panamericana, corredor vital para las comunidades del Cauca y del suroccidente del país, exige respuestas efectivas y coordinadas. No podemos permitir que la impunidad fortalezca a los grupos armados que amenazan la vida y la dignidad de nuestros pueblos.
Desde este escenario reiteramos que defender la vida y los territorios es un mandato colectivo. Exigimos respeto por las autoridades indígenas, los líderes y las comunidades, y reafirmamos que la paz y la justicia solo serán posibles si se garantiza la seguridad integral de quienes históricamente hemos cuidado la Madre Tierra.
Una de las obligaciones a cargo del Estado colombiano en el marco de su responsabilidad de garantizar el derecho fundamental al territorio de los pueblos indígenas, la seguridad jurídica de los territorios, así como el disfrute interdependiente de todos los derechos que allí se ejercen.
Con el comienzo de este nuevo gobierno, más concretamente en octubre del año pasado, en el marco del evento “Colombia, un país diverso y multiétnico: formalización de territorios indígenas e intercambio de saberes ancestrales” la Agencia Nacional de Tierras anunció al país la entrega PROTOCOLARIA de las resoluciones tendientes a la formalización de 10 resguardos que abarcaban 297mil hectáreas. Es importante aclarar que estas hectáreas hacían referencia a predios sobre los cuales ya se había tomado una decisión de formalización en gobiernos anteriores, que la fecha de creación del registro de cada una de estas decisiones también tuvo lugar en el periodo del gobierno anterior, de este modo la única actividad del actual gobierno asociada a dichas entregas en ese momento, solo tuvo que ver con el reporte de algunas de esas formalizaciones al sistema de metas de cumplimiento del Estado -Sinergia-, lo cual constituye un paso ajeno a la consolidación de los derechos territoriales en estricto sentido.
Valga señalar que, en el marco de un proceso de formalización de un territorio indígena, posterior al cumplimiento de múltiples trámites que comprenden un estudio socioeconómico, un estudio de títulos, adquisiciones de predios en caso de ser necesario, y conceptos de diversas entidades -lo cual suele demorarse al punto de ser necesario repetir las etapas por desactualización de los datos, y existen solicitudes de formalización radicadas hace más de treinta y cinco años y en el promedio su culminación está alrededor de los diez años.
Superado este filtro este Consejo -que está conformado por 11 miembros en representación de diversas entidades del gobierno – expide la resolución que constituye, amplía, sanea o clarifica la vigencia del título de un resguardo, de ahí en adelante, lo que procede es registrar dicha decisión ante la oficina de instrumentos públicos con el fin de dar publicidad de esta decisión con efectos hacia terceros y en caso de que la comunidad no esté en posesión del predio respectivo se procede a la entrega material. De ahí en adelante, para efectos de reporte de resultados de la entidad, el respectivo caso se sube al sistema Sinergia como parte del cumplimiento de metas a cargo de la Agencia Nacional de Tierras tal cual lo hacen todas las entidades públicas (ver imagen 1).
Imagen 1 Síntesis del proceso de formalización resguardos indígenas
A continuación está la tabla 1 que relacionado los resguardos que fueron entregados en dicha jornada. Tabla 1 Actos de formalización entregados por parte de Agencia Nacional de Tierras en octubre de 2022
Fuente: elaboración propia con base en ANT (datos de 2023)
Lejos de ser un hecho aislado, desde su inicio, la divulgación de este tipo de información puede llegar a presentarse para interpretaciones erróneas sobre la gestión del nuevo gobierno en materia de dotación de tierras para pueblos indígenas, situación que se ha venido reiterando a un punto que más allá de mostrar resultados, puede estar actuando en desmedro de la transparencia, y por el contrario puede ser el detonante absolutamente evitable de nuevos conflictos inter étnicos, el cual sería el escenario menos deseado durante este cuatrienio como lo pasamos a describir.
Así, en noviembre de 2022, al cierre de los primeros cien días del gobierno Petro, la Agencia Nacional de Tierras hizo un nuevo anuncio en la ciudad de Valledupar sobre la formalización de 256 mil hectáreas de tierras en el marco de lo que fue presentado por la entidad como “la titulación masiva de comunidades étnicas más grande que se haya realizado hasta ahora” en la que se hizo la entrega de las resoluciones de constitución o ampliación de lo que en su momento se anunció que involucraba a 32 resguardos indígenas.
Una vez más aclaramos, que los resguardos involucrados según la información reportada por la Agencia Nacional de Tierras a la Secretaría Técnica Indígena del espacio de diálogo nacional en materia de tierras de los pueblos indígenas con el gobierno nacional, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (en adelante STI-CNTI), además de responder al listado de 30 y no 32 resguardos como lo anuncia la publicidad, hacían referencia a predios que también habían sido formalizados en gobiernos anteriores, por ejemplo, algunas adoptadas desde el año 2019 (Naexal Lajt, El águila), razón por la cual, en este caso, no se evidencia ninguna gestión por parte del gobierno actual, salvo que, el registro de algunas de estas resoluciones hayan tenido lugar en los últimos 10 meses, información que no fue aportada por parte de la Agencia.
Aquí podemos destacar el caso del Resguardo Monilla Amena, del pueblo Murui Muina, ubicado en el departamento del Putumayo, el cual fue constituido en noviembre de 2021 y la fecha de reporte a Sinergia de este acto figura en diciembre de 2021. Cada uno de los casos de este segundo anuncio publicitario por parte de la ANT puede verse en la tabla 2. Cabe insistir en que, sobre este segundo anuncio no fue posible acceder a las respectivas fechas de registro, lo cual nos limita a precisar o tener mayor claridad sobre los alcances de la gestión de cada gobierno.
Tabla 2 Actos de formalización entregados en Valledupar el 11 de noviembre de 2022
Fuente: elaboración propia con base en ANT (2023)
Con estos dos anuncios presentados a la opinión pública, al parecer se está dando a entender que ya se trataría de al menos 553mil ha formalizadas para pueblos indígenas en el marco del presente gobierno nacional. Razón por la cual la STI-CNTI prendió sus alarmas, y en aras de tener mayor claridad sobre los datos que venía anunciando la ANT, justo el día de la entrega de las resoluciones en Valledupar, en sesión formal de la CNTI del 11 de noviembre de 2022, la STI presentó una declaración pública dirigida al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras en la que se indicó que la entrega de las resoluciones en relación con esos 32 resguardos como producto del trabajo de este gobierno, no se correspondía con un hecho cierto, en la medida que dichos reconocimientos estaban asociados a gestiones gubernamentales y de los pueblos indígenas en vigencias anteriores.
Publicidad marzo 1 de 2023 Publicidad marzo 10 de 2023
Es preciso destacar que, si bien los trinos del 1 y 10 de marzo de 2023 se refieren a ¨entregas¨, una posterior publicidad de este mismo mes parece ofrecer un comparativo de las hectáreas formalizadas para cada sector beneficiario, es decir, que se podría fortalecer la idea de que no se trata de entregas de títulos sobre las tierras si no de formalizaciones impulsadas durante este gobierno. Al respecto también precisar que la constitución de una Zona de Reserva Campesina no necesariamente implica una formalización y no se asemeja a la consolidación de una propiedad colectiva como ocurre con un resguardo.
Frente a estas cifras, hasta donde tiene conocimiento la STI-CNTI, en el marco del consejo directivo de la Agencia, el actual gobierno ha dado a conocer la formalización, de por lo menos 10 casos. Siete (7) de ellos de constitución de resguardo y tres (3) de ampliación, los cuales suman un total de 114.350 hectáreas. Esta cifra reportada sería la que el actual gobierno podría presentar como parte de su gestión y no la cifra publicada el 10 de marzo en sus canales de comunicación. Lo anterior, con la salvedad que no se cuenta con la certeza del registro de dos de estas resoluciones como paso final con efectos de publicidad a terceros sobre la propiedad colectiva.
En el entender de la STI-CNTI, al momento de la última publicidad del 10 de marzo, a la gestión del gobierno Petro le son atribuibles 114.550 hectáreas que favorecen 10 resguardos indígenas. Respecto de las 553mil hectáreas que favorecieron a 40 resguardos indígenas, se atribuyen en principio al gobierno anterior, en la medida en que todos los actos administrativos son previos al gobierno actual. Se hace necesario corroborar en qué fecha se procedió al registro de dichos casos, datos que hasta el momento, como ha sido mencionado, no fueron aportados por la Agencia a la STI-CNTI.
Relación de hectáreas formalizadas a pueblos indígenas mencionadas en notas de prensa de la Agencia Nacional de Tierras durante este gobierno
Sumando las dos cifras anteriores (114.350 + 553.828) con el objetivo de entender por qué se llegó a anunciar la formalización de 910mil ha en el reporte más reciente, quedarían aun 243mil ha sobre las cuales no se tiene información.
Valga señalar que posterior a esta publicidad del gobierno han sido adoptadas otras cuatro resoluciones por parte del consejo directivo, las cuales abarcan la formalización, mediante dos constituciones de resguardo y dos ampliaciones de resguardo, de 44.869 hectáreas sobre las que aparentemente faltaría garantizar el respectivo registro. Lo anterior, sin perjuicio de otras pocas resoluciones que hayan podido expedirse en días recientes.
Formalización de territorios indígenas durante el gobierno Petro
Fuente: elaboración propia con base en ANT (2023)
Por todo lo anterior, desde la STI-CNTI hacemos un llamado al gobierno nacional para que de precisión a la opinión pública sobre cuáles son las cifras de formalización de territorios para pueblos indígenas gestionadas durante el actual gobierno, diferenciando cuáles casos hacen parte las gestiones adelantadas y culminadas en el gobierno anterior.
En el mismo sentido, para los pueblos indígenas es de suma importancia que el gobierno nacional pueda dar todas las claridades pertinentes sobre los procesos de formalización de territorios indígenas, tanto de la gestión de gobiernos pasados como los casos que le corresponde a la gestión del actual gobierno. Información que también es importante para las demás poblaciones rurales y la ciudadanía en general. Y de este modo se pueda evidenciar precisión y coherencia con el compromiso manifestado por este gobierno con los pueblos indígenas.
Es claro que en algunos casos las nuevas administraciones recogen la cosecha de los anteriores gobiernos, por lo que necesario que haya veracidad en la información que se comparte con la ciudadanía colombiana a fin de evitar malentendidos o general posibles conflictos innecesarios entre la población indígena y otros sectores de la sociedad. De igual modo este gobierno esperamos que no caiga en esas viejas prácticas de la desinformación o información parcializada, contrario a ello esperamos que con cifras ciertas, claras y veraces podamos seguir construyendo entre todos esa tan anunciada reforma agraria.
Fuente: elaboración propia con base en ANT (datos de 2023)
